La Cámara de Diputados suspendió a Basanta como vocal del Tribunal Superior de Justicia

La Sala Acusadora de la Cámara de Diputados de Santa Cruz resolvió este miércoles suspender a Fernando Basanta en su cargo de vocal del Tribunal Superior de Justicia. La medida se tomó por mayoría de votos y, mientras dure la suspensión, el magistrado percibirá el 50 por ciento de su sueldo.

La decisión forma parte del proceso de juicio político iniciado semanas atrás, luego de que el abogado Sergio Macagno presentara una denuncia formal en la Legislatura provincial. El planteo sostiene que Basanta no cumplía con uno de los requisitos constitucionales esenciales para ocupar el cargo: contar con al menos seis años de ejercicio de la profesión de abogado.

La presentación también incluyó señalamientos por presuntas irregularidades administrativas y posibles delitos encuadrados en los artículos 248, 249 y 253 del Código Penal Argentino, vinculados al incumplimiento de deberes y la inhabilidad moral. El expediente fue tomado por la Comisión Instructora, que elaboró un despacho recomendando la suspensión preventiva del funcionario judicial.

Con ese dictamen en mano, la Sala Acusadora —integrada por diputados provinciales— se reunió este viernes y resolvió avanzar en la suspensión. Según establece la Ley N° 13, que regula los juicios políticos en Santa Cruz, esta medida no implica una destitución, sino que se adopta para permitir que el proceso continúe en la Sala Juzgadora, donde los legisladores deberán analizar los cargos y determinar si corresponde la remoción definitiva de Basanta del Tribunal Superior de Justicia.

DOCUMENTO. El pedido de juicio político a Fernando Basanta

El caso se originó formalmente la semana pasada. Ahora Calafate dio a conocer la presentación del pedido de juicio político y los detalles mas importantes del documento en el que Macagno argumentaba que Basanta había sido designado primero como agente fiscal en 2019 y luego, en 2022, como vocal del máximo órgano judicial sin reunir la antigüedad profesional exigida por la Constitución y la Ley Orgánica de la Justicia.

Con la resolución adoptada ahora, el expediente pasa a una nueva etapa. En los próximos días se prevé que la Sala Juzgadora convoque a las partes para evaluar la documentación y escuchar los descargos correspondientes antes de emitir un dictamen final.

 

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