En la sesión pasada los concejales aprobaron por mayoría una resolución exige que un terreno actualmente relacionado con una funcionaria municipal sea restituido al Banco de Tierras. El debate en el recinto evidenció tensiones sobre adjudicaciones, transparencia y uso de suelo público, con posturas contrapuestas.
El Chaltén17/12/2025
Guillermo Pérez Luque
En la 17ª Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de El Chaltén, celebrada el pasado jueves 11 de diciembre, fue aprobado por mayoría un proyecto de resolución que solicita la devolución de una propiedad al Banco de Tierras Municipal, vinculada a una funcionaria del Ejecutivo municipal.
La iniciativa había sido presentada por el concejal Ignacio Moreno Hueyo (Cambia Chalten) y fue objeto de un extenso y áspero debate en el recinto, ya que toca un tema sensible en un contexto de crisis habitacional y la escasez de tierras fiscales disponibles.
El tema ya fue abordado en una nota publicada por Ahora Calafate a mediados de noviembre pasado, cuando Moreno Hueyo reclamó la restitución de un terreno ocupado por la secretaria de Obras Públicas, Leticia Forto, argumentando irregularidades administrativas y éticas en la ocupación del lote fiscal.
Posturas en el recinto
Durante el tratamiento, Moreno Hueyo defendió la iniciativa como una respuesta a “una anomalía” que, según él, data de más de seis años. Explicó que, en medio de un contexto de crisis habitacional y en una etapa de transición administrativa, la funcionaria municipal, que es autoridad de aplicación de la normativa de tierras, se habría adjudicado un terreno que, según documentación oficial, figuraba como fiscal tras una caducidad de adjudicación anterior.
El edil opositor manifestó que esta situación generó un “desprestigio moral” para las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y llamó a esclarecerla.
“¿Cómo puede ser que la autoridad de aplicación se autoadjudique un terreno?”, planteó Moreno Hueyo, subrayando que la parcela no estaba en el Banco de Tierras a pesar de su condición fiscal y que había certificaciones con numeración de calle a nombre de la funcionaria. Para el concejal, más allá de los aspectos personales, se trata de la ocupación indebida de patrimonio público que afecta la función municipal.
Por su parte, el concejal Heber Zella (UP) se manifestó a favor de avanzar con el proceso para esclarecer la situación, aunque aclaró que no califica el caso como una usurpación y apuntó a un posible mal manejo o incluso corrupción, sin afirmar de manera categórica.
A su turno, la concejal Estefanía Leyes (Encuentro Vecinal) recordó que el proyecto fue objeto de trabajo responsable en la Comisión de Tierras y destacó la importancia de acceder a la información con claridad. Señaló que la situación se conocía desde hace años y que, si bien el caso involucra a la funcionaria, también refleja un fenómeno más amplio de expedientes de tierras con irregularidades, algunos sin siquiera número de expediente.
Leyes destacó que la intención fue siempre trabajar con transparencia y que este expediente específico recibió prioridad debido a la implicación de una funcionaria pública, aunque adelantó que también se continuará con la revisión de otros casos similares.
El concejal Carlos Ticó (UP) critico la calificación de ciertos aspectos como “usurpación” o acto de corrupción, señalando que el terreno en cuestión tenía adjudicación en venta y cumplía con requisitos de cercado y obra. Ticó consideró que el manejo anterior del Consejo Agrario en adjudicaciones fue defectuoso y que la situación debía entenderse en ese contexto, sin atribuir de inmediato conductas delictivas.
La concejal Elizabeth Romanelli (UP) también pidió explicaciones formales y señaló que el Concejo había solicitado reiteradamente documentación que, según dijo, no había llegado de manera adecuada a la Comisión. Remarcó la necesidad de avanzar en decisiones basadas en información concreta y no seguir remitiéndose continuamente al pasado del Consejo Agrario.
Finalmente, la resolución fue aprobada por cuatro votos positivos y una abstención, estableciendo formalmente el pedido de restitución del inmueble al Banco de Tierras Municipal.
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