Guillermo Pérez Luque
Como viene informando Ahora Calafate, la titular de la Defensoría 2, Dra. Ornella Guidi, había planteado que la medida judicial afectaba derechos de familias en situación de vulnerabilidad, entre ellas menores de edad, personas mayores y pacientes con enfermedades graves, y que la orden de desalojo implicaba un gravamen irreparable. Además, sostenía que no se había acreditado la verosimilitud del derecho, requisito previsto por el artículo 222 bis del Código Procesal Penal.
Sin embargo, el Juez de Recursos desestimó los argumentos de la apelación y consideró que la presentación “no resultaba autosuficiente”. En su resolución, señaló que la propia defensa reconocía la facultad del juez de Instrucción para dictar la medida de desalojo conforme al mencionado artículo, por lo cual no existía un supuesto de arbitrariedad que justificara revertir la decisión original.
Con esta resolución, queda firme la orden de desalojo dictada por el Juzgado de Instrucción de El Calafate, y la causa vuelve ahora a ese fuero para la continuidad de las actuaciones.
Se busca una prórroga de los plazos
Recordemos que a mediados de septiembre Carlos Albarracín, juez de instrucción penal de El Calafate, decidió intimar a los ocupantes del ex hotel y del asentamiento “23 de Abril” al retiro voluntario en un plazo de 60 días.
Las instalaciones inconclusas del ex hotel están ocupadas por unas 40 familias, que deberían desalojar a mediados de noviembre. El planteo de varias partes, entre ellas la propia Defensoría y el Municipio de El Chaltén, es pedir mas tiempo para efectivizar la medida, en medio de un contexto de inicio de temporada turística en la localidad, que vive una emergencia habitacional.
Todos estos pedidos deben ser considerados por el juez de instrucción, quien deberá determinar si accede a postergar el plazo hasta el fin de la temporada turística, que sería en marzo o abril del año próximo.
