La decisión de YPF de concentrar sus esfuerzos en Vaca Muerta, Neuquén, llevó a la petrolera nacional a retirar la totalidad de sus activos en varias provincias, incluida Santa Cruz. Ante la imposibilidad de acuerdos privados por cuestiones de pasivos ambientales, la provincia tomó las riendas.
Pasivos Ambientales
Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es la resolución de la situación de los pasivos ambientales. Según el Ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, se logó "generar un precedente a nivel nacional de cómo se iban a resolver, cuál era la responsabilidad de estos pasivos". YPF, con un estudio a cargo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), determinará el alcance de estos pasivos en un plazo de 180 días y tendrá un lapso de cinco años para su saneamiento. "Esto es una cuestión única que hizo Santa Cruz y que genera un precedente a nivel nacional. Eso es importantísimo", enfatizó el ministro. Además, YPF se quedará con seis equipos de abandono, trabajando durante cinco años en las perforaciones y el saneamiento de los pasivos ambientales, lo que representa una fuente de trabajo en sí misma.
Licitación y nuevas inversiones
Con la cesión de las diez concesiones del flanco norte y la concesión de transporte asociado, FOMICRUZ S.E. asumirá la tarea de licitar estas áreas en los próximos días. El objetivo es claro: "que la empresa vuelva nuevamente a ponerlas en valor y licitarlas también, es un proceso que está marcando una referencia", señaló el entrevistado, quien mencionó que Tierra del Fuego atraviesa un proceso similar.
Se espera la llegada de "nuevas empresas, empresas continuadoras, que inviertan en la provincia, que pongan en estado operativo, que mejoren la producción en estos crecimientos, que se estabilice el flanco norte del territorio". El ministro reveló que el grupo de empresas que ya venía dialogando con YPF, y que no pudo llegar a un acuerdo por los pasivos, "estaría presentando una propuesta superadora a Santa Cruz en los próximos días".
Inyección de fondos y desafíos provinciales
El acuerdo con YPF contempla un ingreso de 200 millones de dólares por responsabilidad social empresaria, de los cuales el 70% ingresará en las próximas dos semanas. Si bien este monto es "un número importante", Álvarez fue enfático al señalar que "no alcanza a cubrir todos los requerimientos que la provincia de Santa Cruz tiene, y menos en el tiempo adecuado, cuando el ingreso es por única vez y las mejoras salariales son todos los meses".
El Futuro Energético
El Ministerio de Energía y Minería, como entidad de contralor, comenzará a realizar inspecciones en los aspectos ambientales e hidrocarburíferos. Álvarez subrayó la importancia de la inversión privada, y el trabajo genuino para estabilizar los diferentes sectores de la economía. En cuanto a los trabajadores petroleros que optaron por el retiro voluntario de YPF, el ministro se mostró optimista: "Es muy probable que esto ocurra. Tenemos que, no solamente estabilizar los puestos de trabajo actuales, van a haber más equipos de torres, más equipos de pulling, más equipos de workover, va a haber más perforación".
El titular del ministerio energético definió a Santa Cruz como "energía". Describió un futuro donde la provincia se consolida como un polo energético, no solo por sus 81 años de producción de petróleo y gas, sino también por el potencial de sus vientos para generar energía eléctrica e hidrógeno, la formación Palermo-Aike con reservas no convencionales que podrían ser "nuestra Vaca Muerta", y la posibilidad de generar energía mareomotriz y turbinar sus ríos. "Santa Cruz es energía porque tiene el mejor viento del mundo, para producir energía eléctrica e inyectarla a la línea, o ser transformados en hidrógeno para que a través de barcos vayan al resto del mundo", concluyó Álvarez.
La expectativa es que la llegada de nuevas inversiones y la reactivación de los yacimientos no solo impulsan la producción y los ingresos para la provincia, sino que también generan un impacto positivo en el empleo, y en la mejora de la infraestructura y los servicios públicos.
