Guillermo Pérez Luque
La iniciativa convoca a la ciudadanía a sumar adhesiones antes del 1 de febrero, en defensa de lo que consideran una de las principales herramientas de protección de las reservas estratégicas de agua dulce del país.
La Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial (N° 26.639), sancionada en 2010, establece la preservación de glaciares y ambientes periglaciales por su rol clave en la regulación hídrica de las cuencas. Se trata de una norma de alcance nacional que protege una porción estimada en alrededor del 1% del territorio argentino, pero que resulta fundamental para el abastecimiento de agua de poblaciones, actividades productivas y ecosistemas aguas abajo.
Desde los sectores que impulsan la campaña advierten que el proyecto de reforma representa un retroceso significativo en materia ambiental, en un contexto marcado por el cambio climático, el retroceso acelerado de glaciares y el creciente estrés hídrico en distintas regiones del país. Según sostienen, la propuesta oficial modifica aspectos centrales de la ley vigente y elimina protecciones automáticas, reemplazándolas por mecanismos discrecionales que quedarían en manos de autoridades provinciales.
Uno de los puntos más cuestionados es la exclusión del ambiente periglacial de la prohibición expresa de actividades extractivas. La legislación actual reconoce que glaciares y periglaciares forman un sistema único e indivisible para la regulación del agua. Suelos congelados, permafrost y glaciares de escombros cumplen funciones hídricas esenciales, y su intervención implicaría daños irreversibles, ya que el hielo perdido no puede recuperarse.
Otro eje de preocupación es el argumento del “federalismo” utilizado para justificar los cambios. Desde la sociedad civil señalan que las cuencas hídricas son sistemas interprovinciales y que la protección del agua no puede quedar sujeta a decisiones aisladas, ya que cualquier intervención en cabeceras de cuenca impacta en múltiples territorios y comunidades. En ese sentido, recuerdan que el artículo 41 de la Constitución Nacional faculta al Estado Nacional a dictar normas de presupuestos mínimos para la protección ambiental.
El documento que acompaña la campaña enumera diez razones para rechazar la modificación de la ley, entre ellas la vulneración del principio de no regresión ambiental, consagrado en el Acuerdo de Escazú, que impide retroceder en los niveles de protección ya alcanzados. Desde este enfoque, cualquier reforma que debilite una ley de presupuestos mínimos sería ilegal e inconstitucional.
Quienes promueven la recolección de firmas remarcan que, una vez destruido un glaciar, la pérdida es definitiva. Por eso llaman a defender la ley vigente sin modificaciones, entendiendo que proteger glaciares y ambientes periglaciales es proteger el agua, las cuencas y el futuro de las generaciones actuales y futuras.
La campaña fue relanzada luego de que, en diciembre pasado, una primera convocatoria reuniera cerca de 9.000 firmas en apenas 24 horas, hasta que el formulario digital quedó bloqueado tras una denuncia anónima. Ante la falta de respuesta de la plataforma, se habilitó un nuevo enlace para continuar con la adhesión ciudadana.
