Guillermo Pérez Luque
Una discusión que involucra derechos adquiridos, cobertura médica, jubilados, financiamiento y el futuro de la Caja de Servicios Sociales volvió a instalarse en la Legislatura de Santa Cruz.
El debate se produjo durante una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde fueron convocados el presidente de la Caja de Servicios Sociales (CSS), Sergio Pérez Soruco, y la gerente médica del organismo, Rosana Laudonio, para analizar el proyecto presentado en noviembre de 2024 por el diputado de la Coalición Cívica-ARI, Pedro Muñoz, que busca garantizar las mismas prestaciones a los afiliados que viven fuera de la provincia.
De acuerdo a los fundamentos a los que accedió Ahora Calafate, la iniciativa surgió a partir de reclamos de jubilados radicados principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes cuestionan que determinadas coberturas sean diferentes respecto de quienes residen en Santa Cruz.
Dos visiones opuestas
Desde el inicio de la exposición quedó claro que el debate no gira solamente en torno a un convenio administrativo sino a una diferencia conceptual mucho más profunda.
Para Pérez Soruco, la Caja simplemente está cumpliendo con una normativa vigente desde hace casi 40 años. El titular de la obra social explicó que en 1986 se firmó un convenio entre la Caja de Servicios Sociales y la Caja de Previsión Social que elevó del 50% al 90% la cobertura de medicamentos para jubilados, pero exclusivamente para quienes tienen domicilio real en Santa Cruz.
"El espíritu de este convenio fue para que la gente de Santa Cruz permanezca en Santa Cruz", sostuvo el funcionario.
Según explicó, durante años esa condición no se aplicó correctamente en Buenos Aires y la actual gestión decidió volver a respetar lo que establece el acuerdo original. "Nosotros no modificamos nada. Lo único que hicimos fue respetar el convenio", afirmó.
Incluso fue más allá al plantear una pregunta que resume la posición de la obra social. "¿Cómo hacemos para atraer a la gente para que se quede en Santa Cruz si le damos exactamente las mismas condiciones al que vive afuera?", cuestionó durante el intercambio con los legisladores.
"No deberían perder derechos"
Del otro lado de la discusión, Pedro Muñoz sostuvo una postura completamente diferente.
Para el legislador, el hecho de que un jubilado decida radicarse fuera de la provincia no debería afectar las prestaciones que recibe de una obra social a la que aportó durante toda su vida laboral.
"Yo no comparto el concepto de que porque se haya ido de la provincia no tenga los mismos derechos", afirmó.
Muñoz remarcó que la discusión no pasa solamente por porcentajes de cobertura sino por una cuestión de igualdad ante el sistema. "Un jubilado nuestro es un jubilado nuestro, esté viviendo acá o en cualquier otro lugar del país", señaló.
Y agregó que la residencia actual no debería pesar más que los años de aportes realizados.
"Para mí el derecho está dado por lo que hizo durante toda su vida laboral, no por dónde vive hoy", planteó durante el debate.
Aunque reconoció que el convenio vigente efectivamente establece esa diferenciación, adelantó que insistirá en modificarlo. "Habrá que discutir y modificar el convenio", sostuvo.
La situación económica de la Caja
La discusión también derivó en otro tema sensible, que es la sustentabilidad financiera de la obra social provincial.
Rosana Laudonio explicó que el escenario sanitario actual es mucho más complejo que hace décadas debido al fuerte incremento del costo de los medicamentos y de los tratamientos de alta complejidad.
"Estamos hablando de medicamentos que cuestan 12, 13 o hasta 30 millones de pesos por tratamiento", ejemplificó.
La gerente médica sostuvo que la Caja ya brinda coberturas superiores a las que existen en gran parte del sistema sanitario argentino.
"La cobertura nacional habitual ronda el 40%. La Caja de Servicios Sociales da un 50%, además de planes especiales para pacientes crónicos y coberturas del 100% en numerosos casos", explicó.
En ese contexto, advirtió que seguir ampliando beneficios requiere analizar cuidadosamente el impacto económico.
"Ninguna obra social da esta cobertura"
Pérez Soruco también utilizó argumentos financieros para defender la posición de la Caja.
El presidente del organismo aseguró que actualmente la obra social santacruceña mantiene niveles de cobertura que son difíciles de sostener incluso para entidades mucho más grandes.
"La cobertura que da la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz no la da ninguna obra social del país", afirmó de manera contundente ante los diputados.
Y agregó que hoy la prioridad pasa por garantizar la continuidad del sistema.
"Tenemos que buscar la sustentabilidad en el tiempo de la obra social", remarcó.
Un debate que excede a Buenos Aires
Durante la reunión también quedó expuesto otro aspecto del proyecto.
Originalmente la iniciativa apuntaba a los afiliados radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero el propio Muñoz reconoció que esa redacción podría generar una nueva diferenciación respecto de afiliados que viven en otras provincias.
Por eso adelantó que, de avanzar la discusión, el planteo debería ampliarse a todos los beneficiarios de la Caja que residen fuera de Santa Cruz.
Por ahora, la discusión sigue abierta.
Lo que quedó claro durante el debate es que detrás de una aparente cuestión administrativa existe una pregunta mucho más profunda: ¿debe privilegiarse a quienes permanecen en Santa Cruz o garantizar exactamente los mismos beneficios a todos los afiliados, sin importar dónde decidan vivir después de jubilarse?
