Guillermo Pérez Luque
“La sismicidad es algo a lo que la población está bastante acostumbrada, son los temblores que han ocurrido y siguen ocurriendo hace millones de años porque la Tierra está en movimiento”, comenzó explicando Grosso. “Pero el adjetivo inducida nos obliga a ver que hay una nueva forma de sismicidad, asociada a la industria hidrocarburífera”.
En particular, señaló que en la cuenca neuquina los sismos comenzaron a incrementarse desde la adopción masiva del fracking. “Desde 2018 hasta hoy ya registramos más de 550 sismos, y todos coincidieron con pozos que estaban fracturando o inyectando cerca”, subrayó. Y agregó: “Lo que vos no podés saber es si va a temblar hoy o mañana, pero sí sabemos que siempre tiembla cuando hay un pozo fracturando cerca”.
El semáforo sísmico
Frente a este escenario, el Observatorio de Sismicidad Inducida (OSI) elaboró un proyecto de ley que propone un “semáforo sísmico”, inspirado en experiencias internacionales. “Un sismo de magnitud 2 sigue siendo verde y se puede seguir fracturando. Si sube a 2,5 ya obliga a la empresa a dar aviso al organismo regulador y reducir operaciones. Y si pasa de 3,5 el Estado tiene que detener las fracturas hasta evaluar qué ocurre”, explicó.
“Esto implica primero que el Estado tenga la intencionalidad de regular. Y eso es algo que consideramos sumamente importante. Por eso la propuesta ya la comunicamos a todos los bloques de la Legislatura (de Neuquén), esperando que alguno lo ponga en agenda”, señaló. Y advirtió: “Con Vaca Muerta al 10% de su potencial, la sismicidad llegó para quedarse. Tenemos una infraestructura preexistente que no está preparada para estos temblores y que podría correr riesgo”.
El proyecto también propone zonas de exclusión de 15 kilómetros alrededor de poblaciones, embalses y otras áreas sensibles. “No es una ley prohibitiva del fracking, pero sí dice que una vez identificados sistemas de fallas donde tiembla, no se puede fracturar cerca de poblaciones o infraestructura crítica para disminuir los efectos de los sismos”, aclaró.
“Transformar el subsuelo en un flan”
Grosso fue contundente sobre los riesgos acumulativos de la técnica: “Tarde o temprano modifica las condiciones del subsuelo. En Estados Unidos ya no tienen dónde inyectar el agua residual porque saturaron las formaciones geológicas.
Relató que ya hubo movimientos significativos, como el del 9 de mayo de 2023 en Sauzal Bonito, que provocó desprendimientos a 80 km de distancia, y otro en 2019, de magnitud 5, comparable a una prueba nuclear subacuática. “Las consecuencias son muy peligrosas como para no tener un marco regulador desde el Estado”, advirtió.
Javier Grosso (Imagen de Gustavo Figueroa)
Además, señaló que la inyección masiva de agua y químicos altera de forma irreversible el subsuelo. “Vos estás incorporando elementos que no estaban en ese equilibrio preexistente y eso cambia las reglas de juego. El riesgo es que todo eso transforme el subsuelo en un flan y la energía sísmica se libere más fácil”, dijo.
Ejemplos de ello ya están sucediendo en regiones del estado de Texas, donde el fracking es totalmente masivo.
Vacío legal y falta de respuesta
El proyecto de ley elaborado por la OSI también prevé la creación de una Comisión para la Prevención de la Sismicidad Inducida, integrada por Estado, universidades, científicos y ciudadanía.
“Estamos frente a una realidad documentada, medible y que ya afectó a comunidades enteras”, insistió Grosso. “Venimos hace seis años con esto, mapeando, informando, publicando en revistas internacionales. Y en algunos espacios nos escucharon, pero en otros pesa más la urgencia económica. La heladera manda. El fracking genera empleo hoy, pero las consecuencias las vamos a pagar en 30 años”.
Sobre la falta de reacción oficial, comentó: “En Estados Unidos ya fracturaron 1.300.000 pozos y ahora no saben dónde poner el agua residual. Acá seguimos hablando solo de hidrocarburos. Poco se consulta sobre lo ambiental. Es fundamental abrir este debate”.
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