Cuatro vocales del máximo tribunal de Santa Cruz se otorgaron una suba salarial que eleva sus ingresos mensuales a unos 24 millones de pesos. Desde el Ejecutivo lo calificaron como una “burla a la sociedad” y cuestionaron el impacto en las finanzas públicas y el sistema previsional.
14/01/2026
Guillermo Pérez Luque
Una resolución firmada por cuatro integrantes del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz desató una fuerte controversia política e institucional en la provincia. La medida establece un incremento salarial que lleva los haberes de cada vocal a un monto aproximado de 24 millones de pesos mensuales, una cifra que incluso supera la remuneración del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La decisión fue adoptada por los vocales Paula Ludueña, René Fernández, Alicia Mercado y Fernando Basanta, quienes se autoasignaron el aumento mediante una resolución interna. El incremento contempla una suba acumulativa del 4% entre enero y junio y otro 3% entre julio y octubre.
El anuncio provocó una inmediata reacción del gobernador Claudio Vidal, quien cuestionó duramente la medida, sobre todo porque el mismo Tribunal había rechazado días antes un aumento para otros magistrados argumentando limitaciones presupuestarias.
“Es un acto de burla y una falta de respeto a la sociedad de Santa Cruz. Treinta años cómplices del saqueo, hoy atrincherados en privilegios. Eso no es justicia, es encubrimiento del pasado y bloqueo del futuro”, expresó Vidal.
El conflicto se da además en un contexto de fuerte tensión entre el Poder Ejecutivo y el Tribunal Superior, luego de que este último declarara inconstitucional la ampliación de cinco a nueve miembros impulsada por el oficialismo y aprobada por la Legislatura provincial.
“Falta de solidaridad con el pueblo santacruceño”
La ministra de Gobierno de Santa Cruz, María Belén Elminger, ratificó el rechazo del Ejecutivo y sostuvo que la decisión del Tribunal contradice el escenario económico que atraviesa la provincia.
“Esto parece una burla a la sociedad. Estamos atravesando un proceso de reordenamiento del Estado, de las cuentas y de transparencia, y tenemos un Poder Judicial que ya tiene los salarios más altos de la provincia”, afirmó.
Elminger recordó que, al mes de diciembre de 2025, los haberes del Poder Judicial (tanto de activos como de pasivos) ya eran los más elevados del Estado provincial. “Que de un día para el otro se otorguen un aumento de estas características habla de una enorme falta de solidaridad con el resto del pueblo santacruceño que está haciendo un esfuerzo”, sostuvo.
La ministra también marcó una contradicción central en la postura del Tribunal: “Estos mismos vocales que hoy se aumentan el sueldo rechazaron una ley votada por mayoría en la Legislatura, argumentando que no había recursos y que había que cuidar las finanzas públicas. Entonces, ¿en qué quedamos?”.
Impacto en la Caja de Previsión
Uno de los puntos que más preocupa al Gobierno provincial es el impacto que este aumento tendrá en el sistema previsional. Elminger advirtió que la suba repercute directamente en la Caja de Previsión Social, que es solidaria y ya atraviesa dificultades financieras.
“La jubilación mínima en Santa Cruz es de 774 mil pesos. Ese es el monto que se van a aumentar mensualmente estos cuatro vocales. Con el sueldo de cada uno se podrían pagar más de 30 jubilaciones mínimas”, señaló.
Además, explicó que el aumento no solo alcanza al salario básico, sino que también impacta en adicionales como la antigüedad, lo que incrementa aún más el costo para el sistema previsional.
“Es insostenible para la Caja, que ya recibe un fuerte aporte del Tesoro provincial, en un contexto donde muchas municipalidades no realizan los aportes correspondientes”, advirtió.
Posibles medidas y llamado a la sociedad
Consultada sobre si la Provincia afrontará el pago del aumento, Elminger indicó que la situación está siendo evaluada por el gobernador junto a su equipo legal y no descartó medidas políticas para frenar la suba.
“Se está analizando la posibilidad de congelar estos sueldos. Es una decisión que va a tomar el gobernador”, afirmó.
Finalmente, la ministra llamó a dar un debate público sobre el rol del Poder Judicial y la relación con la ciudadanía. “Cuando hablamos de dignidad judicial, hablamos de dignidad en la función pública en general. Los jueces también son funcionarios públicos y tienen que transparentar estas decisiones”, concluyó.
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