Mediante la Resolución 764/2025, este lunes se dispuso la disolución total del fondo fiduciario que gestionaba el emblemático programa de vivienda.
Actualidad11/06/2025 ADNSUR
El Gobierno nacional decidió finalizar formalmente a una de las políticas habitacionales más emblemáticas de la última década en Argentina, el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear), con la oficialización de su liquidación total.
A través de la Resolución 764/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, se establecen los procedimientos para disolver el fondo fiduciario que administró los recursos del plan desde su creación en 2012, dando paso a una nueva etapa en la política de vivienda del país.
LA SITUACIÓN DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS DEL PROCREAR
La resolución ministerial marca el inicio del proceso de disolución del fondo fiduciario del Procrear, una medida que ya había sido anticipada y que busca, según el Gobierno, optimizar el uso de los recursos públicos y fomentar una mayor participación del sector privado en el financiamiento de la vivienda.
El Ministerio de Economía, bajo la dirección de Luis Caputo, aseguró que el Banco Hipotecario continuará gestionando los créditos hipotecarios individuales ya otorgados, hasta su liquidación definitiva. Esta gestión se formalizará mediante la firma de un nuevo Contrato de Mandato para la Gestión de Créditos Individuales, que define el rol del banco como fiduciario durante esta fase de transición.
GARANTÍAS PARA LOS BENEFICIARIOS ACTUALES
Una de las principales preocupaciones tras el anuncio de la disolución del Procrear era el futuro de los beneficiarios que ya habían accedido a los créditos. En este sentido, el Gobierno ha sido enfático en señalar que los préstamos vigentes no se verán afectados por la medida.
Se mantendrán las condiciones originales acordadas con los beneficiarios, incluyendo el monto del crédito, la tasa de interés, el sistema de actualización y el cronograma de pagos. Esta garantía busca brindar tranquilidad a las familias que confiaron en el programa para acceder a su vivienda propia.
Asimismo, aseguraron la continuidad de los procedimientos financieros ya iniciados y la disposición adecuada de los bienes involucrados en el programa. Esto implica que las obras en curso seguirán su curso normal y que los fondos necesarios para su finalización estarán disponibles.
EL DESTINO DE LOS BIENES INMUEBLES NO ASIGNADOS
En relación a los bienes inmuebles que no estén afectados a contratos de obra en curso, se ha confirmado que serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), tal como lo establecía el Decreto 1018/2024, publicado en noviembre del año pasado, que dispuso inicialmente la disolución del programa. Esta transferencia permitirá que la AABE administre y disponga de estos bienes de acuerdo con las políticas generales del Gobierno en materia de administración de activos estatales.
Además, se contempla la posibilidad de transferir inmuebles o unidades funcionales a provincias, municipios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, institutos de vivienda y otros organismos del Estado nacional, con la previa intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Esta opción busca asegurar que los bienes del Procrear sigan siendo utilizados para fines de interés público.
El Gobierno insistió en que la financiación de la construcción de viviendas es una actividad propia y principal de los bancos comerciales, tanto públicos como privados. En este sentido, se descartó la necesidad de intervención estatal directa en este tipo de programas, argumentando que el sector privado puede desempeñar un papel más eficiente en la provisión de financiamiento para la vivienda.
En línea con esta visión, se anunció que se avanzará en nuevas herramientas de financiamiento, como las hipotecas divisibles, que permitirán facilitar inversiones inmobiliarias desde el sector privado. Estas hipotecas divisibles permitirán a los inversores privados participar en el financiamiento de proyectos de vivienda, reduciendo la dependencia del Estado y fomentando la competencia en el mercado de crédito hipotecario.
La Secretaría de Obras Públicas será la encargada de llevar adelante la implementación de la medida, coordinando las acciones necesarias para la disolución del fondo fiduciario y la transferencia de los bienes a la AABE y otros organismos.
Por su parte, la Subsecretaría Legal del Ministerio de Economía deberá intervenir en eventuales procesos judiciales derivados del desmantelamiento del fondo fiduciario, asegurando que se cumplan todas las obligaciones legales y que se protejan los intereses del Estado.
Por ADNSUR
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