El tema de Península Magallanes estalló en la Legislatura: Diputados piden información urgente por el Decreto que firmó Vidal
La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó este jueves, por unanimidad de los 18 legisladores presentes, un pedido formal al Poder Ejecutivo para que remita toda la documentación relacionada con el Decreto 915/26, que habilitó de manera excepcional una operación con capitales extranjeros dentro del Área Natural Protegida Península Magallanes.
La resolución a la que accedió Ahora Calafate establece un plazo de 24 a 48 horas para que el Gobierno provincial envíe a la Legislatura el expediente completo del decreto y todas las actuaciones que pudieran existir en organismos de la administración centralizada, descentralizada y entes autárquicos.
El requerimiento incluye específicamente informes técnicos, dictámenes jurídicos, actas, estudios, consultas y cualquier otra documentación vinculada con la decisión.
La discusión comenzó a partir de una moción de privilegio presentada por la diputada Agostina Mora Doldan, quien planteó la necesidad de que la Legislatura conozca de manera urgente el contenido integral del expediente y pueda analizar el procedimiento que derivó en la firma del decreto.
A partir de allí intervinieron diputados de distintos bloques, entre ellos Piero Boffi, Carlos Alegría y Carlos Godoy.
Aunque con distintos matices, los legisladores coincidieron en que el debate no pasa por rechazar inversiones privadas, sino por determinar si la autorización respetó la normativa ambiental, las restricciones vinculadas a la extranjerización de tierras y los procedimientos de participación e información pública.
Uno de los puntos que atravesó el debate fue la falta de acceso público a documentación considerada clave.
Los diputados pidieron conocer el estudio de impacto ambiental, el alcance del denominado Master Plan Ecocentro, quiénes son los compradores, qué se pretende construir y cómo se encuadra la operación dentro del Plan de Manejo de Península Magallanes.
También surgieron cuestionamientos por la ausencia de información previa a la comunidad de El Calafate y por los mecanismos de participación ciudadana vinculados al procedimiento ambiental.
El diputado por El Calafate, Carlos Alegría, informó además que había solicitado información al Consejo Agrario Provincial el 23 de junio, sin haber recibido respuesta.
Durante la discusión hubo además pedidos para que el presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, concurra a la Cámara a explicar el procedimiento seguido y las actuaciones del organismo.
Ese planteo formó parte del debate parlamentario, aunque no quedó incorporado expresamente en el texto de la resolución aprobada, que se concentra en el pedido de documentación al Poder Ejecutivo.
La votación unánime dejó así planteada la primera respuesta institucional de la Legislatura frente a un decreto que, desde su publicación, generó cuestionamientos en El Calafate y trasladó el debate sobre Península Magallanes al ámbito provincial.