Llaman a declarar a los expolicías acusados de liberar la zona en la masacre de San Patricio

Cuatro ex efectivos de la comisaría 37 de la Policía Federal fueron llamados a indagatoria por la masacre de San Patricio, ocurrida en 1976, como se conoce al asesinato de tres sacerdotes y dos seminaristas durante la última dictadura.

La medida fue dispuesta por el juez federal Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3.

La medida alcanza al oficial ayudante Miguel Ángel Romano (hoy de 72 años), al sargento Atilio Edgardo Juárez (81), al agente Serafín Losada (76) y al oficial principal Héctor Roberto Olivetto (82).

La Justicia sospecha que fueron los responsables de liberar la zona para que los autores materiales pudieran perpetrar el crimen de los sacerdotes y los seminaristas palotinos en esa parroquia del barrio de Belgrano.

Las indagatorias, programadas para realizarse entre el 23 y el 30 de junio, apuntan a la responsabilidad de esos efectivos en la liberación de la zona para que se pudieran perpetrar los asesinatos, así como en el encubrimiento posterior de la masacre, ya que esa seccional policial tuvo a su cargo las primeras actuaciones del sumario.

La madrugada del 4 de julio de 1976, un grupo de tareas irrumpió en la casa parroquial de San Patricio –ubicada en Estomba y Echeverría– y acribilló a los sacerdotes Alfredo Leaden (delegado provincial de la congregación), Alfredo Kelly (por entonces párroco de San Patricio) y Pedro Duffau, y a los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. Los cuerpos fueron hallados por el organista Rolando Savino, alineados sobre una alfombra roja con inscripciones que los acusaban de ser “adoctrinadores de mentes vírgenes”.

El hecho se produjo dos días después del atentado en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, y la masacre de los palotinos se enmarcó en una serie de represalias cometidas por las fuerzas represivas.

Durante años, la investigación estuvo plagada de irregularidades, como la falta de preservación de la escena del crimen y la demora de siete meses en entregar la evidencia balística al juzgado.

Según consta en el expediente, cerca de las dos de la madrugada del 4 de julio, se observaron dos automóviles Peugeot 504 (uno rojo y otro claro) estacionados frente a la parroquia con varias personas en su interior.

Ante la denuncia de un vecino por estos movimientos sospechosos, la seccional 37ª envió un móvil policial integrado por Romano, Juárez y Losada. Según la investigación, Romano identificó a los ocupantes de los vehículos, quienes se presentaron como miembros de una fuerza de seguridad que realizaría un operativo “antisubversivo”.

En lugar de actuar para evitarlo, el personal policial aseguró las condiciones para el operativo bajo el procedimiento de “zona liberada”. Incluso, advirtieron a un custodio de un domicilio cercano que no saliera si escuchaba disparos porque iban a “reventar la casa de unos zurdos”. Poco después, testigos vieron a personas armadas ingresar a la casa parroquial.

A su vez, ni el comisario Rafael Fensore ni el Jefe de Servicio Olivetto dejaron constancia en las actas de la denuncia del vecino, ni de la identificación de los vehículos y personas realizada esa noche.

El llamado a indagatoria de Rafecas se produce en la antesala de una fecha de gran peso simbólico: el próximo 4 de julio se cumplirán 50 años de la masacre

Hasta hace poco, la causa se tramitaba en el marco de la megacausa ESMA, pero el testimonio de un arrepentido, Víctor Luchina, permitió dar un giro hacia la responsabilidad de la estructura de Coordinación Federal y la Comisaría 37ª, lo que derivó la investigación al juzgado de Rafecas.

Para los familiares y la comunidad religiosa, esta decisión judicial representa un avance fundamental tras décadas de impunidad. Ramiro Varela, referente de Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, destacó la importancia del momento: “Este movimiento que ha tenido la causa en las últimas horas es el más importante en los últimos 40 años porque previo a esto el movimiento más significativo habían sido los procesamientos dictados en 1986”.

Varela explicó que la responsabilidad de la Comisaría 37ª es clara en tres aspectos: “la liberación de la zona, la autoría material y finalmente el encubrimiento posterior”.

Por su parte, el abogado querellante Pablo Llonto se refirió a la demora de la Justicia durante una intervención en la Cámara de Diputados: “Cuatro policías van a ser llamados a indagatoria por un crimen que va a cumplir 50 años el 4 de julio. Nunca hubo un llamado a indagatoria por un crimen que le dolió a la Argentina y que le dolió a nuestra Iglesia. Esa es la lentitud de nuestros jueces”.

En diciembre de 2024 y por decisión de la Legislatura porteña, la parroquia de San Patricio fue declarada Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. La comunidad palotina impulsa que esa declaración de sitio de interés histórico, cultural y educativo se convierta en el puntapié de un objetivo mayor: que el predio sea declarado monumento histórico nacional.

“Nuestra labor no se circunscribe únicamente a la construcción de la memoria, sino que comprende también la permanente búsqueda de la verdad y el reclamo de justicia en relación con este crimen de lesa humanidad que constituye el mayor ataque contra la Iglesia Católica en nuestro país”, subrayó Varela.

Roberto ‘Bob’ Killmeate fue uno de los seminaristas sobrevivientes de esta matanza y se salvó porque no estaba en el país en esos días y luego tuvo que vivir exiliado varios años. Hasta su muerte siempre estuvo trabajando para que la justicia haga "justicia" por sus hermanos palotinos. Bob murio en diciembre de 2015 en Bariloche donde habia viajado desde El Calafate donde vivió sus últimos años.

Hay un documental "4 de Julio La Masacre de San Patricio" que fue dado en la Iglesia Santa Teresita de El Calafate.

Por Paz García Pastormerlo - La Nación.

Pablo Perret - AHORA CALAFATE.