“EXTREMA FRAGILIDAD FISCAL”. El Gobierno busca declarar la  Emergencia Económica

El Poder Ejecutivo Provincial remitió este miércoles a la Honorable Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone declarar la emergencia económico-financiera y administrativa del sector público santacruceño hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por doce meses más.

La iniciativa fue ingresada para su tratamiento en la primera sesión ordinaria prevista para este jueves 12 de marzo y plantea un paquete de medidas de fuerte impacto sobre la administración pública, las negociaciones salariales, el ingreso de personal y la organización del empleo estatal.

Ahora Calafate accedió al texto del proyecto que fue enviado el diputado Javier Santiago Jara, quien está a cargo del Poder Ejecutivo. Entre los fundamentos se sostiene que “la Provincia atraviesa una situación de extrema fragilidad fiscal” y que el nivel de gasto público corriente, concentrado sobre todo en salarios y prestaciones previsionales, “presenta una rigidez estructural que no guarda relación con la evolución real de los recursos”.

El mensaje enviado a la Legislatura afirma además que “no se trata de una dificultad circunstancial”, sino del “resultado acumulado de decisiones que, durante años, expandieron obligaciones permanentes sin respaldo financiero sostenible”. En ese marco, el Ejecutivo argumenta que la Provincia enfrenta “el deber ineludible de ordenar su estructura de gasto si pretende garantizar el pago regular de salarios, jubilaciones y la prestación de servicios esenciales”.

La declaración de emergencia, señala el texto, “no constituye una consigna retórica, sino el reconocimiento institucional de una realidad que exige actuar con responsabilidad y previsión”. Según el Gobierno, el Estado provincial necesita “herramientas extraordinarias y temporales” para reordenar el gasto, priorizar funciones esenciales y recuperar gradualmente el equilibrio fiscal.

Restricciones a aumentos salariales

Uno de los puntos centrales del proyecto aparece en el artículo 4, donde se establece que durante la vigencia de la emergencia quedará prohibida la aplicación y efectivización de incrementos automáticos, cláusulas de indexación, actualizaciones salariales o cualquier mejora remunerativa para el personal estatal comprendido en la norma, cuando no existan recursos presupuestarios y financieros efectivamente disponibles para afrontarlas.

Los fundamentos insisten en esa idea con una definición política explícita: “el Estado no puede comprometer obligaciones que no puede financiar”. También aclaran que la previsión “no desconoce la importancia del salario público ni el valor del trabajo estatal”, sino que busca “preservar su cumplimiento efectivo en el tiempo”, evitando compromisos que luego no puedan sostenerse.

El proyecto también dispone que todos los acuerdos paritarios o decisiones administrativas que impliquen aumentos salariales deberán estar contemplados en el presupuesto vigente y contar con certificación previa y expresa de disponibilidad de recursos emitida por el Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura.

A la vez, instruye al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a que todo acuerdo surgido de negociaciones colectivas observe lo establecido por la ley.

Suspensión del ingreso de personal y reorganización del Estado

En otro de sus artículos relevantes, la iniciativa dispone la suspensión del ingreso de personal, aunque prevé excepciones para coberturas de vacantes estrictamente necesarias, para el ingreso de profesionales de la salud y para casos que cuenten con autorización fundada del titular del Poder Ejecutivo. En paralelo, se habilita al Ejecutivo a reestructurar el gasto público, revisar estructuras orgánicas, cargos, adicionales y compensaciones, reasignar funciones dentro del mismo escalafón y renegociar contratos, convenios y subsidios que impliquen erogaciones del Tesoro Provincial.

El texto crea además una comisión seguidora de la emergencia, integrada por un representante de cada bloque legislativo y uno del Poder Ejecutivo, con el objetivo de dar trazabilidad e información sobre la aplicación de las medidas.

Plan de priorización del gasto

Otro eje del proyecto aparece en el artículo 7, que obliga a los Servicios Administrativos Financieros de Salud, Educación y Fuerzas de Seguridad a presentar en un plazo de treinta días un “Plan de Priorización de Gastos y Compras”. Ese esquema deberá clasificar los gastos en críticos o vitales, operativos necesarios y diferibles, incorporando tanto erogaciones corrientes como de capital, mediante procesos de compra y contratación que apunten a economía de escala y concurrencia de oferentes.

Modernización de la gestión estatal

En la argumentación política del proyecto, el Ejecutivo vincula este paquete con otras decisiones recientes de reorganización estatal. Allí menciona la implementación de la telemedicina para ampliar el acceso a consultas médicas en un territorio extenso como Santa Cruz, y también la licitación del servicio de reconocimientos médicos para auditar carpetas médicas. Según el texto, esas medidas forman parte de una política orientada a “modernizar la administración provincial, mejorar la calidad de la gestión y asegurar que los recursos del Estado sean utilizados con criterios de eficiencia y responsabilidad”.

Régimen de Pasividad Anticipada Voluntaria

El segundo capítulo del proyecto incorpora un Régimen de Pasividad Anticipada Voluntaria, presentado como una herramienta permanente de administración de recursos humanos. El Ejecutivo aclara en los fundamentos que “no constituye un beneficio previsional ni una jubilación anticipada”, sino una transición gradual hacia la jubilación ordinaria, en la que el agente mantiene su condición de activo pero queda eximido de prestar servicios efectivos.

Ese régimen alcanzaría al personal del Poder Ejecutivo de la Administración Central y entidades centralizadas, aunque quedan excluidos el personal penitenciario, policial, docente y los profesionales de la salud. Tampoco podrán ingresar quienes tengan procesos penales, sumarios administrativos o situaciones que impliquen perjuicio al Estado. Se invita, además, a que adhieran los poderes Judicial y Legislativo y las municipalidades, con la condición de que los agentes no registren deudas de aportes personales ni patronales.

Régimen de Pasividad Anticipada Voluntaria

Para adherir al régimen, el trabajador deberá ser aportante activo de la Caja de Previsión Social de Santa Cruz, encontrarse a no más de cinco años de cumplir los requisitos para la jubilación ordinaria y presentar la solicitud de manera voluntaria. Sin embargo, la aceptación final quedará sujeta a la decisión del Poder Ejecutivo, que podrá denegarla por razones de oportunidad, mérito, conveniencia o necesidades de servicio.

En cuanto al haber que percibiría el agente, el proyecto establece una escala porcentual sobre la retribución de su cargo, categoría y antigüedad, incluyendo aguinaldo. Será del 75% si resta hasta un año para jubilarse; 70% hasta dos años; 65% hasta tres; 60% hasta cuatro; y 55% hasta cinco años. Al mismo tiempo, el empleador deberá retener el 100% de los aportes personales y abonar el 100% de las contribuciones patronales a la Caja de Previsión Social y a la Caja de Servicios Sociales, tomando como base la totalidad de la retribución correspondiente.

La norma prevé además que, una vez cumplidos los requisitos de la Ley 1782, la Caja de Previsión Social otorgará de oficio la jubilación ordinaria. También establece que el agente permanecerá en disponibilidad y podrá ser convocado a prestar servicios si fuera necesario. El beneficio caducará automáticamente si el trabajador inicia reclamos administrativos o judiciales contra la Provincia vinculados a su relación laboral, debiendo retomar sus tareas efectivas.

Un proyecto que anticipa debate político y sindical

En el cierre de los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que “la Provincia no puede continuar sosteniendo un esquema de gasto rígido, creciente y desvinculado de su capacidad real de financiamiento” y advierte que la alternativa a estas medidas “no es la continuidad del statu quo, sino el agravamiento del desequilibrio hasta niveles que comprometan la sustentabilidad del sistema público en su conjunto”.

Con ese diagnóstico, el Gobierno envió a la Legislatura una iniciativa que, de avanzar, abrirá un fuerte debate político y sindical, ya que toca de manera directa dos temas especialmente sensibles: la política salarial del sector público y la administración del empleo estatal.