El gobierno nacional finalmente procedió a liquidar el fideicomiso que se armó para administrar los fondos de la Ley Nº 25.422 para la recuperación de la ganadería ovina, que fue sancionada en 2001 y extendida en 2021 por la Ley Nº 27.646.
Actualidad02/08/2024 Bichos de Campo
“Se ha decidido cerrar el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina. Este fondo manejaba 3000 millones de pesos por año sin ningún tipo de transparencia. Desde su creación (hace ya más de 20 años) tampoco se pudieron verificar mejoras en el sector”, indicó anoche el vocero presidencial Manuel Adorni.
La medida, instrumentada por medio de la resolución 650/2023, no sorprendió a los integrantes del sector porque esa decisión ya había sido adelantada a dirigentes agropecuarios patagónicos y en lo que va del presente año el gobierno no había habilitado ningún pago asociado al fondo fiduciario ovino.
El pasado 3 de mayo Enrique Jamieson y Leandro Ballerini, presidentes de las sociedad rurales de Río Gallegos y de Bariloche, respectivamente, junto a Osvaldo Luján, vicepresidente de la de Comodoro Rivadavia, viajaron a la ciudad de Buenos Aires para reunirse con el secretario de Agricultura de facto Juan Pazo.
En la reunión, organizada por el titular de la Sociedad Rural (SRA), Nicolás Pino, Pazo fue más que claro al informar que no había ninguna intención por parte del gobierno de continuar con los subsidios y aportes reintegrables destinados al sector ovino.
La Ley Nº 27.646 establece que el presupuesto de la Administración Pública nacional debe asignar todos los años 850 millones de pesos al fondo fiduciario ovino, algo que, a partir de ahora, será interrumpido.
La resolución 650/2023 indica que los fondos remanentes y por cobrar de ese instrumento serán derivados a una cuenta específica del Banco Nación (BNA), aunque no detalla qué destino se les dará a los mismos.
El fondo ovino distribuía, a partir de delegados provinciales, aportes no reintegrables (ANR) a agricultores familiares, mientras que el resto de los beneficiarios podían recibir aportes reintegrables (AR) para financiar proyectos de inversión, los cuales se retornaban a valor nominal en cinco años en cuotas iguales sin interés y con dos años de gracia (en los hechos, también eran subsidios).
A comienzos de marzo pasado presidente Javier Milei ordenó auditar todos los fondos fiduciarios gestionados por la administración pública nacional con el propósito inicial de detectar eventuales irregularidades.
Por medio del decreto 215/2024, Milei designó al Ministerio de Economía como fiduciante de los 27 los fondos fiduciarios que gestiona el Estado nacional (ahora 26) y determinó un plazo de 60 días corridos –prorrogables por otros 60 días más– para realizar una auditoría integral de los fondos fiduciarios.
Si bien el plazo está más que cumplido, los resultados de la auditoría no fueron informados por el gobierno; se trata de información que resulta clave para poder afirmar, como hizo Adorni, que el fondo ovino se manejó “sin ningún tipo de transparencia”.
En el último listado publicado de beneficiario del fideicomiso ovino, correspondiente a asignaciones de aportes realizados en 2023, aparecen personas, empresas agropecuarias, asociaciones de productores, comunidades aborígenes, cabañas, frigoríficos, universidades, municipios y también hasta fideicomisos.
La semana pasada el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, había viajado a Santa Cruz, provincia que se encuentra en emergencia climática y productiva, para verificar la ayuda a esa provincia por 500 millones de pesos en concepto de combustibles y alimento para ganado en el marco de un plan de ayuda total para la Patagonia del orden de 1300 millones de pesos.
Por Bichos de Campo
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