Guillermo Pérez Luque
Diputados nacionales solicitaron ampliar la duración de la audiencia pública convocada para debatir la modificación de la Ley de Glaciares, iniciativa impulsada por el gobierno nacional, ante la masiva cantidad de ciudadanos que se registraron para participar del debate.
El pedido fue presentado por los diputados Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva y María Inés Zigarán, integrantes de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados.
Según indicaron los legisladores, más de 18.000 personas se inscribieron para intervenir en la audiencia pública prevista para los días 25 y 26 de marzo, lo que evidencia el alto interés social que genera el debate sobre la normativa que protege los glaciares.
Sin embargo, advirtieron que el formato actual, con dos jornadas de nueve horas con exposiciones de cinco minutos por orador, permitiría la participación de apenas unos 216 expositores, una cifra muy inferior al total de inscriptos.
“Un mecanismo de participación que, por su propia configuración, impide materialmente a la gran mayoría de los inscriptos intervenir en la instancia convocada, no satisface el estándar de participación pública efectiva”, señalaron en la nota enviada a las autoridades de las comisiones legislativas.
Participación ciudadana en decisiones ambientales
En su planteo, los diputados sostienen que las decisiones ambientales deben garantizar una participación ciudadana amplia y efectiva, tal como lo establecen distintas normas nacionales e internacionales.
Entre ellas mencionaron el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano y la obligación de las autoridades de preservarlo.
También citaron la Ley General del Ambiente, que desde 2002 establece el principio de participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, especialmente en procesos vinculados al ordenamiento ambiental y a la evaluación de impacto.
A esto se suma el Acuerdo de Escazú, tratado internacional aprobado por Argentina mediante la Ley 27.566, que obliga al Estado a garantizar mecanismos de participación pública abiertos, inclusivos y efectivos en los procesos de toma de decisiones ambientales.
Según los legisladores, estas normas obligan a que las audiencias públicas no sean una instancia meramente formal, sino un espacio real donde la ciudadanía pueda expresar opiniones y objeciones.
El antecedente del fallo de la Corte Suprema
En el pedido también se menciona jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, especialmente el fallo CEPIS c/ Ministerio de Energía y Minería, que fijó criterios sobre el rol de las audiencias públicas.
En esa sentencia, el máximo tribunal sostuvo que estas instancias deben constituir espacios sustantivos de deliberación social y no simples trámites administrativos, ya que forman parte del debido proceso cuando se toman decisiones que pueden afectar derechos colectivos.
Un debate con fuerte interés social
Los legisladores también recordaron que el propio Congreso ha organizado procesos de deliberación pública mucho más extensos para tratar proyectos de alto impacto social.
Como ejemplo mencionaron el debate legislativo de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, durante el cual la Cámara de Diputados realizó 15 audiencias públicas a lo largo de casi dos meses, con más de 700 expositores.
A su entender, tratándose de una posible modificación del régimen de protección de los glaciares —ecosistemas considerados reservas estratégicas de agua dulce y fundamentales para el equilibrio de los sistemas hidrológicos— deberían aplicarse estándares particularmente exigentes de deliberación pública.
Además, destacaron que la gran cantidad de inscriptos refleja la diversidad de sectores interesados en el debate, entre ellos científicos, organizaciones sociales, productores, representantes de comunidades locales y especialistas en temas ambientales.
Riesgo de judicialización
En el documento enviado a las autoridades de las comisiones legislativas, los diputados también advirtieron que un proceso participativo limitado podría derivar en cuestionamientos judiciales.
Según explicaron, si las instancias de participación pública se reducen a una formalidad, podría interpretarse que no se cumplieron adecuadamente los estándares establecidos por la legislación ambiental y los tratados internacionales.
Por ese motivo, los legisladores solicitaron ampliar la convocatoria y la duración de la audiencia pública, con el objetivo de permitir que una mayor cantidad de ciudadanos pueda intervenir en el debate.
“Solo de esta manera podrá asegurarse que el procedimiento cumpla con los estándares de participación ambiental asumidos por la Argentina en el marco del Acuerdo de Escazú”, concluyeron.
