Guillermo Pérez Luque
"La Agencia Nacional de Seguridad Vial no trata de infraestructura vial, ya que eso le corresponde a la Dirección Nacional de Vialidad, sino de funciones específicas relacionadas con la prevención, control y acompañamiento a las víctimas", comenzó aclarando.
La ANSV fue creada en 2008 mediante la Ley 26.363, en respuesta a una alarmante tasa de siniestralidad vial en Argentina. De acuerdo con registros internacionales, nuestro país figura entre los que tienen mayor mortalidad en accidentes de tránsito en la región y el mundo.
La agencia surgió tras la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia en Washington, en 2005, por la alta cantidad de víctimas en siniestros viales, en gran parte atribuibles a la falta de políticas efectivas y coordinación en el control del tránsito.
Su financiamiento provenía principalmente del 1% de las primas de seguros, un monto que, según Winckler, ahora sería transferido al Ministerio de Economía y, en teoría, redistribuido a las jurisdicciones. La preocupación es que, sin un marco transparente y sin una ley que establezca claramente el destino de estos fondos, existe el riesgo de que estos recursos no beneficien directamente a las políticas de seguridad vial y la atención a las víctimas.
El impacto de la disolución
El decreto firmado por Milei disuelve la ANSV y transfiere algunas funciones, como la fiscalización vehicular en rutas nacionales, a la Gendarmería Nacional. Sin embargo, otras funciones vitales —como la asistencia a víctimas, el observatorio vial, la educación y reeducación, y el apoyo psicológico y legal— no están claramente definidas en el decreto, lo que genera incertidumbre y alarma entre familiares de víctimas y profesionales del sector.
"Nosotros, las familias de las víctimas, somos los principales críticos de la agencia, pero en realidad reconociendo sus falencias —que las tuvieron—, estábamos trabajando para mejorarla. Disolverla sin un plan claro pone en riesgo vidas humanas", advirtió Winckler.
La lucha de las víctimas y la situación actual
"Cuando falleció mi hijo, en Vera, Santa Fe, hace tres años, la única organización nacional que nos brindó apoyo fue la ANSV, a través de su oficina de víctimas. Es una línea gratuita 24/7, que además brinda acompañamiento psicológico, asistencia jurídica y social. Sin ella, no tendríamos ningún respaldo estatal, y en muchas provincias esa asistencia ni siquiera existe", relató Winckler.
Desde Estrellas Amarillas y otros colectivos, se reclama una reunión con autoridades nacionales para aclarar qué ocurrirá con las funciones y fondos de la agencia. La respuesta institucional ha sido escasa, y las acciones posteriores al decreto aún están en análisis, incluyendo posibles recursos legales.
Karina Winckler hizo un llamado a la ciudadanía y los legisladores: "No se trata de una decisión contra un presidente en particular, sino de una política que afecta la seguridad de todos los argentinos. Necesitamos que la legislación y los recursos estén claros y rendidos a la sociedad".
Mientras tanto, las familias y expertos continúan movilizándose. Winckler aclaró: "Estamos reunidos con abogados y legisladores, analizando acciones legales y parlamentarias. La intención es defender la seguridad vial y evitar que los recursos sigan en la nebulosa de una gestión sin transparencia".
