Guillermo Pérez Luque
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la investigación por una presunta defraudación mediante la modalidad de phishing continúe en la órbita de la Justicia de Santa Cruz, al dirimir un conflicto de competencia entre tribunales de esa provincia y de Buenos Aires.
El phishing es una técnica de ciberdelincuencia que utiliza correos electrónicos, mensajes o sitios web falsos, simulando ser una entidad legítima (bancos, empresas, instituciones), para engañar a los usuarios y robar información confidencial como contraseñas, datos bancarios o números de tarjetas de crédito.
La causa se originó a partir de una maniobra de fraude electrónico en la que personas desconocidas realizaron una cuantiosa transferencia desde la cuenta de una víctima hacia una cuenta vinculada a una billetera virtual.
El caso generó una contienda negativa de competencia, entre el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 3 de Río Gallegos y el Juzgado de Garantías N° 5 de San Martín, ya que ambos se declararon incompetentes para continuar con la investigación.
Según surge del dictamen del Procurador General interino, los elementos reunidos hasta el momento no permiten determinar con precisión el lugar donde se cometió el delito, si en Santa Cruz o en la provincia de Buenos Aires. Es que este tipo de estafas suele involucrar múltiples jurisdicciones, ya que los autores utilizan cuentas intermediarias para dificultar el rastreo del dinero.
Uno de los puntos clave señalados en el análisis de la Corte Suprema es la necesidad de profundizar la investigación para establecer dónde se concretó finalmente la disposición del dinero sustraído, un dato considerado central para definir la competencia territorial.
“Los jueces del máximo tribunal avalaron el criterio de que sea la justicia santacruceña, que intervino inicialmente, la que continúe con la investigación, al considerar que es la que se encuentra en mejores condiciones para avanzar en la recolección de pruebas”, dijeron fuentes judiciales a Ahora Calafate.
El fallo deja abierta la posibilidad de que, una vez que se obtenga mayor información sobre el recorrido de los fondos y la mecánica del delito, pueda revisarse nuevamente la competencia si así correspondiera. Mientras tanto, la investigación seguirá su curso en Río Gallegos.
