Guillermo Pérez Luque
El abogado Sergio Luis Macagno presentó formalmente ante la Cámara de Diputados un pedido de juicio político contra cuatro integrantes del máximo órgano judicial provincial.
La denuncia apunta contra las vocales Reneé Guadalupe Fernández, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos y el vocal Fernando Miguel Basanta.
El planteo sostiene que los magistrados incurrieron en un “ejercicio abusivo de la función jurisdiccional” y habrían utilizado facultades judiciales “para preservar su propia posición institucional y condicionar el diseño constitucional de integración y control del Poder Judicial provincial”.
La presentación judicial está directamente vinculada con el conflicto institucional generado tras la sanción de la Ley 3949, aprobada en agosto de 2025, que amplió de cinco a nueve integrantes el Tribunal Superior de Justicia.
Tal como informó AHORA CALAFATE, días atrás la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme esa ampliación al revocar el fallo del TSJ santacruceño que había declarado inconstitucional la norma.
Ahora, Macagno sostiene que los jueces denunciados actuaron bajo un “conflicto de interés directo”, ya que resolvieron sobre una ley que modificaba la propia estructura de poder del tribunal que integraban.
“Cuando el control de constitucionalidad se ejerce bajo interés propio, deja de ser jurisdicción y devendría ejercicio arbitrario del poder”, afirma uno de los párrafos centrales del escrito al que accedió Ahora Calafate
Seis conductas bajo cuestionamiento
La denuncia enumera una serie de decisiones tomadas entre septiembre de 2025 y abril de 2026 que, según Macagno, conformarían un “patrón sistemático de conductas” orientadas a impedir la aplicación de la ampliación judicial.
Entre ellas menciona:
El desconocimiento del juramento de nuevos vocales
La remoción del entonces presidente del TSJ Daniel Mariani
Medidas cautelares que frenaron la integración del nuevo tribunal
El rechazo de recursos extraordinarios
Los fallos que declararon inconstitucionales distintas leyes impulsadas por la Legislatura.
Uno de los puntos más duros del planteo aparece tras recordar que la propia Corte Suprema calificó el fallo santacruceño contra la Ley 3949 como un pronunciamiento con “grave déficit de fundamentación”, “afirmaciones dogmáticas insuficientes” y “carente de apoyo jurídico y fáctico”.
El escrito también menciona cuestionamientos contra la reciente declaración de inconstitucionalidad de la Ley 3859, vinculada al régimen del Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados.
Según Macagno, algunos de los vocales denunciados integraban precisamente ese órgano y habrían resuelto sobre normas que afectaban su propia situación institucional.
“Nadie puede ser juez en causa propia”, sostiene la denuncia citando principios constitucionales y convencionales sobre imparcialidad judicial.
Macagno ya había impulsado un juicio político contra Basanta
No es la primera vez que Sergio Macagno impulsa acciones contra integrantes del Tribunal Superior de Justicia. En 2025 promovió un pedido de juicio político contra Fernando Basanta cuestionando que no cumplía con los requisitos constitucionales de antigüedad profesional para ocupar el cargo de vocal del TSJ.
Aquel proceso avanzó en la Legislatura provincial e incluso derivó en la suspensión preventiva del magistrado durante el trámite parlamentario. Sin embargo la Sala Juzgadora conformada por 12 legisladores resolvió absolver al vocal del TSJ al no encontrar elementos suficientes para sostener las causales invocadas.
Ahora, el abogado amplió el foco y apuntó contra cuatro integrantes del máximo tribunal provincial en el marco de la fuerte disputa institucional abierta tras la ampliación del TSJ santacruceño.
