Santa Cruz evalúa reclamar parte de los bienes que se embarguen por la causa Vialidad

Las diputadas provinciales Adriana Nieto, Fabiola Loreiro y Patricia Urrutia presentaron un proyecto de resolución para que el titular de la Fiscalía de Estado de Santa Cruz informe a la Cámara de Diputados si la provincia está llevando adelante acciones judiciales para reclamar bienes y fondos derivados del decomiso ordenado en la causa N° 2833 “Fernández de Kirchner Cristina Elisabet y otros”.

El planteo se basa en que parte de esos activos podrían corresponder a Santa Cruz, ya que el perjuicio económico identificado en la sentencia se generó, en gran medida, a partir de obras públicas viales ejecutadas —o inconclusas— en territorio provincial.

El monto del perjuicio y los condenados

La resolución judicial estableció un decomiso de $84.835.227.378,04 como producto del delito, en el marco de condenas por administración fraudulenta y asociación ilícita contra nueve personas: Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, José López, Raúl Pavesi, Nelson Periotti, José Santibañez y Juan Carlos Villafañe.

Los peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación actualizaron en 684 mil millones de pesos el monto del decomiso. Para eso utilizaron el índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC desde la fecha del veredicto, que fue en diciembre de 2022.

Las legisladoras del oficialismo santacruceño fundamentaron que se trata de delitos de corrupción cometidos “contra el erario público”, con un alto impacto en el orden público y económico, y que corresponde aplicar todas las herramientas legales para el recupero de activos, según lo dispuesto por el Código Penal, la Ley 20.785 y las convenciones internacionales contra la corrupción.

Qué bienes podrían embargarse

El pedido legislativo se da en un contexto en el que la Justicia intimó a todos los condenados a depositar el dinero del decomiso en una cuenta del Banco Nación antes de mañana 13 de agosto. Si no lo hacen, se rematarán bienes personales y societarios embargados.
Según el listado elaborado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, en el caso de la expresidenta se incluyen:

• Cuentas bancarias en pesos y dólares, plazos fijos y una caja de seguridad.
• Dos departamentos en Recoleta, CABA.
• 24 inmuebles en Santa Cruz, incluyendo la residencia de la ex Presidenta en El Calafate, la casa familiar en Río Gallegos y el hotel Los Sauces.
• Tres sociedades: Hotesur SA, Los Sauces SA y COMASA

Varios de estos bienes fueron transferidos a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner en 2016, pero siguen embargados y podrían ejecutarse en esta causa.

Por qué podría beneficiarse Santa Cruz

El fundamento central del proyecto al que accedió Ahora Calafate es que el perjuicio probado en la causa se originó mayormente en obras viales adjudicadas en Santa Cruz, muchas de las cuales no se finalizaron o presentaron sobreprecios.

El 80% de esos contratos se asignó a Austral Construcciones, de Lázaro Báez, y según la sentencia, el daño económico afectó directamente la infraestructura y la economía local. Por ello, el reclamo busca que, si se concreta el decomiso, la provincia reciba una parte proporcional.

Mientras el proyecto legislativo ayer recibió el visto bueno en la Comisión de Justicia y Asuntos Constitucionales, hoy a poco de cumplirse el plazo que fijó el tribunal oral de la causa “Vialidad”, la expresidenta presentó un escrito junto a su defensa donde impugnó la decisión que ordenó la ejecución de sus bienes y solicitó que se deje sin efecto esa medida. Además, cuestionó el accionar de los fiscales y validó la legitimidad de su patrimonio.