Guillermo Pérez Luque
Luego de que esta mañana Ahora Calafate informara sobre el anticipo financiero de $100.000 millones otorgado por Nación a Santa Cruz, el Gobierno provincial brindó precisiones sobre el destino de esos fondos y su impacto en las cuentas públicas.
El ministro de Economía, Infraestructura y Finanzas, Ezequiel Verbes, aseguró que la asistencia permitirá afrontar compromisos inmediatos, principalmente el pago de salarios y jubilaciones, en un contexto de fuerte presión sobre las finanzas provinciales.
El funcionario fue enfático al descartar cualquier efecto sobre los municipios. “Esto no afecta en lo más mínimo la coparticipación de los municipios; es una herramienta que nos permite cumplir en tiempo y forma con jubilados y trabajadores activos”, afirmó.
Como informó Ahora Calafate el adelanto de carácter extraordinario, deberá ser reintegrado dentro del mismo ejercicio fiscal, mediante recursos provinciales, tal como lo establece el decreto nacional publicado este miércoles.
La asistencia llega en un escenario complejo para Santa Cruz, con una caída de ingresos y mayores exigencias de gasto, lo que obligó a la Provincia a recurrir a financiamiento de corto plazo para sostener su funcionamiento.
Verbes explicó que este tipo de gestiones forman parte de una administración “día a día”, enfocada en garantizar la continuidad de servicios esenciales como salud, educación y seguridad.
Con un déficit proyectado cercano a los $339.000 millones, el Ejecutivo provincial enfrenta el desafío de sostener la operatividad del Estado en áreas críticas.
El anuncio del anticipo financiero se da en paralelo al tratamiento del proyecto de Ley de Emergencia Económica, impulsado por el Gobierno provincial y que ha generado rechazo de gremios nucleados en el Frente Sindical.
Desde el Ejecutivo sostienen que esta herramienta es fundamental para reorganizar prioridades y mejorar la administración de los recursos.
“La ley de emergencia brindaba un marco para reordenar el Estado provincial”, indicó Verbes, al tiempo que remarcó la necesidad de garantizar gastos estratégicos como la compra de medicamentos o el funcionamiento del avión sanitario.
