Argentina: más cerca de dañar glaciares que de protegerlos

Una conmemoración sin celebración. Aunque desde el pasado año se ha estipulado el 21 de marzo como Día Mundial de los Glaciares para concienciar sobre la necesidad de preservación de los mismos, en Argentina su protección pende de un hilo. El pasado 26 de febrero, el Senado de Argentina aprobó la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, que redefine el alcance de las zonas protegidas para habilitar actividades productivas en las áreas periglaciares que representan el 0,21 % del territorio continental argentino.

"Puede parecer poco en un mapa, pero es fundamental, ya que es la garantía de disponibilidad de agua para muchísimas comunidades y ecosistemas. Los glaciares y ambiente periglacial alimentan a 36 cuencas hídricas que llegan a todo el país", explica a DW Agostina Rossi, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.  

"Desde inicios de los noventa comenzamos a tener actividad minera en la alta montaña, más de 4.000 metros. Allí aparece el potencial conflicto con glaciares de altura y surgen las primeras denuncias de acciones de destrucción sobre glaciares documentadas", recuerda a DW Juan Carlos Villalonga, miembro asesor del Círculo de Políticas Ambientales.

Minería destructiva

"Estamos hablando de una minería con un alto impacto ambiental, con explosivos que explotan la montaña y, una vez que se degrada, se destruye el ambiente, el paisaje, los ecosistemas, es muy difícil recomponerlo, es muy difícil volver atrás", complementa a DW Cristian Fernández, abogado y coordinador de Legales de FARN.

"Esta es la razón por la que se discutió la necesidad de un régimen que ordene las actividades en zonas de glaciares", agrega Villalonga apuntando la aprobación de dicha ley en 2010 que prohíbe la actividad minera, la hidrocarburífera e industrial, la liberación, dispersión o deposición de sustancias contaminantes o residuos, y la construcción de obras de infraestructuras.

No obstante, la modificación de dicha ley abre la veda a todo este tipo de actividades. "A lo que nos enfrentamos en el futuro es a contaminar nuestros ríos, acuíferos, el agua. El agua dejaría de ser un derecho humano fundamental para convertirse en un mero insumo de la industria extractiva de la mega minería", critica  Fernández.

Asimismo, "implica poner en tensión la base material de economías regionales como la agricultura, la vitivinicultura, la ganadería o el turismo, que generan empleo, arraigo, identidad territorial y beneficios más distribuidos en el tiempo", apunta a DW Paz Gónzalez, consultora en Fundación Avina.

Una iniciativa sin apoyo popular

Antes de su aprobación final, que se llevará a cabo próximamente en la Cámara de Diputados, se ha previsto una audiencia pública los próximos días 25 y 26 de marzo a la que se han inscrito cerca de 100.000 personas. Se trata de una cifra récord que refleja el malestar que esta decisión ha causado en la opinión pública.

A pesar de la numerosa participación, la limitación a dos únicas jornadas, "no permite a los oradores estar presentes cuando otros ciudadanos expongan para poder enriquecer sus aportes o aportar elementos al debate entre las posiciones expuestas", complementa a DW Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre. "El proceso participativo no cumple con lo establecido en la Ley General del Ambiente, ni con el acuerdo de Escazú, cuestión que anticipa posibles solicitudes de impugnación por vía judicial", agrega.

Y es que hay mucho en juego. "Si se avanza con la reforma, implicará un daño irreversible para estos ecosistemas que son nuestras fábricas de agua", recalca Rossi alertando que dicha medida provocará una fragmentación del ecosistema. "Las autoridades definirán, bajo criterios administrativos sin sustento científico, que se destruyan los glaciares y el ambiente periglacial que alimentan ríos de todo el país y son fundamentales para la disponibilidad de agua en zonas áridas", alerta la especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.

"Hasta ahora todos los glaciares de ambiente periglaciar, independiente de dónde estén y cómo sean, están protegidos y con esta modificación va a ser arbitrario, no están claros los criterios por los cuales van a decir cuales sí y cuales no", explica a DW, Lucas Ruiz, investigador independente especializado en glaciología temiendo la utilización de estudios elaborado por consultores mineros que digan "este glaciar es muy pequeño, no tiene tanto contenido de hielo y, por lo tanto, su significancia hídrica es baja y puede ser no considerado una reserva, así que lo podemos eliminar". Por ello, "la consecuencia más directa es que esos glaciares que hoy en día están en entornos mineros puedan ser intervenidos", considera recalcando que además de la pérdida de reserva de agua, "si las actividades directas emiten mucho polvo y cae sobre los glaciares, puede aumentar la velocidad de derretimiento de los glaciares y acelerar el cambio climático". 

Desarrollo vs supervivencia

El pasado año, las autoridades provinciales de Mendoza aprobaron ocho proyectos de exploración enteramente en ambiente periglacial. "La modificación de la Ley de Glaciares podría ser una herramienta para subsanar el proceso irregular por el cual la Provincia de Mendoza otorgó la Disposición de Impacto Ambiental a esos proyectos que no se adecúan a la legislación nacional vigente", critica Jaramillo recordando que aunque "la actividad minera suele presentarse como una gran oportunidad de desarrollo local, éste no siempre se materializa para los pobladores locales”.

En este sentido, en la última apertura de sesión del Congreso, el presidente argentino, Javier Mile dijo que la minería podría generar "un millón de puestos de trabajo" en el país. Se trata de uno de los '10 mitos y falacias sobre la Ley de Glaciares', un documento informativo de una decena de páginas elaborado por Greenpeace Argentina, FARN y otras organizaciones que pretende aportar datos e información rigurosa ante afirmaciones sin evidencia empírica.

Se trata de una de las recientes acciones de la sociedad civil, que desde el pasado mes de diciembre está intentado cambiar la actitud de los legisladores que votaron a favor de la modificación de la ley. "Pendientes de lo que ocurra en la Cámara de Diputados, es posible que la vía judicial sea el único camino posible para salvar los glaciares y los ambientes periglaciares argentinos", concluye Jaramillo.

Por Judit Alonso - DW Alemania.