Guillermo Pérez Luque
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) dispuso una modificación en su organización territorial en la Patagonia, que a partir de ahora quedará dividida en dos regiones operativas. La decisión fue oficializada mediante la Disposición 403/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y responde a un diagnóstico interno sobre las dificultades que presentaba el esquema vigente.
Hasta el momento, toda la Patagonia estaba bajo la órbita de una única unidad regional, lo que implicaba que la conducción operativa de una extensa superficie —con aeropuertos distribuidos en varias provincias y condiciones geográficas diversas— dependiera de una sola jefatura. Según se detalla en la norma, esta concentración afectaba la posibilidad de sostener una presencia regular en el territorio, realizar supervisiones periódicas y coordinar acciones con la rapidez que requiere la dinámica operativa.
El análisis que precede a la decisión señala que las distancias, la dispersión de las unidades y las condiciones de conectividad aérea dificultaban la articulación entre las distintas dependencias. En ese contexto, también se advertía una limitación para responder en tiempo oportuno ante situaciones críticas, ya que los traslados dentro de la región suelen implicar escalas o combinaciones que prolongan los tiempos de llegada.
A partir de este diagnóstico, la PSA resolvió reorganizar su despliegue en dos ámbitos diferenciados. Por un lado, se establece la Unidad Regional Patagonia Norte, que abarcará Río Negro, Neuquén y la porción occidental de Chubut, con sede en el aeropuerto de Neuquén. Por otro, se crea la Unidad Regional Patagonia Austral, que comprenderá Santa Cruz, Tierra del Fuego y el sector oriental de Chubut, con base en Ushuaia. El límite entre ambas jurisdicciones estará determinado por el meridiano 69°, un criterio geográfico adoptado para ordenar la distribución territorial.
La norma indica que esta división busca facilitar la conducción, el control y la coordinación de las operaciones en cada zona, con la intención de acercar la estructura de mando a los lugares donde se desarrollan las tareas. En ese sentido, se plantea que la nueva organización permitirá mejorar la supervisión, la articulación con actores locales y la capacidad de respuesta ante incidentes o requerimientos operativos.
La implementación del nuevo esquema será progresiva. La disposición establece que deberá elaborarse un plan integral en un plazo de 180 días, en el que se definan las etapas de ejecución, las necesidades de infraestructura, la asignación de personal y los recursos necesarios para poner en funcionamiento la nueva configuración. Mientras tanto, se mantendrá el esquema actual con mecanismos de transición para asegurar la continuidad del servicio.
El texto oficial aclara que no se trata de una reforma del modelo organizativo de la fuerza, sino de una adecuación dentro de su estructura vigente. La modificación apunta a reorganizar el despliegue en función de las características del territorio patagónico y a mejorar la gestión operativa en una región donde las distancias y la logística tienen un peso determinante.
