El oficialismo impulsa un Índice de Desarrollo Municipal y abre un debate sobre coparticipación

La Cámara de Diputados de Santa Cruz comenzó a tratar un proyecto que, de avanzar, podría modificar la coparticipación secundaria, uno de los pilares estructurales de la relación entre la Provincia y los municipios. Se trata de la creación del Índice de Desarrollo Municipal (IDM), una propuesta elaborada por legisladores del bloque Por Santa Cruz que promete abrir una discusión profunda, técnica y políticamente sensible.

El proyecto ingresó el 11 de noviembre y comenzó a ser analizado este martes en comisiones, donde ya se escucharon las primeras observaciones y reparos. La autora principal, la diputada Fabiola Loreiro (quien no estuvo presente en la reunión), plantea que el IDM será una herramienta objetiva, verificable y transparente para medir el nivel real de desarrollo en cada municipio y comisión de fomento. 

Esa medición serviría como punto de partida para reformar el reparto de fondos entre las localidades, un sistema que actualmente se rige por la Ley 1.928, vigente desde 1983.

Pero la iniciativa llega con un ingrediente adicional: la actual ley de coparticipación es considerada obsoleta, y cualquier discusión sobre un nuevo esquema implica rediseñar la distribución de los recursos. Y ahí es donde aparecen las tensiones.

Qué es el IDM

El proyecto al que accedió Ahora Calafate establece que el Índice de Desarrollo Municipal (IDM) se calculará todos los años, en base a un conjunto de indicadores sociales, económicos, territoriales, de infraestructura y demográficos. Cada uno tendrá un peso específico en la fórmula final

• Área social (35%): Acceso a servicios básicos, salud, educación y vivienda de la población de cada localidad
• Área económica (30%): empleo, recaudación local, diversificación productiva, propiedad de inmuebles.
• Territorial e infraestructura (20%): estado de rutas, aislamiento geográfico, conectividad, urbanización.
• Área demográfica (15%): habitantes, densidad, estructura etaria.
  

Los indicadores se normalizarán en una escala de 0 a 100, y el puntaje final permitirá clasificar cada localidad en un nivel de desarrollo alto, medio o bajo. La legisladora advierte en los fundamentos que la intención no es “premiar ni castigar”, sino conocer para planificar.

Censos municipales obligatorios y un Observatorio

Uno de los puntos más sensibles es la obligación de que todos los municipios realicen un censo propio cada dos años, siguiendo un protocolo estandarizado. Estos censos serán la base del cálculo del índice: si una localidad no entrega los datos en tiempo y forma, recibirá el puntaje mínimo en los indicadores no informados.

Ya se anticipan críticas a esta intención. Un censo municipal de tal magnitud (poblacional, social, económico y territorial) es difícil de implementar, costoso y operativamente complejo, especialmente para comisiones de fomento o municipios pequeños con escaso personal técnico y pocos recursos.

Diputada Fabiola Loreiro - Autora del proyecto

El proyecto también crea el Observatorio Provincial de Desarrollo Municipal (OPDM), bajo la órbita del Ministerio de Gobierno. Estará integrado por representantes de Economía, Producción y Desarrollo Social, y tendrá la responsabilidad de validar la información, procesarla y publicar un informe técnico anual. 

Qué cambiaría respecto a la coparticipación actual

Desde 1983, la coparticipación secundaria se distribuye según tres ejes. El principal y protagónico es el de cantidad de habitantes de cada localidad. El 83.15% de la recaudación se reparte con este criterio. El 11% se distribuye en montos fijos entre municipios, y el 5.85 % restante es por diferencias de población respecto Río Gallegos.

Es un sistema que no considera indicadores sociales, productivos ni territoriales, ni tampoco los costos diferenciales de cada localidad. El proyecto del IDM plantea dejar atrás ese esquema y construir uno basado en datos verificables y comparables. 

En términos prácticos, las localidades con menor desarrollo relativo recibirían un refuerzo mayor de fondos, aunque la ley aclara que el índice es solo “instrumental” y no implica automáticamente un nuevo reparto.

Aun así, la discusión de fondo ya empieza a instalarse. Cambiar la matriz de distribución de recursos implica necesariamente ganadores y perdedores.

Pedido de opinión

En la primera jornada de debate en comisiones, los legisladores resolvieron enviar una nota a la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, para que recabe las opiniones de intendentes y comisionados de fomento. Esta decisión también empieza a generar controversias. 

Esta participación del Ejecutivo genera objeciones. Algunos legisladores consultados por Ahora Calafate sostienen que el Poder Ejecutivo no debería intervenir en un proceso previo a la sanción de una nueva ley, y señalan que las notas de consulta deberían salir directamente de la Cámara de Diputados.

El oficialismo insiste en que el IDM es una herramienta indispensable para modernizar la planificación provincial y brindar respuestas acordes a la realidad de cada comunidad. “Medir para conocer, conocer para planificar y planificar para crecer”, afirma la fundamentación a la que accedió Ahora Calafate.

El proyecto seguirá en análisis en las comisiones de la Cámara, donde se espera un debate intenso. La creación del índice no solo abre una discusión técnica, sino también discusión política de fondo.