Logran que se convoque a audiencia pública por la Ley de Glaciares

En el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación, el oficialismo accedió a convocar a una audiencia pública para debatir la modificación a la Ley de Glaciares, iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional que ya cuenta con media sanción del Senado.

El pedido fue presentado por el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, junto a otros legisladores, quienes reclamaron frenar un posible “tratamiento exprés” del proyecto.

En sus redes sociales, Ferraro anunció: “Ley de Glaciares: lo logramos, habrá audiencia pública”, y detalló que la convocatoria se realizará los días 25 y 26 de marzo, lo que permitirá ampliar el tiempo de análisis y participación.

“El oficialismo en Diputados pretendía avanzar con un tratamiento exprés de la media sanción que modifica la Ley de Glaciares. Frente a eso, solicitamos formalmente la convocatoria a audiencia pública y hoy, en el plenario de las comisiones, logramos que se acepte ese pedido”, expresó el legislador.

Además, sostuvo que la instancia será “una aplicación concreta y operativa del Acuerdo de Escazú en materia de participación pública en asuntos ambientales”, y consideró “cuanto menos llamativo” que quienes  han relativizado la institucionalidad ambiental, ahora deban cumplir con ese estándar.

“Una modificación totalmente regresiva”

Esta mañana, en declaraciones a FM Dimensión en el programa A Diario, Ferraro fue contundente respecto del proyecto de reforma.

“Ya llegó la media sanción de esta modificación totalmente regresiva de la Ley de Glaciares que tiene la Argentina”, afirmó, y explicó que por ese motivo exigieron formalmente la audiencia pública en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.

El diputado remarcó la necesidad de que la convocatoria tenga un verdadero alcance federal. “Que se puedan escuchar a las distintas provincias donde hay posibilidad de desarrollos mineros, pero también a aquellas donde puede haber compromiso de cuencas hídricas que competen a otras jurisdicciones”, señaló, mencionando como ejemplo las tensiones históricas por el uso del agua en ríos interprovinciales.

Debate ambiental y seguridad jurídica

Ferraro rechazó la idea de que la norma vigente atente contra el desarrollo minero. En ese sentido, aportó cifras comparativas: “Si uno toma el período 2001-2009 sin Ley de Glaciares, la inversión en minería fue de 12.000 millones de dólares. Entre 2015 y 2025, con Ley de Glaciares, fue superior a los 45.000 millones”, sostuvo, para reforzar su argumento de que la legislación no frenó inversiones.

El legislador advirtió que, de aprobarse la reforma en Diputados, podrían abrirse escenarios de conflicto judicial e institucional. “Se va a abrir una inseguridad e imprevisibilidad desde el punto de vista jurídico, no solo para el ambiente sino también para quienes quieran invertir en la Argentina”, afirmó en FM Dimensión.

Según explicó, la modificación podría generar planteos interjurisdiccionales vinculados a cuencas hídricas que atraviesan distintas provincias. “No se trata solamente de un desarrollo minero puntual; pueden estar en riesgo las distintas cuencas hídricas por las cuales se recibe el agua de muchos ríos de la Argentina”, indicó.

Principio de no regresión y rol de las provincias

En otro tramo de la entrevista, Ferraro sostuvo que la reforma “rompe el principio de no regresión y el principio precautorio del derecho ambiental”, y cuestionó que se delegue en las provincias la determinación sobre la relevancia hídrica de glaciares y ambientes periglaciares.

“Si hoy sabemos que muchas provincias o municipios no están pudiendo ni siquiera terminar con basureros a cielo abierto, esto de que puedan determinar la relevancia hídrica de un glaciar es lo que va a generar inseguridad jurídica”, planteó.

Asimismo, advirtió sobre una posible competencia entre jurisdicciones: “Se va a abrir una carrera entre provincias para ver quién más rápido saca del inventario nacional la protección de un glaciar o ambiente periglacial para lograr inversiones”, afirmó.

Finalmente, el diputado aseguró que continuará trabajando para que el debate se dé con “responsabilidad institucional” y con respaldo técnico y científico. “Estamos discutiendo reservas estratégicas de agua y un régimen de presupuestos mínimos ambientales. Cualquier modificación que implique una posible regresión exige un debate serio y evidencia científica”, concluyó.