Ahora Calafate
La diputada nacional Moira Lanesan Sancho (Unión por la Patria) llevó al Congreso de la Nación el conflicto entre el Gobierno de Santa Cruz y los municipios por las deudas con la Caja de Previsión Social (CPS). Mediante un proyecto de resolución, propone que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo provincial a abstenerse de avanzar sobre los fondos coparticipables de los municipios mientras el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no dicte una sentencia definitiva sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por la Municipalidad de Río Gallegos.
La presentación se produjo pocas semanas después de que el TSJ revocara la medida cautelar que impedía aplicar el artículo 22 de la Ley Provincial 1.782. Esa norma faculta a la Caja de Previsión Social a solicitar la retención de fondos coparticipables para cobrar deudas previsionales de los organismos comprendidos en el sistema.
Sin embargo, la resolución judicial no resolvió la cuestión de fondo, que es la constitucionalidad de ese mecanismo continúa siendo analizada en el expediente principal. Hasta el momento, el Gobierno provincial no aplicó retenciones sobre la coparticipación de ningún municipio.
Qué propone el proyecto
El proyecto de resolución exhorta al Gobierno de Santa Cruz a "abstenerse de avanzar sobre los fondos coparticipables propiedad de los municipios mientras se encuentre pendiente de resolución definitiva la acción de inconstitucionalidad", promovida por la Municipalidad de Río Gallegos.
La diputada, ex funcionaria municipal de la gestión de Pablo Grasso, solicita impulsar "una solución estructural y consensuada con los municipios que garantice tanto la sostenibilidad del sistema previsional como la autonomía municipal".
La iniciativa también dispone comunicar la resolución al Poder Ejecutivo provincial, al Tribunal Superior de Justicia, a la Municipalidad de Río Gallegos y al resto de los municipios y comisiones de fomento de Santa Cruz.
Los argumentos de Lanesan Sancho
En los fundamentos del proyecto al que accedió Ahora Calafate, la legisladora sostiene que el conflicto "excede lo local para transformarse en una cuestión de derecho federal", al entender que está en discusión el alcance de la autonomía económica y financiera de los municipios garantizada por la Constitución Nacional.
También afirma que la deuda que Provincia pretende recuperar mediante retenciones "no es un problema exclusivo" de Río Gallegos, sino "una situación estructural que alcanza a la totalidad de los municipios y comisiones de fomento de la Provincia de Santa Cruz desde hace más de tres décadas". Para respaldar esa afirmación cita la Ley Provincial N.º 2.263, sancionada en 1991, que ya contemplaba un régimen de verificación y consolidación de esas deudas.
Uno de los ejes centrales del proyecto cuestiona el mecanismo elegido para afrontar esa situación. Según expresa la diputada, "un problema de esta naturaleza y antigüedad pretenda resolverse hoy, treinta y cinco años después, mediante un mecanismo de retención unilateral aplicado en forma aislada sobre un solo municipio", lo que, a su criterio, "evidencia la falta de razonabilidad y equidad de la vía elegida por la Provincia".
Lanesan Sancho sostiene que la salida al conflicto debería surgir de una solución legislativa que permita "armonizar la sostenibilidad del sistema previsional provincial con el respeto infranqueable a la propiedad municipal sobre sus fondos de coparticipación".
El contexto del fallo
El 7 de julio, el Tribunal Superior de Justicia dejó sin efecto la medida cautelar que había obtenido la Municipalidad de Río Gallegos y que impedía aplicar el artículo 22 de la Ley 1.782. Esa decisión volvió a dejar operativo el mecanismo previsto por la norma para requerir retenciones de fondos coparticipables en caso de deudas previsionales con la Caja de Previsión Social.
No obstante, el propio Tribunal dejó expresado que la resolución no implica un pronunciamiento sobre el fondo del conflicto. La acción de inconstitucionalidad continúa en trámite y será esa sentencia la que determine finalmente si el mecanismo previsto en la ley resulta compatible con el régimen de autonomía municipal.
Tras conocerse el fallo, el Gobierno provincial convocó a los municipios para analizar la situación y avanzar en una negociación sobre las deudas previsionales. En esas reuniones, distintos intendentes plantearon la necesidad de discutir también las acreencias que los municipios tienen frente a la Provincia, con el objetivo de alcanzar un esquema de compensación que evite afectar las finanzas municipales.
