Guillermo Pérez Luque
El Gobierno nacional publicó este viernes dos decretos que forman parte del paquete de medidas anunciado por el presidente Javier Milei durante la cadena nacional dedicada a la cuestión Malvinas.
Una de las normas establece un procedimiento abreviado para aplicar las sanciones previstas contra quienes intervengan en actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina. La otra modifica el Presupuesto 2026 e incrementa los recursos asignados a distintas áreas del Estado, entre ellas el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Inteligencia de Estado y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.
A esas decisiones ya formalizadas se suma un tercer componente que todavía deberá pasar por el Congreso: el anunciado proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, mediante el cual el Ejecutivo buscará endurecer las penas, alcanzar a proveedores y contratistas, impedir que los infractores operen o contraten en el país y crear un Consejo de Seguridad Nacional.
“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho: no hay discusión al respecto”, afirmó Milei al comenzar su mensaje, emitido el jueves desde el Salón Blanco de la Casa Rosada y acompañado por todo su Gabinete.
El Presidente sostuvo que el reclamo histórico debe estar acompañado por medidas concretas. Señaló que el Estado argentino tiene la obligación de utilizar las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender la soberanía y los recursos naturales.
El avance del proyecto Sea Lion
El motivo inmediato de los anuncios es el avance de Sea Lion, un proyecto petrolero offshore ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Es operado por la empresa israelí Navitas Petroleum, que posee una participación del 65%, en sociedad con la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante.
Las compañías adoptaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para la primera etapa. El plan contempla inicialmente la perforación de 11 pozos submarinos, conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga. La producción prevista para esa fase alcanzaría unos 50.000 barriles diarios.
Durante la cadena nacional, Milei afirmó que Sea Lion tiene fecha para iniciar la explotación petrolera offshore “en algún momento de los próximos meses” y advirtió que, si la Argentina no actúa, las empresas tendrán “la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”.
Sin embargo, el cronograma difundido por las propias compañías diferencia el comienzo de las perforaciones del inicio de la producción. Rockhopper informó que las tareas de perforación están previstas para comienzos de 2027, mientras que Navitas proyecta obtener el primer petróleo en marzo de 2028.
“Si lo permitimos, estaremos generando un incentivo para que el gobierno británico profundice la ocupación de las islas y la explotación de nuestros recursos”, sostuvo Milei. También señaló que Sea Lion no es el único emprendimiento en preparación y que existen otras empresas interesadas en desarrollar actividades en el área.
Un procedimiento más rápido para sancionar
El Decreto 868/2026 no crea nuevas penas ni sanciona de manera directa a una empresa determinada. Su objetivo es acelerar y coordinar la aplicación de la Ley 26.659, sancionada en 2011 y modificada posteriormente por la Ley 26.915.
Esa legislación prohíbe que personas o compañías habilitadas para operar en la Argentina desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental sin autorización nacional. También alcanza a quienes tengan participación directa o indirecta en esas empresas o les brinden servicios comerciales, financieros, logísticos, técnicos, de consultoría o asesoramiento.
Las sanciones vigentes incluyen la inhabilitación para operar en la Argentina por un período de cinco a veinte años. Si el infractor posee concesiones hidrocarburíferas en el país, estas pueden revertirse al Estado nacional o a las provincias, según corresponda.
El nuevo decreto designa al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como autoridad de aplicación. De esta forma, la conducción de los procedimientos sancionatorios queda concentrada en Cancillería y vinculada directamente con la estrategia diplomática argentina sobre Malvinas.
Además, establece plazos concretos:
Las resoluciones sancionatorias deberán publicarse en el Boletín Oficial y comunicarse a la Secretaría de Energía, la Procuración del Tesoro y el Ministerio Público Fiscal, para que cada organismo evalúe las acciones legales correspondientes.
Milei explicó que el propósito es “dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios” y obligar a las compañías a optar entre los proyectos desarrollados sin permiso argentino y sus negocios dentro del país. “No se pueden hacer las dos cosas”, resumió.
Un nuevo control para el RIGI
Uno de los cambios más importantes del decreto alcanza al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
A partir de ahora, cada Vehículo de Proyecto Único que solicite su adhesión deberá presentar una declaración jurada en la que asegure que ni la empresa ni las personas físicas o jurídicas con participación directa o indirecta incurren o incurrirán en las actividades prohibidas por la Ley 26.659.
Antes de resolver la incorporación de un proyecto al RIGI, la autoridad responsable deberá solicitar obligatoriamente la intervención de Cancillería, que informará si el solicitante o alguno de sus integrantes aparece vinculado con operaciones hidrocarburíferas no autorizadas.
El Gobierno argumentó que sería contradictorio inhabilitar a una empresa por desconocer la soberanía argentina y, al mismo tiempo, otorgarle beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios, además de estabilidad normativa por varios años.
Un requisito similar será aplicado a quienes pretendan obtener permisos, concesiones, autorizaciones o habilitaciones hidrocarburíferas dentro de la Argentina.
El Decreto 868 entrará en vigencia este sábado 5 de septiembre.
Rockhopper y Navitas ya habían sido sancionadas
Las dos empresas que encabezan el proyecto Sea Lion ya fueron objeto de sanciones argentinas.
Rockhopper Exploration fue declarada clandestina en 2012 y posteriormente inhabilitada para operar en la Argentina durante veinte años, mediante la Resolución 456/2013 de la Secretaría de Energía.
Navitas Petroleum recibió una sanción equivalente en 2022, también por realizar actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.
En diciembre de 2025, cuando ambas compañías comunicaron su decisión final de inversión, la Cancillería expresó su rechazo y advirtió que las medidas podrían alcanzar también a entidades financieras, aseguradoras, proveedores y otros participantes directos o indirectos.
Por lo tanto, el decreto publicado ahora no inaugura las sanciones contra las responsables principales de Sea Lion. Su alcance apunta especialmente a agilizar nuevos expedientes, mejorar el intercambio de información y controlar a la red de empresas, inversores y proveedores vinculada con los proyectos.
Más fondos para Defensa y una base naval en Ushuaia
El segundo instrumento publicado es el Decreto de Necesidad y Urgencia 867/2026, que modifica el Presupuesto General de la Administración Nacional.
Las planillas anexas registran modificaciones presupuestarias positivas por aproximadamente $217.954 millones para el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, además de $30.519 millones para la Secretaría de Inteligencia y movimientos por $119.289 millones destinados a la CONAE.
El decreto argumenta que los recursos permitirán fortalecer las capacidades operativas mediante la incorporación, modernización y recuperación de equipamiento militar. Sin embargo, ni el articulado ni sus planillas anexas identifican expresamente una partida exclusiva para la Base Naval Integrada de Ushuaia.
Fue Milei quien vinculó la ampliación presupuestaria con esa obra. “Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina”, afirmó.
La Base Naval Integrada no es un proyecto creado ahora. Las obras comenzaron en 2022, durante la gestión anterior, y en 2023 el Ministerio de Defensa informó que se encontraba en ejecución una primera etapa que incluía estudios, excavaciones, cimientos y galpones. Su objetivo original fue concentrar capacidades logísticas navales y antárticas en Ushuaia.
El anuncio de Milei implica la decisión de continuar y priorizar su construcción, incorporándola a una estrategia más amplia sobre el Atlántico Sur, la Antártida y las comunicaciones en la región.
El DNU entró en vigencia con su publicación, aunque deberá ser analizado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.
Una nueva ley todavía pendiente
El tercer eje anunciado por el Presidente no forma parte de los decretos. Milei adelantó que enviará al Congreso, con carácter urgente, un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
Según lo explicado durante la cadena, la iniciativa tendrá tres componentes principales. El primero será modificar la Ley 26.659 para endurecer las sanciones y extenderlas a los proveedores de los proyectos no autorizados. Milei anunció que recibirán “las mismas penas y prohibiciones” que las empresas con las que colaboren.
También se buscará impedir que los infractores contraten dentro del territorio argentino, tanto con el Estado como con empresas privadas, y habilitar, cuando corresponda, la aplicación del juicio en ausencia. Los alcances jurídicos concretos de esta última herramienta solo podrán conocerse cuando el proyecto sea presentado, ya que el régimen vigente de juicio en ausencia está limitado a determinados delitos graves.
El segundo componente será la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que articulará a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. Según Milei, deberá establecer una política “de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado”, además de un régimen para proteger la infraestructura crítica y los espacios aeroespaciales y marítimos.
Finalmente, el Ejecutivo pedirá al Congreso que otorgue a ese Consejo facultades para responder mediante herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o privados que sean considerados una amenaza para la seguridad nacional.
Estas reformas todavía no se encuentran vigentes. Deberán ser incorporadas a un texto legislativo, presentadas formalmente y aprobadas por ambas cámaras del Congreso.
Al cerrar su mensaje, Milei pidió que la discusión trascienda las diferencias partidarias y convocó a construir una posición común. Para el Presidente, la defensa de la soberanía sobre Malvinas requiere una política de largo plazo y una actuación coordinada del Estado frente al avance sobre los recursos naturales del Atlántico Sur.
