Guillermo Pérez Luque
El decreto parte de un diagnóstico claro: el evento climático, aunque propio de esta época del año, fue de una intensidad fuera de lo habitual. Se registraron ráfagas continuas de 120 a 150 km/h, durante días seguidos, lo que produjo daños directos en viviendas, redes de servicios esenciales, infraestructura vial y embarcaciones.
Los sectores más golpeados se encuentran en la zona norte de la provincia, donde se verificaron voladuras de techos, destrucción de casas, caída de postes, cortes de suministro eléctrico y daños diversos que aún no logran ser cuantificados.
A la par, las alertas meteorológicas se mantuvieron activas sin pausa, obligando al Gobierno a tomar medidas preventivas inmediatas: suspensión total de clases, restricciones de circulación en rutas nacionales y provinciales, y la activación de protocolos especiales de salud, seguridad y trabajo estatal.
El decreto publicado en Boletín Oficial detalla cuáles serán los organismos responsables de ejecutar y coordinar las acciones durante la emergencia. La Junta Provincial de Protección Civil queda declarada en sesión permanente, un mecanismo previsto en la Ley 3127 para situaciones en que la información y la toma de decisiones deben actualizarse minuto a minuto.
La Junta estará integrada por las áreas provinciales con injerencia directa en la contingencia, entre ellas: Protección Civil (como coordinador operativo), Servicios Públicos Sociedad del Estado, Vialidad Provincial, Policía Caminera, Consejos agrícolas y organismos técnicos del interior, Áreas municipales a través de sus propias juntas locales.
El objetivo es unificar criterios, compartir diagnósticos y establecer planes de emergencia, contingencia y protección civil que puedan aplicarse de inmediato.
Contrataciones directas y refuerzo de personal
Uno de los puntos más relevantes del decreto es la habilitación de medidas administrativas extraordinarias. Durante la vigencia de la emergencia, organismos como Servicios Públicos, Vialidad Provincial, el Consejo Agrario, el IDUV, los ministerios de Gobierno, Seguridad, Producción, Energía, Trabajo y Desarrollo Social quedan exentos de las limitaciones habituales en materia de contrataciones, obras públicas y administración financiera.
Esto significa que podrán incorporar personal temporario, realizar contrataciones directas para bienes, servicios y obras urgentes, firmar convenios con particulares o entidades provinciales para la asistencia, reorganizar presupuestos de manera acelerada.
Todo gasto derivado de estas acciones deberá ser posteriormente ratificado por el Ministerio de Economía o por la Jefatura de Gabinete, lo que permite actuar con rapidez pero bajo control administrativo.
El decreto también otorga facultades específicas al Consejo Agrario Provincial, que deberá evaluar los daños en establecimientos ganaderos y adoptar medidas para mitigar el impacto del temporal, especialmente en zonas rurales donde la pérdida de infraestructura y animales suele ser más difícil de recuperar.
En paralelo, el Ministerio de Salud y Ambiente deberá implementar acciones de prevención y atención primaria ante cualquier riesgo sanitario derivado de la situación: desde accidentes por infraestructura dañada hasta eventuales problemas vinculados al suministro de agua, energía o transporte.
La declaración formal de Emergencia habilita también el pedido de asistencia que Santa Cruz elevará al Gobierno Nacional por las pérdidas económicas ocasionadas por el temporal. Como publicó Ahora Calafate días atrás, la provincia presentará informes sobre daños estructurales y solicitará ayuda para hacer frente a las reparaciones más urgentes.
