Guillermo Pérez Luque
El Concejo Deliberante de El Calafate comienza a tratar un proyecto de ordenanza impulsado por el bloque oficialista Unión por la Patria que propone la creación de un Programa de Asistencia para Servicios Fúnebres y Contingencias Sociales, destinado a acompañar a vecinos en situaciones de vulnerabilidad.
La iniciativa fue presentada en la sesión ordinaria de hoy y pasó a comisión para su análisis, por lo que deberá ser debatida antes de su eventual aprobación.
El proyecto surge ante la necesidad de que el Estado municipal pueda “dar respuestas rápidas, solidarias y equitativas frente a situaciones críticas”, especialmente en casos de fallecimiento de un familiar, donde los costos de los servicios resultan muchas veces inaccesibles.
En ese sentido, se plantea que el Municipio esté facultado para intervenir, brindando asistencia en momentos de urgencia social. Entre los fundamentos, se destaca que los costos de servicios fúnebres y cremación representan una carga difícil de afrontar para sectores vulnerables, lo que justifica la implementación de una herramienta específica.
Recordemos que el pasado 6 de diciembre se inauguró el crematorio municipal, lo cual significó un gran avance para la comunidad de El Calafate que, antes de ello, debía trasladar los restos de sus deudos a Río Gallegos en caso de decidir su cremación.
La ordenanza autoriza al Departamento Ejecutivo a poner en marcha este programa, que podrá incluir distintas prestaciones, como la cobertura total o parcial de servicios fúnebres, asistencia para cremación, provisión de un ataúd básico o servicios mínimos, y otras ayudas vinculadas a contingencias sociales debidamente justificadas.
El acceso al beneficio estará sujeto a una evaluación socioeconómica, que será realizada por el área correspondiente del Municipio, con el objetivo de garantizar que la asistencia llegue a quienes realmente la necesitan.
Además, el proyecto contempla la posibilidad de que el Ejecutivo firme convenios con empresas funerarias y otras instituciones, lo que permitiría asegurar la prestación de los servicios en condiciones adecuadas.
También se establece que la autoridad de aplicación será la Secretaría de Desarrollo Social, o el área que en el futuro la reemplace, mientras que los gastos que demande el programa serán cubiertos con partidas presupuestarias municipales, con la posibilidad de realizar las adecuaciones necesarias.
Ahora, el proyecto deberá ser tratado en comisión, donde se analizarán sus alcances y posibles modificaciones antes de su tratamiento en el recinto.
