Guillermo Pérez Luque
La situación del Hospital de Alta Complejidad SAMIC de El Calafate llegó al Congreso de la Nación. Los diputados nacionales Ana María Ianni, Moira Lanesan Sancho y Juan Carlos Molina presentaron un proyecto de resolución para exigir al Gobierno Nacional explicaciones detalladas sobre una serie de decisiones que generaron alarma en el ámbito sanitario y científico.
El eje del planteo está puesto en la reestructuración del hospital, que según advierten los legisladores habría implicado la eliminación o transformación de la Unidad de Conocimiento Traslacional Hospitalaria Patagónica, un área clave para el desarrollo de investigación aplicada a la salud.
En el proyecto se señala que esta decisión podría contradecir el propio estatuto del SAMIC, que establece la necesidad de promover la investigación científica, la capacitación profesional y la innovación tecnológica dentro de la institución.
En ese contexto, también se pone bajo la lupa la desarticulación del Servicio de Diagnóstico Molecular, que funcionaba dentro de esa unidad y que realizaba estudios de alta complejidad en áreas como genética, oncología y enfermedades poco frecuentes. Los diputados buscan conocer qué fundamentos técnicos o sanitarios se tuvieron en cuenta para avanzar con esta medida y qué impacto tendrá en los pacientes que dependían de esos diagnósticos, muchos de ellos provenientes no solo de Santa Cruz sino de distintos puntos del país.
La incertidumbre se extiende también al destino de las muestras biológicas y los estudios en curso. El proyecto plantea la necesidad de garantizar la continuidad de esos procesos y evitar interrupciones que puedan afectar tratamientos o diagnósticos sensibles.
Otro de los puntos que genera preocupación es la situación del personal. Los legisladores solicitaron información sobre posibles despidos, cesantías, no renovación de contratos o sumarios administrativos durante este año y el próximo. En los fundamentos remarcan que el funcionamiento del hospital depende directamente de sus trabajadores y que cualquier modificación en la planta impacta de manera directa en la calidad de atención a los pacientes.
Pero uno de los aspectos más delicados del pedido de informes está vinculado a el retiro de equipamiento informático que contendría información sensible. Según se indica, esos equipos podrían haber almacenado datos clínicos, registros de pacientes y material de investigación, lo que abre interrogantes sobre las condiciones en las que se realizó ese procedimiento y si se respetaron los protocolos de seguridad y resguardo.
En esa línea, también se solicitó saber si se iniciaron auditorías o investigaciones administrativas para determinar responsabilidades, y qué medidas se adoptaron para proteger la confidencialidad de los datos. Los diputados advierten que se trata de información especialmente protegida por la legislación vigente, tanto en materia de derechos del paciente como de protección de datos personales y bioética.
El proyecto también hace hincapié en el posible impacto sobre investigaciones en curso, muchas de ellas aprobadas por comités de ética y vinculadas al estudio de enfermedades complejas. En ese sentido, se alerta sobre el riesgo de pérdida de información, interrupción de proyectos o acceso indebido a datos sensibles.
En los fundamentos, los autores sostienen que el objetivo del pedido de informes no es interferir en las decisiones del Poder Ejecutivo, sino ejercer el control que le corresponde al Congreso y garantizar la transparencia en la gestión de una institución clave para la salud pública en la Patagonia.
Mientras tanto, el conflicto en el hospital continúa escalando y suma ahora un nuevo capítulo en el ámbito legislativo, con repercusiones que ya trascienden el plano local.
