Guillermo Pérez Luque
El pasado martes, habitantes de El Chaltén en carácter de amparistas, presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso de queja por la denegación del recurso extraordinario federal, en el marco de la causa iniciada contra la Administración de Parques Nacionales (APN) por la apertura de un camino en el valle del Río Eléctrico, en el Parque Nacional Los Glaciares.
La presentación judicial busca que el máximo tribunal del país revise el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que revocó una sentencia previa favorable dictada por el Juzgado Federal de Río Gallegos.
Aquella sentencia había ordenado suspender las obras hasta contar con las autorizaciones ambientales correspondientes y con los estudios de impacto ambiental exigidos por ley.
El conflicto se originó el 12 de marzo de 2025 , cuando se detectaron movimientos de suelo, tala y desmonte de bosque nativo mediante maquinaria pesada en una zona protegida, sin evaluación de impacto ambiental previa ni participación ciudadana.
Los amparistas argumentaron que “el área afectada forma parte de una Reserva Natural Silvestre, en una zona catalogada como de alta conservación según la Ley de Bosques Nativos y dentro de un sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO”.
Recordemos que para afrontar el costo de la presentación los vecinos debieron realizar una colecta solidaria que en pocos días logró completar el monto de 1.4 millones de pesos.
En el recurso presentado ante la Corte, las y los actores sostienen que el fallo de la Cámara de Apelaciones incurrió en arbitrariedad, omite analizar la cuestión federal ambiental y vulnera normas de jerarquía constitucional, entre ellas el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente, la Ley de Bosques, el Acuerdo de Escazú y tratados internacionales de derechos humanos.
Asimismo, advierten que la sentencia cuestionada habilita la continuidad de obras que implican la apertura de un camino vehicular en pleno bosque nativo, generando un riesgo cierto de daño ambiental irreparable, sin haberse cumplido los principios preventivo y precautorio que rigen el derecho ambiental argentino.
“El tribunal rechazó el recurso con argumentos genéricos y dogmáticos, sin dar respuesta a los agravios federales planteados, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva y al acceso a la justicia ambiental”, señalaron en la presentación, patrocinada legalmente por la dra. Melina Lorenti.
Con esta acción, solicitan que la Corte Suprema admita la queja, habilite el tratamiento del recurso extraordinario y revoque el fallo que dejó sin efecto la protección judicial del área afectada.
