Guillermo Pérez Luque
En un contexto donde el acceso a la vivienda se vuelve cada vez más complejo, un proyecto de ley ingresado en la Legislatura de Santa Cruz propone la creación de un Programa Provincial de Acceso al Alquiler para Jóvenes, orientado a acompañar a personas de entre 18 y 35 años en su primera experiencia habitacional.
La iniciativa pertenece a la diputada Agostina Mora, del bloque Unión por la Patria, y fue presentada en la última sesión ordinaria, donde tomó estado parlamentario para comenzar su análisis en comisiones.
El proyecto parte de un diagnóstico claro: la dificultad creciente de los jóvenes para acceder a una vivienda formal, especialmente en un contexto de precarización laboral, ingresos inestables y exigencias contractuales cada vez más restrictivas.
En los fundamentos, Mora señala que “el acceso a la vivienda es un derecho fundamental y una condición necesaria para el desarrollo personal y social”, y advierte que el mercado actual deja fuera a amplios sectores juveniles.
A partir de ese punto, la propuesta plantea la creación de un programa estatal que no solo otorgue asistencia económica, sino que también funcione como una herramienta integral de acompañamiento.
En cuanto a su contenido, el proyecto establece que el programa podrá incluir subsidios para el pago del alquiler, sistemas de garantía estatal o seguros de caución, y asesoramiento legal y administrativo para los beneficiarios.
Además, prevé la creación de un registro de beneficiarios y de propiedades disponibles, con el objetivo de facilitar el vínculo entre inquilinos y propietarios dentro de un esquema regulado.
El texto también fija condiciones para acceder al programa. Entre ellas, se contempla que los beneficiarios deberán acreditar residencia en la provincia, no ser propietarios de vivienda y demostrar ingresos compatibles con el alquiler.
En los fundamentos, la autora subraya que el objetivo es “reducir las barreras de ingreso al mercado formal de alquileres”, especialmente aquellas vinculadas a la exigencia de garantías o a los costos iniciales.
Otro aspecto relevante es el rol del Estado como facilitador en la relación contractual.
El proyecto plantea que la autoridad de aplicación podrá intermediar en los contratos, brindar asistencia en caso de conflictos y promover condiciones más equitativas entre las partes.
En ese sentido, se destaca que la intervención estatal no busca reemplazar al mercado, sino corregir sus desequilibrios.
“El Estado debe garantizar herramientas que permitan el acceso a derechos básicos cuando el mercado no logra hacerlo por sí solo”
La iniciativa también incorpora una mirada social más amplia, vinculando el acceso a la vivienda con otros aspectos del desarrollo juvenil, como la educación, el empleo y la autonomía personal.
En ese marco, se plantea que el programa puede contribuir a evitar situaciones de informalidad habitacional y mejorar las condiciones de vida de una franja etaria particularmente vulnerable.
