Guillermo Pérez Luque
El reclamo de una madre por saber dónde se encuentra su hija, una joven con condición de autismo, tuvo una derivación inesperada y a la vez lamentable.
El sábado Ahora Calafate publicó declaraciones de Marina, quien expresó desconocer donde está Justina, su hija de 21 años, que fue trasladada a Río Gallegos para una evaluación psicológica.
Luego de eso nada más supieron los padres sobre su hija. Extraoficialmente les dijeron que estaba en la capital provincial, pero no en qué institución, cuál es su estado y cuál será su tratamiento ni por cuanto tiempo.
“En este momento está desaparecida”, exclamó Marina ayer. “No hay nada en el expediente más que la cédula que dice que va a la pericia. La pericia la cumplió, el resto se desconoce. Por eso estamos desesperados y la estamos buscando”.
Semanas atrás Pablo y Marina (los padres) explicaron en una entrevista a FM Dimensión que a comienzos de julio el juzgado les ordenó una restricción de acercamiento a su hija, y lo mismo hizo a la hermana. También que debían “abstenerse de mantener comunicación por cualquier vía con Justina”. La medida que en principio era por un mes, se extendió por dos meses más y continua vigente.
ENTREVISTA PUBLICADA el 17 de AGOSTO
“Pero de ninguna manera eso significa que no se le tenga que informar a los padres sobre el estado de salud de su hija. Ya sea en forma directa o a través de su representante legal.”, dice el Dr. Raúl Cardozo, actual abogado de Pablo y Marina. “Ellos no pueden verla y hablarle por orden judicial, pero tienen todo el derecho a saber dónde y cómo está su hija”.
Cuando un caso se judicializa se abre un expediente donde constan por escrito todas las actuaciones que se ordenan desde el Juzgado y el accionar de las partes involucradas. El último documento es el que ordena el traslado a Río Gallegos para una realizar la evaluación.
COMUNICADO MORDAZA
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Para peor ayer domingo en las redes sociales del Hospital SAMIC se publicó un comunicado, que no lleva ninguna firma de alguien que se haga responsable de lo que se afirma. Indicaron que la joven “está participando de un dispositivo interdisciplinario e intersectorial para su salud mental y bienestar social”. O sea, la comunidad se enteró de algo antes que los propios padres.
Además el comunicado busca amedrentar y acallar el tema, diciendo que iniciará acciones legales contra todas las personas físicas o jurídicas y también medios que hayan hablado del caso y difamado el accionar profesional del hospital.
Y por último afirma que el desconocimiento que manifiesta la madre sobre el paradero de su hija “se debe a una medida judicial de la cual ellos están notificados y por la cual no deben recibir esa información”. Algo que NO ES CIERTO.
“Existe y está vigente una orden concreta del Juzgado al Hospital para que vaya informando a la familia sobre el estado de salud de su hija”, dice Cardozo consultado por Ahora Calafate.
El abogado dijo que “todo este escándalo se generó y creció debido a que nadie se puso en el lugar de una madre y un padre, que lo único que quieren saber es donde está su hija y cómo se encuentra”.
“Los padres están respetando las restricciones que le impuso la justicia – agregó. Pero… imagínense si a ustedes les niegan toda información sobre donde está tu hija. ¿Ustedes qué harían?”, preguntó.
EL DOCUMENTO
NdR: El documento está disponible para cualquier medio que quiera reproducirlo, y evitar así caer en desinformaciones
El oficio enviado desde el Juzgado de Familia al servicio de Salud Mental fue enviado el 19 de agosto pasado, 8 días después de la orden de restricción de acercamiento, y tres días después que los padres hicieran público el primer reclamo por información sobre el estado de salud de su hija.
El oficio firmado por el Conjuez Esteban Ariztizábal, intima a la Jefa del Servicio para que eleve, en el plazo tres días, “el protocolo de internación, diagnóstico y tratamiento” de la joven.
Además dice que “deberá también instar un espacio de comunicación con la familia de Justina, a fin de hacerle saber sobre el estado de salud de esta última”.
El Hospital no solo incumplió con esta orden judicial, sino que además comunica pública y erróneamente que los familiares “no deben recibir esta comunicación”.
