Gobernadores patagónicos reclaman urgente tratamiento de la emergencia ígnea en el Congreso

Los gobernadores de las provincias patagónicas reclamaron de manera conjunta al presidente de la Nación, Javier Milei, que incorpore el proyecto de ley de Emergencia Ígnea al temario de sesiones extraordinarias del Congreso, para que sea tratado con carácter urgente ante la magnitud de los incendios forestales que afectan a la región.

El pedido fue firmado por Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz), quienes advirtieron que desde principios de enero de 2026 ya se registran casi 230.000 hectáreas afectadas, en un contexto de sequía extrema y condiciones climáticas adversas.

A través de un comunicado conjunto, los mandatarios señalaron que “la Argentina necesita activar mecanismos que permitan sumar capacidades y coordinar esfuerzos entre todas las provincias y el Estado Nacional”, priorizando la protección de la vida, los bienes y el ambiente. Recordaron además que las provincias patagónicas declararon la Emergencia Ígnea en octubre de 2025, pero remarcaron que la gravedad de la situación “exige herramientas excepcionales”.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, subrayó que “la Patagonia no es un territorio aislado y el fuego no reconoce límites ni distingue entre partidos políticos”, por lo que instó a todos los bloques del Congreso a acompañar el proyecto con la urgencia que el momento requiere, en línea con medidas adoptadas recientemente por países como Chile y Estados Unidos ante emergencias similares.

Proyectos en el Congreso

Según informa el sitio El Parlamentario, desde el inicio de 2026 ingresaron a la Cámara de Diputados cuatro proyectos de ley para declarar la emergencia ígnea por 180 días en Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén. Las iniciativas fueron impulsadas por bloques de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas y la diputada Marcela Pagano. Los proyectos tienen giro a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.

En paralelo, también se presentó un proyecto para modificar el artículo 186 del Código Penal, con el objetivo de elevar las penas a quienes provoquen daños ecológicos. La iniciativa cuenta con firmas de legisladores de Provincias Unidas y de La Libertad Avanza.

En el Senado, la legisladora chubutense Edith Terenzi impulsó un proyecto para tipificar el delito de ecocidio, definiéndolo como el daño grave o irreversible al ambiente que comprometa los derechos de las generaciones actuales y futuras.

"Lo que falta es decisión política"

En este contexto, la diputada nacional por Santa Cruz, Ana María Ianni (Unión por la Patria), respaldó el reclamo de los gobernadores y volvió a exigir el tratamiento inmediato de la Ley de Emergencia Ígnea. Recordó que desde el 9 de enero los diputados patagónicos vienen impulsando un proyecto para declarar la emergencia ambiental, social y económica en las provincias afectadas, habilitando fondos extraordinarios, refuerzo de medios aéreos, provisión de equipamiento y una coordinación federal efectiva.

Ianni advirtió que, pese a que ya se quemaron más de 230.000 hectáreas (distribuidas en La Pampa, Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz), el Gobierno nacional priorizó otros temas en las sesiones extraordinarias y mostró “una indecisión flagrante” frente a la crisis ambiental que atraviesa la Patagonia.

También cuestionó los recortes presupuestarios, señalando que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego recibió en el Presupuesto 2026 una asignación de $20.131 millones, lo que implica una caída interanual del 53,6%. “Esto deja al descubierto un abandono sistemático de la política de prevención y combate de incendios”, sostuvo.

Finalmente, la diputada remarcó que el reclamo unificado de gobernadores y legisladores pone en evidencia la necesidad de una acción federal inmediata para destrabar recursos, fortalecer la respuesta operativa y planificar la recuperación ambiental, productiva y social de las comunidades damnificadas. “Existen proyectos y herramientas disponibles. Lo que falta es decisión política”, concluyó.