Guillermo Pérez Luque
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La Asociación de Guías de Santa Cruz (AGUISAC) se sumó a los cuestionamientos por el Decreto 915/2026, mediante el cual el Gobierno provincial habilitó de manera excepcional una operación con capitales extranjeros dentro del Área Natural Protegida Península Magallanes.
En un comunicado fechado el 24 de septiembre, la comisión directiva expresó su “rechazo y repudio” a la decisión del gobernador Claudio Vidal y cuestionó especialmente la falta de información pública y de participación de la comunidad de El Calafate.
“Promover y/o avalar la venta de nuestras áreas protegidas arbitrariamente a capitales extranjeros sin consulta ni consenso previo de la ciudadanía es vergonzoso e inaceptable”, señaló la entidad.
La postura de AGUISAC se suma a una serie de cuestionamientos que en los últimos días surgieron desde distintos sectores de El Calafate.
Como viene reflejando Ahora Calafate, empresarios turísticos, referentes vinculados históricamente a la protección de la península, autoridades locales y diputados provinciales reclamaron mayor información sobre el proyecto, los estudios ambientales y el procedimiento seguido por la Provincia.
El eje común de esas críticas pasa por conocer qué se pretende desarrollar, qué impacto tendría sobre el territorio y qué participación tendrá la comunidad de El Calafate en una decisión que afecta a una de las áreas más sensibles del destino.
Para la asociación, ese antecedente refuerza la necesidad de extremar los controles y garantizar la preservación del área.
La entidad sostuvo que Península Magallanes constituye un lugar estratégico para la conservación y que cualquier modificación de sus condiciones actuales debe ser analizada con especial cuidado.
Cuestionamientos por la falta de participación
Uno de los principales ejes del comunicado es la ausencia de consulta previa a la comunidad.
“¿Qué tipo de desarrollo turístico sustentable se pretende si no hay consulta ni participación previa ni información suficiente al pueblo aledaño afectado?”, plantean los guías de Turismo.
También se preguntan si el proyecto cuenta con la responsabilidad ambiental necesaria para promover turismo sustentable dentro de un área protegida de esa magnitud.
AGUISAC cuestionó cuál fue el criterio y la urgencia para dictar una excepción de este tipo “sin consenso social previo ni información ambiental completa a la población”.
El reclamo más concreto aparece en el cierre del comunicado. AGUISAC solicitó que se haga pública toda la información vinculada al proyecto y que, hasta tanto eso ocurra, “se suspenda la ejecución de cualquier acto u omisión que afecte y/o pueda afectar en lo inminente a la Reserva Provincial Península de Magallanes”.
También reclamó que los organismos competentes reconsideren la decisión y actúen dentro del marco constitucional y legal vigente.
