Guillermo Pérez Luque
Ahora Calafate había anticipado que un juicio por transporte y comercialización de drogas, que iba a realizarse en forma presencial a fines de febrero pasado, finalmente se resolvería a través de un acuerdo de partes.
Días atrás publicamos un informe indicando que la Fiscal ante el Tribunal Federal de Río Gallegos, Dra. Patricia Kloster, había elevado el pedido de acuerdo de juicio abreviado, alcanzado con los abogados defensores de siete personas imputadas en estas causas, que datan de junio de 2014 y marzo de 2015.
La investigación y las pruebas recabadas señalaban con certeza que Luis Ayala lideraba una organización que compraba estupefacientes en Resistencia (Chaco) y las enviaba por encomienda a El Calafate, para luego fraccionarla y venderla.
Tras analizar el acuerdo de juicio abreviado, el Tribunal Oral Federal concluyó se evaluó como atenuantes las condiciones personales de los enjuiciados; la predisposición a celebrar el presente acuerdo que permite una pronta resolución del caso, al momento de mensuración de la pena se ha justificado su cuantía.
“La pactada resulta dentro del marco de la escala que contempla el tipo penal trasgredido, al igual que el quantum de la multa, y la imposición de las costas”
A Ayala se lo condenó a la pena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo, por el delito de Transporte de estupefacientes reiterado (en una oportunidad).
Su hermana Claudia Ayala fue condenada a 2 años y 15 días de prisión en suspenso para la participación secundaria del delito de Transporte De Estupefacientes, en concurso real con el delito de Tenencia Simple de Estupefacientes.
La madre de ambos María Mosqueda, recibió una pena de dos años de prisión en suspenso por ser partícipes secundarios del delito de Transporte de Estupefacientes. Por la misma figura delictiva y el mismo monto de penas fueron juzgados Natalia Tecas y Gustavo Vargas, según indica el escrito del Tribunal oral que se hizo público.
Las personas con condena en suspenso podrán quedar en libertad, cumpliendo las medidas establecidas en el Código Penal: fijar residencia, debiendo notificar al Tribunal cualquier modificación del mismo, y someterse al cuidado de un patronato; y abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas; no cometer nuevos delitos.
Otro imputado, Dante Medina, recibió idéntica condena de 2 años en suspenso, pero como ya está detenido por otra condena por el delito de uso de tarjeta de crédito previamente sustraída, permanecerá privado de su libertad.
Por último, a Diego Herbas se lo sobreseyó, haciendo expresa mención que “la presente investigación no afecta el buen nombre y honor de que hubiere gozado”
