¿Pedido legítimo o intromisión? El Concejo Deliberante pidió a la Justicia mayor celeridad en una causa por tierras en El Chaltén

La última sesión ordinaria del año en el concejo deliberante de El Chalten, tuvo algunos momentos de fuerte debate entre los ediles. Como ya dio a conocer Ahora Calafate en un informe anterior, la elección de las autoridades del cuerpo para el año próximo fue el momento de mayor tensión, con algunos cruces fuertes. 

Pero antes también hubo un debate con posturas bien marcadas. Fue cuando se trató un proyecto de resolución solicitando a la Justicia mayor celeridad en una causa sobre tierras que el municipio pretende lotear.

El expediente judicial tiene su origen en el amparo ambiental presentado por vecinos contra el proyecto de construcción de 86 viviendas financiadas por Nación, iniciativa que finalmente fue abandonada por el actual gobierno nacional.

Como oportunamente informó Ahora Calafate, en junio pasado el juez civil, Dr. Alberto Ludeña, declaró la cuestión “abstracta” y levantó la medida cautelar que impedía intervenir en esas tierras. Esa decisión fue apelada por los amparistas y ahora el caso se encuentra en manos de la Cámara de Apelaciones.

Leyes, Ticó y Zella votaron a favor del pedido a la Justicia

Al fundamentar el tratamiento sobre tablas del proyecto, la concejal Estefanía Leyes remarcó que la intención es “romper con la incertidumbre” que atraviesan vecinos preadjudicatarios de terrenos y el propio Municipio.

“Necesitamos saber en qué lugar estamos posicionados para romper con la incertidumbre de estos vecinos que están esperando anheladamente su tierra y también nosotros para ver cuáles serían los canales de gestión necesarios para solucionarlo”, expresó.

Leyes recordó que la causa, inicialmente conocida como “la de las 86 viviendas”, tuvo múltiples idas y vueltas judiciales y que hoy resulta clave conocer la definición de la Cámara para avanzar o no con políticas de loteo.

“Más allá de la aceptación o negativa de esta apelación, necesitamos una respuesta para poder ordenar la gestión”, insistió.

Posturas encontradas

El proyecto generó un fuerte debate político e institucional dentro del recinto. Desde la oposición, el concejal Ignacio Moreno Hueyo explicó su voto negativo al considerar que el pedido podría interpretarse como una intromisión en otro poder del Estado.

“Hay otros recursos para acudir a la Justicia pidiendo celeridad y eso lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo como parte de la causa. Si el Legislativo aprueba un proyecto de esta clase, puede interpretarse como un inmiscuimiento en otro poder”, argumentó.

En la misma línea se expresó Elizabeth Romanelli, quien fue aún más dura en su rechazo a la iniciativa.

“Pedirle celeridad procesal al dictado de una sentencia al juez es cruzar todos los límites. La Justicia tiene sus tiempos y esto se puede volver en contra, porque a ningún juez le gusta que lo apuren”, sostuvo.

La concejal, quien en ese momento aún presidía el cuerpo deliberativo, reconoció la crisis habitacional, pero fue tajante al afirmar: “Entiendo la necesidad de los vecinos, pero de ninguna manera voy a acompañar un proyecto que excede todo tipo de límites”.

Leyes rechazó las acusaciones de presión indebida sobre la Justicia y aclaró el alcance institucional del proyecto. 

“No estamos apretando a ningún juez. No somos parte del expediente. Solo estamos manifestando la situación social actual y la necesidad de una vez por todas tener un rumbo certero en la solución habitacional”, sostuvo.

Romanelli y Moreno Hueyo votaron en contra

En el mismo sentido el concejal Carlos Ticó defendió el pedido aclarando que no se busca condicionar el fallo, sino obtener una definición. “

No se le está pidiendo al juez que diga que sí o que entregue tierras. Se le pide que acelere y que diga si es sí o no, para no crear falsas expectativas en la gente”, explicó.

Ticó remarcó que la demora judicial prolonga una situación de incertidumbre social. “Hace mucho tiempo que esto está parado y hay gente esperando tierra. Lo justo es que se expida”, agregó.

Por su parte, el concejal Heber Zella en este tema se diferenció de su compañera de bancada (Romanelli) y también acompañó la resolución y contextualizó el reclamo dentro de un abandono histórico de El Chaltén por parte de otros niveles del Estado.

“El Chaltén ha sido abandonado hace mucho tiempo por las autoridades provinciales. Nos cuesta todo: ampliar el pueblo, la cloaca, frenar el desastre ambiental. Si no apuramos, nos siguen dejando a la espera”, afirmó.

Finalmente, el tratamiento sobre tablas y la resolución fueron aprobados con los votos de Leyes, Ticó y Zella, y el rechazo de Romanelli y Moreno Hueyo.

Qué dice la resolución

El texto aprobado, al que accedió Ahora Calafate, solicita a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Santa Cruz, que “arbitre los medios necesarios para dotar de la mayor celeridad procesal al dictado de la sentencia de segunda instancia” sobre este expediente que data de 2022. 

Además, los ediles expresan “profunda preocupación...ante la demora judicial que afecta el mencionado expediente”, la cual “obstaculiza la ejecución de políticas públicas urgentes destinadas a mitigar la emergencia habitacional” que padece la comunidad del Chaltén. 

La resolución será ahora remitida a la Cámara de Apelaciones, al juzgado de primera instancia y al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, en un contexto donde la definición judicial aparece como un paso clave para el futuro ordenamiento territorial de El Chaltén.