Guillermo Pérez Luque
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El Concejo Deliberante de El Chaltén resolvió derogar de manera total la Ordenanza 262, aprobada en marzo de este año, que había establecido la suspensión de nuevas habilitaciones comerciales y ampliaciones en los rubros de alojamiento y gastronomía, así como también la suspensión de permisos de obra vinculados a esas actividades.
La decisión se adoptó en la sesión ordinaria del jueves 11 de diciembre, luego de un extenso y profundo debate, y se definió por tres votos contra dos. Votaron a favor de la derogación el concejal Ignacio Moreno Hueyo, junto a Estefanía Leyes y Carlos Ticó. En tanto, se pronunciaron en contra la presidenta del cuerpo, Elizabeth Romanelli, autora del proyecto original, y el concejal Heber Zella.
La ordenanza había nacido en un contexto de fuerte preocupación por la saturación de los servicios básicos, el impacto ambiental y la crisis habitacional que atraviesa la localidad. Sin embargo, desde su aprobación generó polémica y resistencias en distintos sectores de la comunidad, especialmente entre emprendedores y pequeños comerciantes, quienes advirtieron sobre las consecuencias económicas y jurídicas de la medida.
Ignacio Moreno Hueyo recordó que desde el primer momento votó en contra de la norma, al considerarla contraria a principios constitucionales como la libertad de comercio, el ejercicio de la actividad lícita y el derecho de propiedad.
En el recinto, sostuvo que el debate dejó de ser una discusión teórica para transformarse en un problema concreto para vecinos de distintos rubros.
“No estamos hablando de una abstracción constitucional, sino de personas reales que se vieron afectadas”, señaló, y calificó la ordenanza como “desproporcionada”, al entender que nunca se probó fehacientemente que nuevas habilitaciones fueran la causa directa de la crisis en los servicios. “Es matar un mosquito con una bazuca”, resumió.
Quien se opuso a la derogación, Heber Zella (UP) defendió el espíritu original de la norma y cuestionó su aplicación por parte del Ejecutivo municipal.
Afirmó que la ordenanza fue “mal usada” de manera intencional por el Ejecutivo, para bloquear incluso ampliaciones de viviendas familiares, algo que en ningun momento dice la ordenanza 262. De esta manera y segpún Zella, se generaban reacciones negativas contra la norma que buscaba “frenar un poco” el crecimiento hasta tanto se resolvieran problemas estructurales como la cloaca, la basura y otros pasivos ambientales. “No estamos en contra del progreso, pero sí de que se siga empeorando la situación ambiental y social”, expresó.
En la misma línea, Elizabeth Romanelli remarcó que la ordenanza tenía carácter precautorio y una duración limitada a un año, con el objetivo de forzar inversiones en infraestructura esencial y promover un reordenamiento urbano.
La presidenta del cuerpo advirtió sobre la saturación de los servicios como el gas, la electricidad y el agua, y defendió la prioridad ambiental. También fue crítica del accionar del Ejecutivo, al que acusó de excederse en sus atribuciones mediante vetos parciales con textos alternativos que, a su entender, desvirtuaron el espíritu de la norma. “Los vetos fueron un mamarracho jurídico”, afirmó.
Por su parte, Estefanía Leyes reconoció que el proyecto original respondió a un contexto específico de saturación de servicios, pero admitió que la prolongación del conflicto, las modificaciones sucesivas y la cercanía del vencimiento natural de la ordenanza hacían razonable avanzar en su derogación.
Acompañó la decisión con el compromiso de trabajar en un nuevo instrumento normativo, basado en informes actualizados de Servicios Públicos y en la evolución de las obras de infraestructura en marcha.
Carlos Ticó coincidió en que la ordenanza tenía “grises” y que, si bien cumplió un rol de presión para que se avanzara en soluciones, como las obras en la planta cloacal, mejoras en gas y agua, hoy se volvió una herramienta ineficaz.
Propuso de cara al futuro, una normativa más acotada y clara, centrada en exigir factibilidad de servicios para habilitaciones de mayor envergadura, evitando que nuevos emprendimientos perjudiquen a los vecinos ya radicados.
Con la derogación de la Ordenanza 262, El Chaltén cierra un capítulo que marcó buena parte del debate político local durante 2025. El desafío que queda por delante será encontrar un equilibrio entre el crecimiento económico, la protección ambiental y la capacidad real de los servicios, una discusión que, lejos de agotarse, promete reabrirse con nuevas herramientas legislativas.
