Guillermo Pérez Luque
A dos semanas de su aprobación en la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional promulgó la nueva ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que modifica el régimen vigente desde 2010.
La norma publicada en el Boletín Oficial bajo el número 27.804 introduce cambios sustanciales en la forma en que se definen, protegen y gestionan estos ambientes, considerados estratégicos por su rol en la provisión de agua.
Un cambio de enfoque en la protección
La ley original establecía una protección amplia sobre los glaciares y el ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de recursos hídricos y bienes públicos.
La nueva normativa mantiene ese concepto, pero introduce un criterio clave: la protección deberá interpretarse en función del uso racional de los recursos naturales y del dominio que las provincias tienen sobre ellos.
En ese marco, se incorpora explícitamente la necesidad de compatibilizar la protección ambiental con las actividades económicas y las decisiones jurisdiccionales.
Este cambio marca un desplazamiento desde un enfoque preventivo hacia uno más flexible y condicionado.
Inventario: de cobertura amplia a selección técnica
Uno de los puntos más relevantes es la modificación del Inventario Nacional de Glaciares.
Hasta ahora, el inventario incluía a todos los glaciares y geoformas periglaciares con potencial función hídrica, lo que ampliaba el alcance de la protección.
Con la nueva ley, ese criterio se restringe: solo se considerarán protegidos aquellos que cumplan efectivamente funciones hídricas comprobadas, lo que deberá ser determinado mediante estudios técnicos.
Además, se establece que una geoforma podrá ser excluida del régimen si se verifica que no cumple esas funciones.
En términos prácticos, esto implica que áreas que antes estaban bajo resguardo podrían quedar fuera de la protección.
El principio precautorio cambia de alcance
La norma incorpora el principio precautorio, pero con una aplicación condicionada.
Se establece que todas las geoformas incluidas en el inventario serán consideradas protegidas hasta tanto se demuestre que no cumplen funciones hídricas.
Sin embargo, una vez realizada esa verificación, podrán quedar excluidas del régimen, lo que introduce un criterio dinámico que puede reducir el alcance de la ley con el tiempo.
Más poder para las provincias
Otro de los cambios centrales es el rol que pasan a tener las jurisdicciones provinciales.
La nueva ley establece que serán las autoridades provinciales las encargadas de determinar qué áreas cumplen funciones hídricas, evaluar actividades y autorizar intervenciones.
También podrán definir, mediante evaluaciones de impacto ambiental, qué proyectos implican una alteración relevante y cuáles pueden avanzar.
Este punto refuerza el principio de dominio originario de los recursos naturales, pero al mismo tiempo descentraliza decisiones que antes tenían mayor coordinación nacional.
Actividades prohibidas: un límite que depende del territorio
La ley mantiene la prohibición de actividades como la minería o la explotación hidrocarburífera en glaciares protegidos.
Sin embargo, el alcance de esa prohibición queda ahora sujeto a la delimitación que realice cada jurisdicción.
Esto significa que, si determinadas áreas dejan de ser consideradas como glaciares o ambiente periglacial bajo el nuevo criterio, podrían quedar habilitadas para actividades que antes estaban vedadas.
Evaluaciones ambientales
Las evaluaciones de impacto ambiental siguen siendo obligatorias para las actividades en estas zonas.
Pero la nueva norma otorga mayor margen a las autoridades provinciales para definir cuándo una intervención es significativa y si requiere evaluación estratégica adicional.
Qué cambia en la práctica
Más allá de los aspectos técnicos, la modificación de la ley implica un cambio de lógica.
Mientras el esquema anterior priorizaba la protección amplia y preventiva, la nueva normativa introduce un enfoque basado en la verificación técnica y la gestión provincial de los recursos.
En ese marco, especialistas advierten que el principal impacto podría darse en la reducción de las superficies protegidas, lo que a su vez abre la posibilidad de desarrollar actividades productivas en zonas que hasta ahora estaban bajo resguardo.
La nueva ley ya está en vigencia y su implementación dependerá en gran medida de cómo cada provincia aplique los criterios establecidos, en un escenario donde el equilibrio entre protección ambiental y desarrollo económico vuelve a quedar en el centro del debate.
