Guillermo Pérez Luque
Una de las intervenciones más contundentes fue la de Alexia Solange Medina, guía de turismo, quien apuntó directamente contra el desarrollo de la audiencia: “Esto no es una participación democrática, esto es una simulación”.
En ese sentido, denunció que el proceso “no cumple con la Ley General del Ambiente, ni con el Acuerdo de Escazú”, y remarcó que “somos más de 100.000 personas inscriptas y solo el 0,4% puede hablar”, calificándolo como “una exclusión deliberada”.
Desde su experiencia laboral en el Parque Nacional Los Glaciares, puso en valor el rol estratégico de estos ecosistemas: “Los glaciares y los ambientes periglaciales son la alcancía en épocas de crisis de agua”, y advirtió: “Están queriendo negociar lo innegociable, el futuro”.
Medina explicó además que la ley vigente protege no solo los glaciares visibles, sino también zonas clave para el equilibrio hídrico: “No son rocas congeladas, son reservas estratégicas de agua”, y alertó que la reforma permitiría actividades hoy prohibidas: “Se va a poder hacer minería donde hoy la ley dice que no se toca”.
“La ley de glaciares no se toca porque nace para proteger el agua de todos, incluso de las generaciones futuras”, concluyó.
Por su parte, Alexis Cassandra Valdez, vecina nacida y criada en El Calafate, aportó una mirada territorial basada en la experiencia de distintas localidades de Santa Cruz atravesadas por el extractivismo.
“El extractivismo se fue y dejó hambre y sed”, afirmó, al describir la realidad de localidades del norte provincial, donde —según señaló— persisten problemas estructurales como la falta de agua. “Hoy están en emergencia hídrica, no tienen agua, no tienen árboles, no tienen espacios verdes”, agregó.
En contraposición, destacó el modelo de desarrollo vinculado al turismo en El Calafate, con el Glaciar Perito Moreno como símbolo: “Miles de turistas hacen el viaje de su vida para ver ese gigante y conmoverse”.
Desde esa experiencia, cuestionó el avance sobre áreas glaciares no visibles: “Que no los podamos ver no significa que no sean relevantes”, advirtiendo que justamente esas zonas serían las más vulnerables ante la reforma.
También dejó una fuerte advertencia política: “No tienen licencia social para hacer lo que están haciendo”, y vinculó el desarrollo económico con el acceso al agua: “El mapa del no desarrollo en la provincia está marcado por el tipo de actividad económica”.
Ambas exposiciones coincidieron en un punto central: la defensa del agua como recurso estratégico y la necesidad de garantizar procesos participativos reales.
