Península Magallanes. Diputados avanzan contra el decreto y reclaman más documentación al Gobierno

El proyecto de ley que busca derogar el Decreto 915/2026 del gobernador Claudio Vidal, mediante el cual se habilitó excepcionalmente una operación inmobiliaria dentro del Área Natural Protegida Península de Magallanes, obtuvo este martes  anteproyecto de despacho por unanimidad en la Comisión de Recursos Naturales de la Legislatura de Santa Cruz.

La decisión representa un avance respecto de lo ocurrido el 20 de octubre, cuando los diputados habían decidido mantener pendiente la iniciativa para solicitar documentación y escuchar explicaciones de los organismos provinciales involucrados.

Sin embargo, el presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Hugo Garay, no estuvo presente en la reunión, como tampoco el secretario de Estado de Ambiente. Este último remitió una nota, cuyo ingreso fue informado durante la comisión, en respuesta a la invitación que se le había cursado.

La ausencia de Garay cobra relevancia porque el propio funcionario había manifestado públicamente, apenas ocho días antes, su disposición a concurrir a la Legislatura para responder los cuestionamientos.

En declaraciones difundidas por el Gobierno provincial el 2 de noviembre, Garay había afirmado: “Estamos a la espera de que nos citen y estamos a disposición para dar las explicaciones técnicas, pero hasta ahora no nos han convocado”.

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Mientras tanto, los diputados resolvieron avanzar con el proyecto de derogación, aun cuando consideran que quedan aspectos del expediente que necesitan aclaraciones.

El proyecto 717/2026 propone no solamente derogar el Decreto 915, sino también declarar nulos los actos derivados de esa autorización, otorgar jerarquía de ley al Decreto 994/2017 y prohibir nuevas excepciones particulares que alteren las restricciones de dominio y conservación establecidas para Península de Magallanes.

Luego de obtener anteproyecto de despacho en Recursos Naturales, la iniciativa debe continuar su tratamiento en otras comisiones. La siguiente instancia prevista es Asuntos Municipales, y posteriormente deberá completar los restantes pasos parlamentarios antes de quedar en condiciones de llegar al recinto.

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Alegría cuestionó la legalidad de la excepción

El diputado por El Calafate, El Chaltén y Tres Lagos, Carlos Alegría, autor del proyecto 717/2026 junto con otros legisladores, realizó una extensa exposición en la que detalló sus objeciones al Decreto 915 y al procedimiento administrativo que permitió autorizar la transferencia de tierras.

La norma provincial establece una excepción, por única vez, al Decreto 994/2017, que restringe la adquisición de inmuebles en determinadas áreas protegidas por parte de extranjeros.

La autorización comprende una operación entre Lacustre del Sud S.A. y ASB Hospitality Calafate S.A.U., sociedad argentina cuyo capital pertenece a una empresa constituida en Emiratos Árabes Unidos. Los terrenos involucrados se encuentran dentro del Parque Provincial Península de Magallanes, frente al glaciar Perito Moreno.

Durante su exposición, Alegría recordó que el 23 de junio había enviado una nota al Consejo Agrario solicitando información sobre posibles desarrollos turísticos en áreas protegidas. Según afirmó, fue recibida al día siguiente, pero nunca obtuvo una respuesta.

El legislador lamentó que Garay y su equipo no estuvieran presentes para responder las preguntas y cuestionó la intervención del Ejecutivo en una compraventa entre privados. “Si era una cuestión de privados, ¿por qué se metió el Estado?”, preguntó.

Uno de sus principales argumentos fue que la excepción dispuesta mediante el Decreto 915 debe examinarse frente a las restricciones provinciales y nacionales sobre tierras rurales, particularmente cuando están involucradas sociedades vinculadas con capital extranjero, áreas protegidas y recursos hídricos.

Los cuestionamientos

Alegría sostuvo que la Península de Magallanes se encuentra comprendida dentro de una zona de seguridad de frontera y planteó que en el expediente administrativo no aparece la conformidad nacional previa que, según su interpretación, resultaría necesaria para concretar la operación.

También mencionó las disposiciones de la Ley Nacional 26.737 de Tierras Rurales, especialmente las restricciones vinculadas con inmuebles próximos a cuerpos de agua permanentes.

Otro de los aspectos abordados por Alegría fue la categorización ambiental del emprendimiento. Según sostuvo, en las actuaciones aparecen diferentes clasificaciones del proyecto, sin que estén suficientemente explicados los fundamentos técnicos de esos cambios.

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El expediente administrativo del denominado Master Plan Ecocentro efectivamente contiene antecedentes en los que se discutió la categoría ambiental correspondiente, debido a su emplazamiento dentro de una zona considerada vulnerable.

También existe una Declaración de Impacto Ambiental aprobada mediante la Disposición 003/SEA/2025.. La cuestión que Alegría pide precisar es qué características del emprendimiento fueron evaluadas, cuál fue su categorización definitiva y si los cambios posteriores en el diseño y la capacidad de alojamiento recibieron las autorizaciones correspondientes.

Durante su alocución, el diputado calafateño también cuestionó la ausencia de una audiencia pública específica sobre el proyecto.

Aunque el Plan de Manejo de Península de Magallanes tuvo instancias de participación ciudadana durante su elaboración, esa circunstancia no reemplaza necesariamente los mecanismos de consulta y evaluación aplicables a cada emprendimiento particular.

El Gobierno provincial, por su parte, sostiene que se cumplieron los procedimientos correspondientes y que el desarrollo turístico se ajusta a las condiciones establecidas para el área.

Las 24 cabañas, los bosques y los residuos

El diputado puso especial énfasis en las características del proyecto turístico, que contempla la construcción de 24 unidades de alojamiento, además de infraestructura de servicios, espacios comunes, accesos y senderos.

Advirtió sobre la presencia de bosques nativos y otros ambientes naturales en la zona, incluidos sectores de estepa y humedales.

La documentación administrativa contiene informes técnicos que identifican vegetación nativa en el lugar previsto para las instalaciones. También existen recomendaciones vinculadas con la prevención de incendios y el manejo de la cobertura vegetal.

Sin embargo, determinar si las obras propuestas afectan sectores donde están prohibidas determinadas intervenciones requiere contrastar los planos del proyecto con la cartografía oficial de bosques nativos y la zonificación del Plan de Manejo.

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Otro de los planteos de Alegría estuvo relacionado con el destino de los residuos que producirían las construcciones y el posterior funcionamiento del complejo turístico.

La documentación del emprendimiento contiene previsiones para el retiro y disposición de los materiales sobrantes de obra. Incluso menciona que serían trasladados a los sitios que indique la Municipalidad de El Calafate, pero Alegría manifestó que no encontró en el expediente un convenio con la Municipalidad para la recepción de esos residuos.

El Estado rechazó comprar los terrenos

Alegría también cuestionó el procedimiento mediante el cual la Provincia decidió no ejercer su derecho de preferencia para adquirir las tierras antes de que fueran transferidas a otra empresa.

El expediente registra que Lacustre del Sud ofreció el inmueble al Estado provincial por 3 millones de dólares, en cumplimiento del artículo 30 de la Ley 3466.

El Consejo Agrario comunicó que la Provincia no tenía interés en ejercer esa opción de compra. El legislador planteó dudas sobre la existencia de una evaluación técnica del valor solicitado y sobre las competencias de los organismos que intervinieron en esa decisión.

Este asunto también fue planteado recientemente por entidades turísticas de El Calafate, que solicitaron al Gobierno provincial reconsiderar la posibilidad de incorporar los terrenos al patrimonio público para garantizar su conservación.

Un nuevo pedido de documentación y otra convocatoria al CAP

Además del avance del proyecto derogatorio, la Comisión de Recursos Naturales dio despacho favorable al proyecto de resolución 778/2026, también presentado por Alegría.

La iniciativa solicita al Consejo Agrario Provincial que remita antecedentes complementarios y otras actuaciones que permitan esclarecer los fundamentos del Decreto 915 y de su posterior modificación mediante el Decreto 1019/2026.

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Este último corrigió la identificación de los terrenos comprendidos en la autorización excepcional, precisando que se trata de las parcelas G2 y G3, que suman aproximadamente 21 hectáreas.

Durante la reunión, Alegría señaló que algunas partes del expediente remitido a los diputados resultan ilegibles o presentan dificultades para seguir el orden de las actuaciones. Por esa razón solicitó disponer de documentación más clara y completa.

También se trató el proyecto de resolución 675/2026, presentado por el diputado Santiago Aberastain, que propone invitar al presidente del CAP y a su equipo técnico para que brinden explicaciones sobre el decreto. En ese marco se mencionó el 24 de noviembre como fecha para la convocatoria.

Por otra parte, se dio ingreso a la solicitud de vecinos de El Calafate que reclaman la conformación de la Comisión Investigadora de la Administración Pública para analizar el Decreto 915 y el expediente del Consejo Agrario. Ese planteo continúa su trámite en Asuntos Constitucionales, sin que hasta el momento se haya resuelto constituir la comisión investigadora.