Guillermo Pérez Luque
La Asociación Docente de Santa Cruz (ADOSAC) respondió formalmente a la intimación del Ministerio de Trabajo provincial en el expediente abierto por presunta violación de la conciliación obligatoria.
El gremio, a través de su secretario general César Javier Alegre, solicitó el rechazo del dictamen y el archivo de las actuaciones, al considerar que la sanción es “ilegal, arbitraria e inconstitucional”.
Como informó Ahora Calafate el pasado 5 de septiembre, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz, notificó a la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) la imposición de una multa por 13.842 millones de pesos.
La sanción se basa en el incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada tras el paro provincial de julio pasado, en el cual más de 8.000 docentes adhirieron a la medida.
Los argumentos del sindicato
En su presentación, ADOSAC sostiene que la disposición de conciliación (211/2025) fue notificada horas después de que ya estuviera en marcha la medida de fuerza del 7 y 8 de julio. Según remarcan, la resolución fue recibida a las 16:33 de ese día, mientras que el paro se había comunicado a primera hora de la mañana.
También cuestionaron que la multa se base únicamente en información aportada por el Consejo Provincial de Educación, “sin que el Ministerio realizara constataciones propias”. Para la organización, esa situación evidencia “la parcialidad del Estado, que actúa como juez y parte en el conflicto laboral”.
Nulidad e injerencia estatal
El escrito plantea la nulidad absoluta del dictamen ministerial y denuncia que se vulneran principios constitucionales y convenios internacionales de la OIT. ADOSAC afirma que el Estado provincial “no puede sancionar a un sindicato” y que la Ley de Asociaciones Sindicales solo habilita a la Justicia a aplicar sanciones de este tipo.
“El gobierno decidió destruir al gremio mediante una multa exorbitante, en un verdadero ataque a la independencia sindical”, expresa la presentación, citando además jurisprudencia y doctrina que sostienen la necesidad de imparcialidad en los órganos de control.
Origen del conflicto
El gremio recuerda que el conflicto se originó en marzo, cuando el Consejo Provincial de Educación despidió docentes y rechazó discutir recomposición salarial. Luego de 14 días de paro, el Gobierno retrocedió, reincorporó a los cesanteados y firmó un acta con mejoras salariales y compromisos de reapertura paritaria. Sin embargo, en julio, ADOSAC denuncia que las autoridades rompieron el principio de buena fe y cerraron la negociación, derivando en nuevas medidas de fuerza y la posterior aplicación de la conciliación obligatoria.
El cuestionamiento a la multa
Finalmente, ADOSAC advierte que la sanción económica está mal fundamentada y aplicada con criterios erróneos. Según remarcan, el artículo 47 de la ley 2450 “se refiere a sanciones contra empleadores con personal en relación de dependencia, no contra sindicatos”, y recuerdan que esa normativa fue superada por el Pacto Federal del Trabajo.
“La multa ilegal implica la quiebra de un sindicato con más de 60 años de historia, que representa a más de 9.000 docentes en la provincia”, alertó el gremio, reiterando el pedido de archivo definitivo del expediente.
