Santa Cruz es una de las pocas provincias sin Fiscalía de Género: proponen crear una por ley

La Cámara de Diputados de Santa Cruz comenzó a analizar un proyecto de ley que propone la creación de una Fiscalía Especializada en Violencia de Género, una iniciativa que busca fortalecer la respuesta judicial ante una problemática que genera creciente demanda en los tribunales y que, según sus fundamentos, aún carece de una estructura específica dentro del sistema judicial provincial.

La propuesta fue presentada por la diputada Rocío García (Unión por la Patria) durante la última sesión ordinaria y quedó registrada bajo el expediente N° 317/2026. A partir de ahora será evaluada en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia, Seguridad, Peticiones, Poderes y Reglamento; Perspectiva de Género; Presupuesto y Hacienda; y Legislación General.

Uno de los principales argumentos del proyecto es que Santa Cruz se encuentra entre las pocas provincias del país que todavía no poseen una fiscalía especializada en violencia de género, una situación que la autora considera una deuda pendiente del sistema judicial provincial.

La iniciativa a la que accedió Ahora Calafate plantea la creación de una nueva fiscalía con asiento en Río Gallegos, que funcionaría como la Fiscalía N° 3 dentro de esa jurisdicción.

Su función principal sería intervenir en causas vinculadas a violencia de género, incorporando una mirada especializada para la investigación y el abordaje de este tipo de hechos.

En los fundamentos del proyecto se destaca que la estructura judicial actual resulta insuficiente frente al crecimiento de las demandas que llegan a los tribunales.

"La población ha aumentado exponencialmente en los últimos 40 años y con ello también la judicialización de diversas causas", sostiene García en la iniciativa.

La legisladora recuerda además que la última fiscalía creada en Río Gallegos data de 1983, cuando se sancionó la Ley Provincial N° 1525.

Una de las cinco provincias sin fiscalías especializadas

El proyecto cita información del Ministerio Público Fiscal de la Nación que ubica a Santa Cruz entre las jurisdicciones que aún no cuentan con organismos especializados en esta materia.

"Santa Cruz es una de las cinco provincias que no cuenta con una Fiscalía especializada en Violencia de Género o similar", señala el texto.

Según la autora, esta situación genera una desventaja respecto de otras provincias que ya han incorporado estructuras específicas para investigar delitos y situaciones vinculadas con violencia contra las mujeres.

Más allá de la creación de una fiscalía específica, la diputada plantea que la iniciativa podría convertirse en el primer paso hacia un proceso más amplio de modernización del Ministerio Público Fiscal.

"Este proyecto de ley tiene como fin ser un puntapié inicial en la creación de fiscalías especializadas en distintas materias", expresa en los fundamentos.

La propuesta sostiene que la especialización permite mejorar la calidad de las investigaciones, optimizar recursos y brindar respuestas más rápidas y adecuadas a las víctimas.

Asimismo, considera que la nueva estructura contribuiría a aliviar la carga de trabajo que actualmente soportan las fiscalías existentes.

"La creación de una Fiscalía especializada en Violencia de Género contribuirá a descomprimir la función de las fiscalías ya existentes", señala el proyecto.

Entre los argumentos que respaldan la iniciativa se menciona la experiencia de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), creada en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

La autora destaca que este organismo fue concebido para "reforzar la actuación del Ministerio Público Fiscal en la prevención, investigación, sanción y erradicación de la violencia de género", y lo presenta como una referencia para avanzar en una estructura similar en Santa Cruz.

Qué establece el proyecto

La propuesta prevé que el Tribunal Superior de Justicia arbitre los mecanismos necesarios para poner en funcionamiento la nueva fiscalía dentro de los 90 días posteriores a la promulgación de la ley.

Además, faculta al Poder Ejecutivo Provincial a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar su funcionamiento.

Ahora el proyecto deberá atravesar el debate en las cuatro comisiones legislativas a las que fue girado antes de llegar nuevamente al recinto para su tratamiento definitivo.