Quién le debe a quién: un proyecto que busca ordenar las cuentas entre Provincia y municipios

Imagen ilustrativa. IA Ahora Calafate

La discusión por las obligaciones que mantienen los municipios de Santa Cruz con organismos provinciales podría trasladarse también a la Legislatura. Un proyecto presentado por la diputada Karina Nieto (Unión por la Patria) propone crear un mecanismo extraordinario para poner sobre la mesa las cuentas de ambas partes, verificar deudas y acreencias y establecer finalmente quién le debe a quién.

El  Proyecto de Ley ingresó a la Cámara de Diputados tomó estado parlamentario en la sesión del jueves pasado. La iniciativa comenzará ahora su recorrido por las comisiones de Asuntos Constitucionales; Obras Públicas; Trabajo, Previsión y Seguridad Social; Asuntos Municipales; Presupuesto y Hacienda; y Legislación General.

Nieto, diputada oriunda de Río Turbio, propone la creación del denominado “Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas” (REOR) entre el Estado provincial, los municipios y las comisiones de fomento. Sería un procedimiento extraordinario, integral y por única vez, destinado al saneamiento de las deudas y acreencias existentes entre las partes.

Poner todas las cuentas sobre la mesa

El alcance previsto en el proyecto es amplio , ya que no se limita a las obligaciones previsionales que están actualmente en el centro de la discusión entre Provincia y municipios.

De acuerdo al texto al que accedió Ahora Calafate contempla obligaciones tributarias, financieras, económicas y patrimoniales, entre otras. Incluye aportes y contribuciones a organismos de la Seguridad Social, obligaciones derivadas de la coparticipación, transferencias, convenios de obras y servicios, asistencia financiera, retenciones efectuadas por Provincia, servicios prestados por los municipios y deudas tributarias municipales. También incorpora otras acreencias u obligaciones, aun cuando no estuvieran formalmente registradas.

La intención es que no se considere solamente lo que cada municipio adeuda al Estado provincial o sus organismos, sino también lo que cada comuna sostiene que Provincia le debe.

Para hacerlo, la iniciativa establece que, dentro de los 60 días posteriores a una eventual promulgación de la ley, Provincia y cada municipio o comisión de fomento deberían presentar un “Inventario de Obligaciones Recíprocas”. Allí tendrían que informar el tipo de obligación, monto, fecha de origen, documentación respaldatoria y eventual estado administrativo o judicial.

Una comisión para determinar quién le debe a quién

El proyecto propone además crear una Comisión Técnica de Verificación y Saneamiento, integrada por representantes de los ministerios de Gobierno y Economía, el Tribunal de Cuentas, los municipios y las comisiones de fomento.

Ese organismo tendría facultades para requerir documentación, auditar registros, estimar montos cuando la documentación resulte insuficiente y resolver controversias técnicas.

Diputada Karina Nieto (UPP) autora del proyecto de Ley

El resultado de ese trabajo sería uno de los puntos centrales de la iniciativa: determinar un “Saldo Neto Consolidado” para cada municipio o comisión de fomento.

La fórmula que establece el proyecto es sencilla: a las acreencias reconocidas al municipio se les restarían sus deudas. El resultado podría quedar a favor de Provincia o de la comuna. Una vez aprobado, las partes deberían celebrar un convenio bilateral para extinguir las obligaciones incorporadas al procedimiento.

Si después de la compensación quedara un saldo a favor del municipio, Provincia debería reconocerlo como crédito fiscal aplicable a futuras obligaciones provinciales. Si, en cambio, quedara un saldo a favor de Provincia, la comuna podría cancelarlo mediante un plan de hasta 60 cuotas, cesión de bienes, afectación de fondos específicos u otro mecanismo acordado entre las partes.

Un proyecto en medio de una negociación abierta

La iniciativa llega a la Legislatura en un momento particular. Desde julio, el Gobierno de Santa Cruz mantiene reuniones con municipios y comisiones de fomento a raíz de las obligaciones pendientes con la Caja de Previsión Social (CPS) y la Caja de Servicios Sociales (CSS).

El escenario adquirió mayor relevancia después de que el Tribunal Superior de Justicia revocara una medida cautelar que impedía aplicar el mecanismo previsto en la legislación previsional para retener fondos ante aportes impagos.

El fallo que reabrió una discusión histórica entre la Provincia y los municipios

Frente a ese escenario, Provincia abrió una instancia de diálogo y posteriormente puso en marcha mesas de trabajo individualizadas con municipios y comisiones de fomento, con la intención de analizar la situación financiera particular de cada localidad y encontrar mecanismos de regularización.

La discusión, sin embargo, no quedó limitada a las obligaciones que Provincia reclama a las comunas. Distintos municipios comenzaron a plantear que también mantienen acreencias frente al Estado provincial y sus organismos, y que esas cuentas deberían formar parte de cualquier acuerdo.

Es precisamente sobre esa realidad que el proyecto de Nieto propone establecer un procedimiento formal.

El planteo de El Calafate

El Calafate es uno de los municipios que llevó sus propias acreencias a la mesa de negociación. Como informó Ahora Calafate días atrás representantes municipales mantuvieron reuniones con funcionarios provinciales en las que presentaron documentación sobre obligaciones que, según sostiene la comuna, mantiene el Estado provincial y empresas públicas con el Municipio.

Entre los conceptos planteados aparecen inversiones realizadas por el Municipio en infraestructura y redes de servicios, obligaciones vinculadas con habilitaciones y tasas municipales y situaciones relacionadas con terrenos de propiedad municipal utilizados por organismos o empresas provinciales.

Provincia y El Calafate negocian cómo compensar las deudas y acreencias entre ambos

El planteo de El Calafate es que esas acreencias también sean analizadas al momento de discutir las obligaciones que se le reclaman.

Por ahora se trata de una negociación abierta. No existe un saldo definitivo y conciliado entre Provincia y El Calafate, razón por la cual los montos difundidos públicamente por distintas fuentes no permiten establecer con suficiente precisión cuánto corresponde finalmente a cada parte.

La propuesta que ahora ingresa al debate legislativo busca justamente establecer un procedimiento para resolver situaciones de este tipo.

“Obligaciones cruzadas”

En los fundamentos, Nieto sostiene que el objetivo es lograr el “saneamiento total de deudas y acreencias acumuladas entre ambos niveles de gobierno”, ordenar las cuentas públicas y establecer una nueva base para las relaciones financieras entre Provincia y municipios.

La diputada fundamenta la necesidad del régimen en lo que define como una “acumulación histórica de obligaciones cruzadas”, algunas de ellas heterogéneas, difíciles de rastrear y con registros incompletos.

Según expresa la diputada Nieto en su fundamentación, esta situación “genera incertidumbre, litigiosidad y obstáculos para la planificación fiscal seria y responsable de ambos niveles de Gobierno”. Por ello propone un mecanismo excepcional para extinguir las obligaciones reconocidas y reiniciar la relación financiera sobre nuevas bases.

El proyecto también plantea hacia adelante la creación de un Registro Único de Obligaciones Intergubernamentales, de acceso público, donde deberían quedar asentadas transferencias, convenios, retenciones, aportes a organismos de la Seguridad Social y cualquier otra obligación futura entre Provincia y municipios.

Suspender cobros y retenciones mientras se negocia

Otro de los puntos relevantes aparece en el artículo 14. La propuesta establece que, mientras se encuentre vigente el régimen y hasta que se determine el saldo consolidado o se celebren los correspondientes acuerdos bilaterales, queden suspendidas ejecuciones fiscales, embargos, inhibiciones, medidas cautelares y procedimientos de cobro iniciados por una parte contra la otra.

La suspensión alcanzaría también los procedimientos administrativos de determinación, intimación, ejecución o retención relacionados con las obligaciones incluidas en el régimen.

En sus fundamentos, Nieto sostiene que esta medida permitiría evitar que ejecuciones o retenciones alteren el inventario de obligaciones mientras se realiza el proceso y, al mismo tiempo, reducir la litigiosidad durante la negociación.

La iniciativa recién comienza ahora su camino legislativo y deberá atravesar seis comisiones antes de poder llegar al recinto. El debate permitirá conocer qué recepción encuentra entre los diferentes bloques y, fundamentalmente, si la Legislatura avanza en establecer por ley un mecanismo para una discusión que Provincia y municipios ya comenzaron por otra vía: determinar no solamente cuánto deben las comunas, sino también qué obligaciones mantiene el Estado provincial con ellas y cuál es, finalmente, el saldo entre ambas partes.