Guillermo Pérez Luque
Un proyecto de ley ingresado en la Legislatura de Santa Cruz propone introducir cambios en el mecanismo de recupero de fondos que adeudan obras sociales, mutuales, aseguradoras y empresas por prestaciones realizadas en hospitales públicos.
La iniciativa, presentada por el diputado oficialista Santiago Aberastain Zubimendi, plantea una modificación puntual a la Ley Provincial N° 2901, que regula el Fondo de Asistencia Financiera al Sistema Provincial de Salud.
El eje de la propuesta es agilizar el cobro de deudas que hoy afectan el funcionamiento del sistema de salud. En los fundamentos, el legislador advierte que existe un nivel significativo de morosidad en el pago de prestaciones realizadas por hospitales públicos a afiliados de distintas entidades.
“Se observa una gran morosidad y retraso en el pago de las facturas emitidas”, señala el proyecto. Según los datos incluidos en la iniciativa, la deuda acumulada supera los 12.367 millones de pesos, una cifra que refleja la magnitud del problema.
Para enfrentar esta situación, el proyecto introduce una modificación: otorgar fuerza ejecutiva a las certificaciones de deuda emitidas por los hospitales. Esto significa que, una vez certificada la deuda, el Estado podrá iniciar directamente acciones judiciales para su cobro, sin necesidad de procesos previos más extensos.
En los fundamentos se explica que esta medida apunta a “dotar de mayor celeridad a las gestiones judiciales de recupero”, reduciendo tiempos y facilitando la intervención de la Fiscalía de Estado.
El texto también establece un procedimiento más claro para el circuito administrativo.
Una vez vencido el plazo de pago de una factura —que se fija en 10 días hábiles—, el hospital podrá emitir una certificación de deuda con datos precisos del deudor, el monto adeudado y su identificación.
Ese documento se convertirá en título ejecutivo, lo que habilita su cobro por vía judicial de manera directa.
Además, se dispone que estas certificaciones deberán ser remitidas a la Fiscalía de Estado, organismo encargado de impulsar las acciones legales correspondientes.
Otro de los aspectos relevantes del proyecto es que fija un plazo de prescripción de cinco años para el cobro de estas deudas, estableciendo un marco temporal claro para su recuperación.
Al mismo tiempo, se refuerza la obligación de las entidades de brindar información actualizada, lo que permitirá mejorar el seguimiento de los créditos del sistema de salud.
Más allá de lo técnico, la iniciativa se apoya en un argumento central: la necesidad de garantizar el financiamiento del sistema sanitario.
En los fundamentos se advierte que los recursos provenientes de estas prestaciones son esenciales para el funcionamiento de hospitales, ya que permiten cubrir gastos de infraestructura, equipamiento, insumos y atención médica.
“El desenvolvimiento de la atención sanitaria exige un constante flujo de recursos económicos”, se señala en el proyecto.
En ese sentido, el diputado plantea que la demora en los pagos no solo afecta las cuentas públicas, sino que repercute directamente en la calidad del servicio.
El proyecto se suma así a otras iniciativas que comenzaron a ser analizadas en comisiones tras la última sesión legislativa, en un contexto donde el financiamiento del sistema de salud aparece como una de las principales preocupaciones.
