"HOY SE CUMPLEN 2 MESES DE VIVIR EN UN ASENTAMIENTO PRECARIO SIN ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES

En esta situación nos arrojó el propio Estado. Vivimos en un estado de vulnerabilidad social extrema que implica la grave restricción de otros derechos consagrados en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.

Toda esta situación debió ser puesta en conocimiento del Sr. Juez, Dr. Carlos O. Narvarte, fuimos ante el Poder Judicial luego de nuestro extenso y largo recorrido de reclamar y exigir por nuestros derechos a funcionarios públicos que nada han hecho para cumplir sus obligaciones y garantizar nuestros derechos.

La manera en cómo vivimos por culpa de quienes nos debieran representar, afecta severamente nuestra integridad psicofísica.

Tenemos derecho a que se respete nuestra dignidad personal e integridad física, todo lo que vemos vulnerado por el propio Estado al negarnos el acceso a una vivienda digna. El Estado tiene el deber legal de realizar acciones positivas para garantizar los derechos de los que nos priva y venimos reclamando hace muchos años.

En los asentamientos se tiene derecho al acceso y uso de servicios de infraestructura adecuada y de los espacios públicos sin discriminación por nuestra condición de vulnerabilidad, pero nada de esto se garantiza.

De todas las medidas que el Estado está obligado por Ley a adoptar, como por ejemplo, garantizar el derecho al acceso efectivo de una vivienda digna de carácter permanente, o de elaborar e implementar políticas públicas de vivienda, crear planes de construcción de viviendas que contemplen nuestra situación, SUCEDE TODO LO CONTRARIO.

OMISIÓN ESTATAL. EL ESTADO INCUMPLIDOR ES RESPONSABLE

El Estado solo nos quiere dar una respuesta desde su brazo represivo, vociferando una supuesta denuncia por usurpación, cuando no incurrimos en ningún delito.

Del Concejo Deliberante de El Chaltén salió una Resolución para amedrentarnos, como si nos hiciese falta más maltrato estatal, con la que exponen las causales para dar de baja a los expedientes que tramitan en la Municipalidad de El Chaltén para solicitar tierra fiscal. Dicen que es para informar, cuando es evidente que las intenciones que persiguen son las de intimidar y tratar de doblegar nuestro justo y legítimo reclamo. 

Pero no lo consiguieron, nosotros estamos reclamando un derecho constitucional, humano y esencial; y sabemos que es nuestro derecho poder continuar con el trámite para la obtención de un terreno.

Solamente intentaron generar confusión, asustar y amedrentar publicando sólo el artículo que refiere a la baja de los expedientes, si su intención hubiese sido de informar, de buena fe y de cumplir con sus obligaciones, debieran haber citado toda la Ordenanza N°184- 192/21 junto a su Anexo 1 de “Acceso a la Tierra Fiscal en el Chaltén”, y explicar además el motivo de darle difusión, cumpliendo así también su obligación de motivar y justificar sus decisiones.

En esta conducta estatal muy por fuera de la legalidad y razonabilidad, llegaron a afirmar en esa Resolución usurpación, violando así una garantía que tanta sangre a costado a lo largo de la historia, como es el “Principio de Inocencia”.

No contamos con información cierta, verdadera y detallada como lo exige nuestro derecho humano de acceso a la información pública, pareciera que lejos de dar transparencia y publicidad al procedimiento de adjudicación de suelo urbano, el municipio incurre en discrecionalidad e irregularidades en la instancia de validación de documentos.

Los funcionarios hoy eligen seguir sin adoptar ninguna medida concreta que garantice nuestros derechos y sostienen argumentos inválidos para intentar culpabilizarnos sin hacerse cargo de su falta de acción, queriendo desvirtuar una lucha que viene desde hace más de 10 años. Un tema del que siempre tuvieron conocimiento y debieron intervenir hace rato.

El invierno comenzó y los vecinos lo sobrellevan con autogestión y como pueden ya que desde las áreas municipales, a las cuales les corresponde generar el abastecimiento de gas y leña, no lo hacen. 

Pareciera que estos funcionarios se congelaron con la primera escarcha, y se mantienen así con estas temperaturas que rondan los -10° bajo cero, así como se congeló también su empatía hacia la comunidad, olvidándose que esos suministros son esenciales e imprescindibles para nuestra calefacción y ES SU DEBER LEGAL PROVEERLOS Y GARANTIZARLOS, de lo contrario incurrirían en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y al Estado en responsabilidad internacional (art. 75, inc. 22 CN).

Pero antes de generar los medios necesarios para resolver esto, conforme a derecho, de manera integral, inclusiva, participativa, etc., eligen gastar recursos y energías en aparentes amenazas de intervención familiar. 

Como no pudieron con nuestros expedientes, apelan a la manera más vil del ser humano que es amenazarnos con nuestros hijos, pasando muy por alto otro mandato legal que prohíbe separar un grupo familiar por cuestiones socioeconómicas. Cuando saben bien, que nos arrojaron a este asentamiento porque no tenemos tierras, donde apoyar nuestras casas, medidas que eviten los desalojos cuando cumplimos con toda regularidad con el pago de un alquiler, etc. 

La lesión de nuestros derechos fueron expuestos frente a ellos, solicitando que intervengan con toda urgencia para prevenir desalojos, poner freno a los alquileres exorbitantes, por el subsidio de un tubo de gas o en la gestión de búsqueda de leña, ahí su respuesta siempre fue que nada podían hacer, teniendo el deber de hacerlo.

EL AMPARO

Hace un mes, el 23/05/2022, después de agotar todas las medidas administrativas a nuestro alcance, reclamando de manera incansable, presentamos una acción de amparo colectivo reclamando 19 familias por iguales derechos: a la vida adecuada, vivienda digna, entre otros.

Esta acción que se supone expedita, o sea, rápida y que desde que la presentamos el Juez tenía 2 días para decir si la admitía o no, se demoró 22 días de corrido para resolver si le daba trámite o no.

Y estos 22 días, el expediente judicial estuvo teñido de ciertas irregularidades. Y de participaciones por lo menos desprolijas. Y cuando el juez decide expedirse (ya fuera de termino) lo hace rechazando nuestra acción de amparo, justificándose que no hay homogeneidad en nuestro reclamo, cuándo todos pedimos principalmente por el acceso a una vivienda digna (art. 14 y 75 inc. 22 de la CN), y que como ya lo sabe el juez, al ver amenazado un derecho humano, vemos lesionados otros más, porque los derechos humanos son interdependientes, todo lo que fue extendidamente explicado y fundamentado por nuestra situación de hecho, la realidad que vivimos adversa y en las leyes que nos amparan.

O sea, que otra vez nos encontramos frente a un Estado, esta vez desde su poder judicial, que decide hacer caso omiso de nuestra situación de emergencia y que pareciera elegir participar también del juego de la política y del poder públicos que nos trajo hoy hasta esta situación de máxima vulnerabilidad.

Recién decide expedirse el Juez y rechazar la posibilidad y negar nuestros derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva que tenemos los ciudadanos, y pareciera que tampoco podemos contar con el poder judicial, cuando el legislativo y el ejecutivo nos dejan excluidos, y al tratarse de derechos humanos OPERATIVOS, el Juez no tenía más que analizar el caso, pedir la información necesaria a los órganos estatales administrativos para diseñar una solución que efectivice nuestros derechos que el mismo Estado viola.

Mientras tanto en El Chaltén hoy hay 30 familias que fueron notificadas indebidamente de que serán desalojadas de sus alquileres y no por falta de pago, sino porque el destino de esas 30 viviendas es que serán demolidas para la construcción de un nuevo complejo hotelero, sumándose así otros vecinos a esta situación de falta de un techo digno.

Hemos interpuesto un recurso a la resolución del Juez para que considere su decisión, para que nos garantice derechos frente al poder estatal, para que nos proteja, para que nos devuelva las condiciones de personas humanas con derechos, que trabajamos a diario para que nuestro querido y hermoso pueblo se siga desarrollando, nuestros hijos juegan acá, van a la escuela y están viviendo en medio de toda esta incertidumbre, de la que ningún poder del Estado hasta ahora cumplió con sus deberes emanados de la propia Constitución para garantizarnos una vida adecuada, en igualdad, sin discriminación y con plena vigencia de nuestros derechos humanos.

SUSPENSIÓN DE GRANDES CONSTRUCCIONES

Destacamos y celebramos la aprobación por mayoría en el HCD de la suspensión de las grandes construcciones de nuevos emprendimientos turísticos así como la suspensión de las nuevas habilitaciones de unidades habitacionales para alquileres diarios.

Aunque está decisión sea sólo aceptada por la mayoría de los ediles, siendo los mismos de siempre con nombre y apellido quienes se oponen privilegiando solo a un sector y defendiendo el incremento de desigualdad social en la localidad, pero sabemos que todavía las medidas no están destinadas a solucionar nuestro problema de fondo.

Mientras tanto nosotros seguimos firmes con nuestro reclamo judicial, esperando a que sean reconocidos y garantizados nuestros derechos y es en este sentido que hemos planteado al juez que revea su decisión, estamos a la espera de su respuesta mientras seguimos sumando días a nuestra situación de riesgo".