Guillermo Pérez Luque
La reciente reforma de la Ley de Glaciares ya generó una fuerte reacción a nivel nacional. Más de 600 mil personas se sumaron a una demanda colectiva impulsada por organizaciones socioambientales, que busca declarar la inconstitucionalidad de los cambios aprobados por el Congreso.
La iniciativa es promovida por entidades como Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Círculo de Políticas Ambientales, que convocan a la ciudadanía a respaldar el reclamo a través de una adhesión pública.
Según indicaron, el objetivo es alcanzar el millón de firmas, lo que convertiría esta acción en “la demanda colectiva más grande en defensa del agua en la historia”.
Las organizaciones cuestionan que la modificación de la ley fue impulsada por el Gobierno nacional bajo el argumento de brindar “seguridad jurídica” a las inversiones, pero advierten que en la práctica implica una reducción en los niveles de protección ambiental.
Entre los puntos más criticados, señalan que la reforma traslada a las provincias la responsabilidad sobre el control de áreas glaciares y periglaciares, lo que contradice los principios de presupuestos mínimos ambientales.
Además, denuncian que se elimina el rol de control del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo clave en la protección de estos ecosistemas.
“Si no quisieron escuchar en el Congreso, van a escuchar en la Justicia”, señalaron desde las organizaciones, marcando el inicio de una nueva etapa del conflicto.
Desde las entidades convocantes remarcaron que la respuesta social ya había quedado en evidencia durante el debate legislativo.
Recordaron que más de 100 mil personas se inscribieron para participar en audiencias públicas, pero solo 200 pudieron exponer, lo que fue denunciado como una limitación a la participación ciudadana.
“La ciudadanía será la protagonista de la lucha por recuperar la ley”, afirmaron, al tiempo que invitaron a seguir sumando adhesiones a la demanda colectiva.
La firma, aclararon, no genera obligaciones legales, pero fortalece el planteo judicial que busca frenar la aplicación de la reforma.
ADHERIRSE A LA DEMANDA COLECTIVA AQUI 👇
En paralelo, la provincia de La Pampa presentó un amparo colectivo ambiental ante la Justicia Federal para intentar frenar la aplicación de la nueva normativa.
El gobernador Sergio Ziliotto sostuvo que la modificación pone en riesgo el abastecimiento de agua, ya que afecta glaciares que alimentan ríos fundamentales para su territorio. Además, argumentó que la reforma viola principios internacionales como el Acuerdo de Escazú.
