Ahora CalafateLa controversia por la operación inmobiliaria autorizada en Península de Magallanes volvió a estar presente este miércoles en El Calafate, esta vez durante la convocatoria realizada en defensa de la educación universitaria y otros reclamos que confluyeron en la jornada.
Entre las acciones desarrolladas se realizó una junta de firmas contra el Decreto provincial 915/2026, mediante el cual el Gobierno de Santa Cruz otorgó, “por única vez y con carácter estrictamente excepcional”, una excepción al Decreto 994/2017 para permitir la operación entre Lacustre del Sud S.A. y ASB Hospitality Calafate S.A.U., vinculada al proyecto turístico denominado Master Plan Ecocentro.
Allí estuvo el diputado provincial Carlos Alegría, representante de El Calafate, El Chaltén y Tres Lagos, quien es además uno de los legisladores que recurrieron a la Justicia Federal de Río Gallegos mediante un amparo y firmante de una iniciativa legislativa que busca dejar sin efecto el Decreto 915.
En diálogo con Ahora Calafate, Alegría sostuvo que la revisión del expediente administrativo todavía continúa y que, a su entender, quedan numerosos puntos que necesitan ser explicados.
“Estamos siguiendo con las investigaciones del expediente del decreto y lo que buscamos es seguir buscando claridad a este expediente que, por cierto, está bastante enredado”.
El legislador afirmó que una de sus principales objeciones está relacionada con los requisitos normativos que rodearon la autorización de la operación.
“Faltan muchísimas aclaraciones en cuanto a normativas que hay que cumplir y que hoy no están en este expediente, y nosotros necesitamos, en definitiva, saber para dónde van”.
La declaración se produce en momentos en que el Decreto 915 y las actuaciones administrativas que lo precedieron están siendo analizados tanto en el ámbito político como judicial.
Como viene informando Ahora Calafate, el decreto firmado el 1° de septiembre autorizó excepcionalmente una operación dentro del Área Natural Protegida Península de Magallanes. La compradora, ASB Hospitality Calafate S.A.U., es una sociedad argentina vinculada societariamente con capitales de Emiratos Árabes Unidos.
Desde el Gobierno provincial se sostiene que el procedimiento se realizó dentro de la normativa vigente, que la excepción se limita exclusivamente a esta operación y que el emprendimiento deberá respetar las disposiciones ambientales y territoriales aplicables.
Alegría, junto con otros diputados y el Centro de Estudios Estratégicos en Justicia y Sociedad (CEJUS), cuestionó esa interpretación ante la Justicia Federal.
Durante la entrevista, Alegría puso además el foco en otro aspecto que viene apareciendo reiteradamente desde que se conoció el decreto: qué participación tuvo El Calafate en una decisión vinculada directamente con Península de Magallanes y el entorno del Glaciar Perito Moreno.
“Principalmente creo que hay una preocupación porque en ningún momento se tuvo en cuenta a la localidad de El Calafate”. Y agregó: “Creo que somos los principales indicados para decir qué es lo que queremos con nuestros parques nacionales, con nuestras áreas reservadas”.
La falta de participación local es uno de los cuestionamientos que también fue expresado durante las últimas semanas por distintos sectores de El Calafate, que reclamaron mayor información sobre la operación, el proyecto previsto para el área y sus implicancias territoriales y ambientales.
Alegría interviene actualmente en dos vías diferentes contra el Decreto 915. Una es legislativa, mediante el proyecto que propone su derogación y el análisis de la documentación administrativa remitida a la Cámara de Diputados.
La otra es judicial. El diputado integra la presentación realizada ante el Juzgado Federal de Río Gallegos que solicita, entre otras cuestiones, una medida cautelar para evitar que la operación quede definitivamente consolidada mientras se analiza el fondo del planteo.
Ese amparo cobró además nueva relevancia después de que la Corte Suprema de Justicia suspendiera provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la Ley de Tierras Rurales. Como informó Ahora Calafate, esa resolución volvió a colocar en discusión los controles federales aplicables a adquisiciones de tierras rurales por capital extranjero.
Alegría relacionó durante la entrevista el reclamo local con la discusión nacional sobre la Ley de Tierras.
El diputado cuestionó la flexibilización de las restricciones para adquisiciones por capital extranjero y sostuvo que, tratándose de territorios vinculados con cursos de agua y paisajes naturales de especial relevancia, los procedimientos deben ofrecer garantías claras.
“Acá falta mucha claridad en cuanto a las leyes, en cuanto a todo lo que se objeta cuando se habla de venta de tierras a privados y sobre todo aledañas a ojos de agua, a ríos, a paisajes naturales”.
Mientras avanza el amparo en la Justicia Federal y continúa la discusión legislativa, el Decreto 915 permanece vigente. La controversia se concentra ahora en determinar si el procedimiento que permitió autorizar excepcionalmente la operación cumplió todos los requisitos aplicables y qué participación corresponde a El Calafate en decisiones sobre un territorio estrechamente vinculado con su principal atractivo natural y turístico.
