Tras meses de debate, vetos y cuestionamientos de emprendedores, el cuerpo deliberativo decidió dejar sin efecto la Ordenanza 262, que había frenado nuevas habilitaciones y ampliaciones en los rubros de alojamiento y gastronomía. La decisión se tomó por mayoría en la sesión del jueves, con fuertes cruces sobre constitucionalidad, ambiente y servicios básicos.
El Chaltén15/12/2025
Guillermo Pérez Luque
Imagen Ilustrativa
El Concejo Deliberante de El Chaltén resolvió derogar de manera total la Ordenanza 262, aprobada en marzo de este año, que había establecido la suspensión de nuevas habilitaciones comerciales y ampliaciones en los rubros de alojamiento y gastronomía, así como también la suspensión de permisos de obra vinculados a esas actividades.
La decisión se adoptó en la sesión ordinaria del jueves 11 de diciembre, luego de un extenso y profundo debate, y se definió por tres votos contra dos. Votaron a favor de la derogación el concejal Ignacio Moreno Hueyo, junto a Estefanía Leyes y Carlos Ticó. En tanto, se pronunciaron en contra la presidenta del cuerpo, Elizabeth Romanelli, autora del proyecto original, y el concejal Heber Zella.
La ordenanza había nacido en un contexto de fuerte preocupación por la saturación de los servicios básicos, el impacto ambiental y la crisis habitacional que atraviesa la localidad. Sin embargo, desde su aprobación generó polémica y resistencias en distintos sectores de la comunidad, especialmente entre emprendedores y pequeños comerciantes, quienes advirtieron sobre las consecuencias económicas y jurídicas de la medida.
Ignacio Moreno Hueyo recordó que desde el primer momento votó en contra de la norma, al considerarla contraria a principios constitucionales como la libertad de comercio, el ejercicio de la actividad lícita y el derecho de propiedad.
En el recinto, sostuvo que el debate dejó de ser una discusión teórica para transformarse en un problema concreto para vecinos de distintos rubros.
“No estamos hablando de una abstracción constitucional, sino de personas reales que se vieron afectadas”, señaló, y calificó la ordenanza como “desproporcionada”, al entender que nunca se probó fehacientemente que nuevas habilitaciones fueran la causa directa de la crisis en los servicios. “Es matar un mosquito con una bazuca”, resumió.
Quien se opuso a la derogación, Heber Zella (UP) defendió el espíritu original de la norma y cuestionó su aplicación por parte del Ejecutivo municipal.
Afirmó que la ordenanza fue “mal usada” de manera intencional por el Ejecutivo, para bloquear incluso ampliaciones de viviendas familiares, algo que en ningun momento dice la ordenanza 262. De esta manera y segpún Zella, se generaban reacciones negativas contra la norma que buscaba “frenar un poco” el crecimiento hasta tanto se resolvieran problemas estructurales como la cloaca, la basura y otros pasivos ambientales. “No estamos en contra del progreso, pero sí de que se siga empeorando la situación ambiental y social”, expresó.
En la misma línea, Elizabeth Romanelli remarcó que la ordenanza tenía carácter precautorio y una duración limitada a un año, con el objetivo de forzar inversiones en infraestructura esencial y promover un reordenamiento urbano.
La presidenta del cuerpo advirtió sobre la saturación de los servicios como el gas, la electricidad y el agua, y defendió la prioridad ambiental. También fue crítica del accionar del Ejecutivo, al que acusó de excederse en sus atribuciones mediante vetos parciales con textos alternativos que, a su entender, desvirtuaron el espíritu de la norma. “Los vetos fueron un mamarracho jurídico”, afirmó.
Por su parte, Estefanía Leyes reconoció que el proyecto original respondió a un contexto específico de saturación de servicios, pero admitió que la prolongación del conflicto, las modificaciones sucesivas y la cercanía del vencimiento natural de la ordenanza hacían razonable avanzar en su derogación.
Acompañó la decisión con el compromiso de trabajar en un nuevo instrumento normativo, basado en informes actualizados de Servicios Públicos y en la evolución de las obras de infraestructura en marcha.
Carlos Ticó coincidió en que la ordenanza tenía “grises” y que, si bien cumplió un rol de presión para que se avanzara en soluciones, como las obras en la planta cloacal, mejoras en gas y agua, hoy se volvió una herramienta ineficaz.
Propuso de cara al futuro, una normativa más acotada y clara, centrada en exigir factibilidad de servicios para habilitaciones de mayor envergadura, evitando que nuevos emprendimientos perjudiquen a los vecinos ya radicados.
Con la derogación de la Ordenanza 262, El Chaltén cierra un capítulo que marcó buena parte del debate político local durante 2025. El desafío que queda por delante será encontrar un equilibrio entre el crecimiento económico, la protección ambiental y la capacidad real de los servicios, una discusión que, lejos de agotarse, promete reabrirse con nuevas herramientas legislativas.
El objetivo de recaudar 1.4 millones de pesos se alcanzó en pocos días y permitirá afrontar los costos de la continuidad de la causa judicial contra la apertura de un sendero vehicular en la Zona Norte del Parque Nacional Los Glaciares. La presentación ante la Corte Suprema de Justicia deberá realizarse antes del 19 de diciembre.
Concejales aprobaron por unanimidad un pedido de informes ante la interrupción repentina del servicio de telefonía fija y el pasivo ambiental que permanece en la vía pública, con postes y cableado en desuso, que representan riesgos y afectan el paisaje urbano.
El emblemático cerro símbolo natural de El Chaltén y de la Patagonia austral, recibió oficialmente el reconocimiento internacional como “Montaña Turística de Fama Mundial”, una distinción otorgada por la Alianza Internacional de Turismo de Montaña (IMTA). El acto se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Día Internacional de las Montañas, que se conmemora cada 11 de diciembre por iniciativa de las Naciones Unidas.
A través de un comunicado, el Consejo de Administración remarcó su colaboración total con la Justicia y señaló que la denuncia surgió de manera anónima respecto de ex autoridades que ya no forman parte del organismo.
En la noche de este sábado quedó inaugurada la bicisenda que rinde homenaje a Aldo Aciar, pionero y referente del ciclismo de El Calafate.
La presentación hecha por las familias pretendía que la Justicia ordene al organismo educativo que restablezca la subvención quitada al colegio en octubre de 2024, y repuesta en marzo de este año, pero por un monto mucho menor y en formato de subsidio. Una conjueza del Juzgado de El Calafate consideró que el reclamo excede el marco de una acción de amparo, aunque exhortó al Consejo Provincial de Educación y a la institución a priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
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El hecho fue denunciado ayer sábado alrededor de las 19:30 en una casa ubicada sobre la calle José Formenti, a unos 200 metros de la Comisaría Primera de El Calafate. No hay sospechosos identificados y la investigación continúa.
