Guillermo Pérez Luque
El Gobierno nacional declaró la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 73/2026, publicado este viernes 30 de enero en el Boletín Oficial.
La medida se adopta a partir del avance de incendios forestales de gran magnitud, especialmente en zonas de alto valor ambiental, como el Parque Nacional Los Alerces, y ante un escenario agravado por condiciones meteorológicas adversas, con sequía persistente y vientos intensos, que dificultan las tareas de combate del fuego.
El decreto establece que la emergencia tendrá una vigencia de un año, con el objetivo de adoptar medidas urgentes para la presupresión y combate de incendios, avanzar en la restauración de las zonas afectadas y fortalecer las acciones de prevención de nuevos focos.
Además, se declara zona de desastre a los territorios comprometidos por los incendios en las cuatro provincias, en los términos de la Ley del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (Ley N° 27.287).
En los considerandos, el Poder Ejecutivo señala que la capacidad de respuesta de los medios desplegados ha sido superada, lo que torna necesario recurrir a una declaración de emergencia para garantizar una respuesta rápida y coordinada. También se remarca el impacto de los incendios sobre el patrimonio natural protegido, los bienes materiales y la seguridad de las poblaciones cercanas.
El DNU encomienda a la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, la coordinación del apoyo y despliegue de recursos en las áreas afectadas. Entre sus funciones se incluyen:
La prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales, en el marco del Sistema Federal de Manejo del Fuego.
La atención y mitigación de los daños provocados por los incendios sobre la vida, la integridad física y los bienes de las personas afectadas.
La asistencia a provincias y municipios para el combate del fuego y la recuperación posterior de las zonas impactadas.
La aplicación de las acciones previstas en la normativa nacional de gestión integral del riesgo.
Las tareas deberán implementarse en coordinación con los gobiernos provinciales y municipales, respetando los protocolos establecidos en el Plan Nacional de Manejo del Fuego.
