Guillermo Pérez Luque
En un contexto donde los episodios de emergencia en ámbitos educativos vuelven a instalar el debate sobre la preparación ante situaciones críticas, un proyecto de ley ingresado en la Legislatura de Santa Cruz propone avanzar hacia un esquema de capacitación obligatoria en seguridad y emergencias en todas las escuelas de la provincia.
La iniciativa, impulsada por el recientemente asumido diputado Luis Gallardo y acompañada por el legislador Santiago Aberastain (ambos del bloque Por Santa Cruz), plantea la creación del Programa Provincial de Capacitación Integral en Seguridad y Emergencias en los Establecimientos Educativos, que alcanzará a todos los niveles y modalidades del sistema educativo.
El proyecto parte de la idea de pasar de una lógica reactiva a una cultura de prevención dentro de las escuelas.
En los fundamentos se sostiene que la seguridad escolar debe transformarse en una política de Estado proactiva, basada en la preparación y el conocimiento.
Se advierte que la capacitación técnica “reduce significativamente el pánico y optimiza los tiempos de respuesta ante siniestros”.
Capacitación obligatoria en todas las escuelas
La propuesta establece que el programa será obligatorio y abarcará a estudiantes, docentes y personal administrativo.
El objetivo es que toda la comunidad educativa cuente con herramientas básicas para actuar frente a situaciones de emergencia, desde incendios hasta incidentes con sustancias peligrosas o emergencias médicas.
Simulacro de evacuación (Foto Archivo)
Entre los contenidos previstos se incluyen la prevención de incendios y el uso de extintores, protocolos ante fugas de gas, primeros auxilios, RCP y maniobra de Heimlich; y elaboración y ejecución de planes de evacuación
Bomberos como eje de la formación
Uno de los puntos distintivos del proyecto es la participación directa de la Superintendencia de Bomberos de la Policía de Santa Cruz, que tendrá a su cargo las capacitaciones en conjunto con el Consejo Provincial de Educación.
El esquema busca garantizar que los contenidos sean prácticos, realistas y adaptados a cada contexto local, con instructores que cuenten con perfil técnico y pedagógico.
Además, se plantea una metodología flexible, basada en micro-capacitaciones, para no interferir con el calendario escolar.
Simulacros obligatorios y evaluación
El proyecto también incorpora una instancia clave: la práctica.
Cada establecimiento deberá realizar al menos un simulacro general por año, con participación de los servicios de emergencia locales.
El objetivo es evaluar la capacidad de respuesta ante distintos escenarios y ajustar los protocolos en función de la experiencia.
Formar “agentes de cambio”
Uno de los aspectos más interesantes de la iniciativa es su enfoque social. Para los autores no se trata solo de preparar a los estudiantes para actuar dentro de la escuela, sino de que esos conocimientos se trasladen a sus hogares y comunidades.
En los fundamentos se destaca que los alumnos pueden convertirse en “agentes de cambio”, replicando prácticas de prevención y primeros auxilios en su entorno.
La iniciativa tomó estado parlamentario en la última sesión ordinaria y comenzará ahora su tratamiento en comisiones.
