En el caso del Jefe Gabinete hay que sumar, que su hermano Francisco Adorni, diputado por la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, está imputado de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. “Las sospechas apuntan a los 60.000.000 de pesos del préstamo otorgado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y que Francisco Adorni habría cancelado en apenas un año. `La investigación tendrá por objeto la hipótesis sobre el presunto incremento patrimonial no justificado de Francisco Jorge Adorni, que habría tenido lugar en el lapso de tiempo en que se viene desempeñando con funciones en el ámbito ejecutivo nacional, esto es, desde el mes de diciembre de 2023 en que había asumido el cargo de Titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa de la Nación´. Después, en junio de 2025, fue promovido como titular del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF)”, (Nota del diario El Día de La Plata del 14/05/26).
Sobresueldos informales
En conferencias de prensa, el vocero Manuel Adorni ha evitado negar, de forma directa, la existencia de estos pagos extra cuando se le ha consultado, limitándose a cuestionar el criterio de las preguntas o que todo está en manos de la Justicia.
El periodista Ariel Rodríguez de Cadena 3 preguntó directamente a Adorni, Caputo y Monteoliva: "¿Ustedes cobran sobresueldos o han recibido sobresueldos a lo largo de su gestión?" La respuesta fue el silencio y la incomodidad visible. Ninguno de los tres funcionarios negó la existencia de esos pagos.
Asimismo, en una entrevista con Andrés Malamud en “Infobae al Amanecer”, el politólogo sostuvo, que la crisis que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es parte de la práctica de los “sobresueldos”.
En su explicación, identificó que existen múltiples mecanismos para pagar sobresueldos: “El sobresueldo te lo puede pagar la SIDE, que tiene fondos para usar plata sin pedir factura”.
También se habla sobre el uso indebido de cajas chicas y tarjetas corporativas en empresas públicas, para gastos personales y suntuosos.
Además, se puede agregar la participación económica en modalidades ilegales como la de exigir un pago para acceder al presidente o en casos como lo que se denunció de la existencia de una red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en los contratos estatales para la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad. Se sostuvo que dichos contratos estaban inflados en un 8%. Y de ese total, el 3% supuestamente se habría destinado a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei.
A su vez, el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, el lunes 11/05/26, en declaraciones a Radio Rivadavia manifestó, que “no tengo dudas de que hay sobresueldos, y de que este es un patrón de conducta que se viene consolidando en el Gobierno de La Libertad Avanza ... hay sobresueldos que se podrían estar pagando a través de transferencias en criptomonedas y con contratos de consultorías a través de empresas públicas del Estado nacional”. El diputado expresidente de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA también dijo, que “la Fundación Faro, una estructura vinculada a dirigentes libertarios que, según indicó, podría haber funcionado como `espacio de ingreso de dinero´ para luego distribuir pagos adicionales a funcionarios”.
Aumento salarial para funcionarios de jerarquía
El gobierno por el decreto 931/25 oficializó a principios de 2026 un "descongelamiento", que implicó que más de mil funcionarios de la primera línea del Estado nacional recibirán una recomposición acumulada del 123,8% en apenas cinco meses. La medida establece una fuerte actualización para ministros, secretarios, subsecretarios, titulares de organismos, presidentes de empresas públicas y responsables de entes autárquicos.
Mientras que el poder adquisitivo del salario mínimo disminuyó un 39% entre noviembre de 2023 y marzo de 2026. Tanto los empleados públicos como los jubilados sufrieron una marcada pérdida de poder adquisitivo.
A su vez, la decisión de actualizar los sueldos de los funcionarios políticos contrasta marcadamente con la negativa del gobierno a cumplir con la ley de financiamiento universitario y actualizar los salarios docentes de las universidades públicas.
Mientras tanto hubo premios públicos para funcionarios que dejaron la función, tal es el caso Guillermo Francos, que al dejar la Jefatura de Gabinete, representando al Estado nacional en el directorio de YPF, como lo sostiene el periodista Sebastián Lacunza, comenzó a percibir “una remuneración mensual de $80 millones de pesos como miembro del directorio de la petrolera con mayoría estatal”.
Causa de los sobresueldos
En Argentina, el antecedente más conocido sobre “sobresueldos” fue la causa vinculada al gobierno de Carlos Menem. En el juicio oral, Menem, su ministro de Economía Domingo Cavallo y el ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo. En el caso de este último, la justicia Suiza confirmó la existencia de una cuenta a nombre del ex funcionario, con 2.700.000 dólares. Granillo sostuvo que el dinero provenía, entre otros aspectos, de sobresueldos extras de treinta mil dólares mensuales que él recibía y todos los ministros, en virtud de la ley secreta 18.302, que permitía no rendir cuentas de los dineros asignados. Todos los procesados fueron hallados culpables del delito de peculado por haber pagado sobresueldos con fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La Cámara Federal de Casación confirmó una pena de cuatro años y seis meses de prisión contra Menem, y tres años y medio para Cavallo.
Más la moraleja negativa fue que Carlos Menem, al morir siendo senador, la causa no tuvo confirmación definitiva de la Corte Suprema. Domingo Cavallo, condenado inicialmente, fue sobreseído en noviembre de 2024 por la Corte Suprema al considerar que la duración del proceso por más de 20 años, violó el plazo razonable y Raúl Granillo Ocampo, también fue condenado y posteriormente absuelto.
Para lo esencial no hay plata
Mientras tanto se grita que “no hay plata” para pagar jubilaciones dignas, se dice que se ahorra desempleando a trabajadores del estado o cerrando organismos esenciales del Estado y se somete al abandono criminal genocida a discapacitados, mayores adultos y enfermos, se desfinancia a la educación y la investigación y se castiga a la ciudadanía en general. Más, de acuerdo con lo publicado por Perfil, artículo de Agustina Bordigoni, de fecha 22/02/26, “mientras el promedio de ejecución presupuestaria en salarios en cargos permanentes del Estado es del 9,2%, en la Secretaría de Inteligencia escaló al 18,5%. Esta ejecución quedó muy por encima de todos los organismos, secretarías y ministerios. Además, la SIDE destinó $ 898 millones para gastos reservados …La SIDE ya ejecutó en el pago a su personal más del doble de lo que Capital Humano tiene para todo el año”. Y, como sucedió en el año 2025, luego hay múltiples reasignaciones presupuestarias vía DNU para la SIDE, por parte del gobierno de Javier MileI.
Inaceptable actitud del gobierno de Javier Milei, es hora que la política actúe y la Justicia también.
Por Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe
Abogado constitucionalista cordobés y
Periodista columnista de opinión
