Guillermo Pérez Luque
La resolución, representa un importante contratiempo para el gobierno de Javier Milei, que planeaba centralizar competencias y transferir funciones de la Vialidad al Ministerio de Economía y a una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
La decisión judicial fue dictada a partir de un recurso presentado por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), que argumentó que el cierre vulneraba derechos laborales y sindicales protegidos por la Constitución Nacional y los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La jueza Martina Forns expresó que “la DNV, como entidad autárquica creada por el Decreto Ley 505/1958, está regulada por la Ley de Contrato de Trabajo, y que el decreto gubernamental afecta de manera arbitraria la estabilidad laboral de los más de 5.000 empleados del organismo”.
En su fallo, la magistrada señaló que “la disolución de Vialidad, dispuesta el 8 de julio de 2025 y publicada en el Boletín Oficial, no solo compromete los derechos de los empleados, sino que también podría afectar la gestión de los aproximadamente 40.000 kilómetros de rutas nacionales que dependen del organismo”.
Además, resaltó que la medida del Ejecutivo “interfiere arbitrariamente en las negociaciones colectivas” y “desconoce las condiciones laborales establecidas en los convenios vigentes”, aspectos que violan garantías constitucionales y derechos internacionales.
Este fallo congela temporalmente los planes del gobierno de Milei y su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de avanzar en la transferencia de funciones y competencias de Vialidad Nacional a otros organismos estatales, en una decisión que aún debe ser evaluada en cuanto a su constitucionalidad definitiva.
La resolución también enfatiza que, según el artículo 32 del Decreto 461/2025, la estabilidad del personal tiene “una fecha de vencimiento”, vulnerando así las normas y garantías laborales vigentes.
Mientras la justicia sigue analizando la constitucionalidad del decreto, el futuro del organismo responsable de la infraestructura vial del país aún está en debate. La medida cautelar emitida por la jueza Martina Forns pone en evidencia el rechazo a un proceso que, según la operación judicial, “afecta derechos fundamentales” y “vulnera principios básicos del Estado de Derecho”.
